Un juez de la Corte pidió que las próximas vacunas vayan a la Justicia

En medio de la incertidumbre que se vive en la provincia sobre las restricciones que podrían implementarse en los próximos días, una solicitud llamativa ingresó al despacho del presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay. A grandes rasgos se trata de un nuevo pedido para que se implemente de forma urgente un cronograma de vacunación en el Poder Judicial. Pero lo que sorprendió fue el hecho de que el reclamo lo firma Mario Adaro, juez del máximo tribunal.

"Me dirijo a usted en el estado de situación de crisis sanitaria por la que estamos atravesando, a fin de solicitar arbitre los mecanismos pertinentes en forma urgente a fin de lograr la vacunación de los integrantes del Poder Judicial de Mendoza, con un plan progresivo y representativo de las tareas y funciones esenciales de esta institución", comienza la misiva que Adaro le envió a Garay.

El reclamo sube de tono y Adaro afirma que desde hace meses está insistiendo con la necesidad de contar con un plan de acción concreto para brindar seguridad a los trabajadores judiciales. "Desde el inicio de la declaración de la pandemia vengo solicitando la puesta en marcha de un plan de contingencia que protegiendo la salud de los usuarios internos y externos se garantiza la prestación del servicio de Justicia", asevera.

Pero incluso, el juez va un paso mas allá y reclama que las últimas vacunas que llegaron a la provincia se destinen al personal judicial. "Cabe advertir, que conforme lo anuncian los medios periodísticos, en el día de ayer llegaron a la provincia 21.200 vacunas de Sinopharm y 9.000 vacunas Sputnik V", sostiene Adaro en su escrito y advierte que solo hacen falta 4.000 para vacunar al personal judicial.

"La crítica situación epidemiológica y sanitaria por la que atraviesa actualmente la provincia, requiere que de no obtener la pronta vacunación de los integrantes de este servicio de administración de justicia, se deberá optar por la no presencialidad de todos los agentes, funcionarios y magistrados en todas las dependencias provinciales", manifestó el juez y por eso pidió de manera urgente "la incorporación en la agenda de la política de vacunación del Gobierno de la Provincia de Mendoza al Poder Judicial".

El reclamo de Mario Adaro se suma al del gremio judicial pero también al de otros rubros de la sociedad que están demandando que los vacunen. Por ejemplo, los empleados de comercio y los trabajadores gastronómicos son algunos de los sectores que exigen ser inoculados entendiendo que siguen trabajando y están expuestos al contagio. Incluso en su momento el diputado José Luis Ramón solicitó vacunar de forma urgente a los legisladores nacionales para que puedan seguir sesionando.

Ante este tipo de situaciones, desde el Ministerio de Salud de Mendoza han explicado que el criterio de vacunación se ha desarrollado de forma estratégica, dándole prioridad a los grupos de riesgo. El primer paso de la campaña fue vacunar a los trabajadores de la salud entendiendo que deben estar inmunizados para que el recurso humano de los hospitales no se viera resentido durante la segunda ola. 

Luego de ello fue el turno de los mayores de 70 años, grupo donde mayor cantidad de muertes se registraron el año pasado. Paralelamente, se destinaron algunas vacunas chinas a vacunar a docentes de nivel inicial y primario, además de algunos integrantes de la fuerza policial. A ellos hoy se suman los mayores de 60 años y los mayores de 40 años con obesidad tipo II y III, además de los trasplantados.

"Todos tienen derecho a ser vacunados pero el gran desafío es administrar de la mejor manera las vacunas, que son un bien escaso", expresó semanas atrás la ministra de Salud Ana María Nadal y explicó que al no haber suficientes vacunas para todos, es necesario definir criterios estratégicos.

En ese plano, Mario Adaro entiende que la Justicia debe ser considerada dentro de los grupos urgentes ya que si no se vacuna al personal, tendrán que volver a trabajar de forma virtual generando demoras en el servicio.

La respuesta oficial

Recibido el reclamo, el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, no tardó en contestar el escrito y le recordó a Mario Adaro que el tema había sido tratado en plenario.

"Respecto la inclusión en el cronograma de vacunación contra el covid-19 de empleados y funcionarios de este Poder, tal y como acordamos en pleno de esta Corte, materializado en el acuerdo 29.980, he mantenido reuniones con la Ministra de Salud a fin de canalizar dicho pedido, habiendo informado la titular de dicha cartera que las vacunas existentes en la Provincia a la fecha, están destinadas, por indicación del Plan Estratégico Nacional de Vacunación y la Comisión Nacional de Inmunizaciones a la aplicación de segundas dosis, lo que impide ampliar la base de habitantes para vacunar", manifestó.

Pero de todas maneras aclaró que el día de hoy volvió a enviar un despacho al gobernador, Rodolfo Suarez, "pidiendo la urgente inclusión de los empleados dependientes de esta Corte en el cronograma mencionado".