Ventajas y riesgos de la política elegida de convivir con el virus

La apuesta es, otra vez, una jugada de alto riesgo. Ante el impacto de la segunda ola de coronavirus en Mendoza, Rodolfo Suarez decidió nuevamente apostar por un camino de convivencia con el virus, para no afectar el funcionamiento de la economía y seguir aplicando su criterio de que, la implementación de cuarentenas fuertes y restricciones duras, fueron dos políticas que ya está comprobado que no dieron resultado. 

El politólogo Mario Riorda acuñó hace tiempo una frase: “Todas las decisiones que se toman en la política, son subóptimas”. Es decir, que en algún punto pueden no resultar con una efectividad absoluta. Por eso Suarez enfrenta, con ventajas y peligros, el desafió de lo que se se viene. El gobernador tiene una luz de ventaja en esta nueva carrera contra el COVID.19 y es que, para adoptar decisiones estratégicas, cuenta hoy con mayor evidencia científica de la que tenía en 2020 en dónde las definiciones se tomaban prácticamente a ciegas.

En aquellos días de pico de contagios, se reabrían o cerraban actividades siguiendo un solo parámetro: el ojímetro. Mendoza observaba la evolución de la curva de infectados e iba detectando en paralelo que, permitiendo reuniones familiares, actividades recreativas o bien dejando que la gente volviera al trabajo, el aumento de casos era similar (y en algunas ocasiones menor) al de provincias que mantenían todo cerrado. En aquellos días de crisis sanitaria, no hubo un solo día de pico en Mendoza que a su vez no tuviera su correlato a nivel nacional.

Si se se tomara una foto de la pandemia hoy, se conoce que la concentración más fuerte de transmisión de la enfermedad está en las personas de entre 30 y 40 años y que el foco está instalado, por ahora, en los lugares en donde la gente relaja los protocolos sanitarios de prevención. O sea, sitios de encuentros nocturnos, bares y, fundamentalmente, fiestas clandestinas. Por eso la gradualidad de las medidas que se tomaron y que comenzaron por restringir la movilidad de noche y el compromiso de que se saldrá a controlar la diversión organizada de manera irregular.

Casi la totalidad de los mayores de 70 años que se inscribieron para vacunarse ya lo hicieron y comenzó el operativo para inocular a los mayores de 60 que, de todos modos, avanza lento. En la provincia hasta el momento está vacunada al menos con una dosis el 9% de la población y con las dos completas ese porcentaje está clavado desde hace semanas en alrededor del 1%.

Este puñado de variables contadas, le están dando un poco de tiempo al sistema sanitario para alejarlo por el momento del colapso porque la mayoría de los contagios se están registrando en personas jóvenes (que por lo general no presentan síntomas y no requieren internación) y el grupo de riesgo está en buena medida protegido con alguna de las vacunas que se están aplicando.

Desde lo político Suarez aparece con el camino aparentemente despejado, también. No hubo un solo llamado en privado, ni una sola crítica en público por parte de la Casa Rosada a lo que fue un claro desafió a la autoridad de Alberto Fernández quien, como respuesta a la suba de contagiados, dio la señal de que su plan para el país será nuevamente optar por restricciones duras. El gobernador no levantó el tono de voz y tampoco habló de desobediencia al explicar por qué no seguía las pautas nacionales que recomendaban, entre otras medidas, vedar las reuniones familiares y cerrar todo desde las once de la noche. Desde lo discursivo, buscó minimizar asegurando que lo que estaba haciendo era una “adaptación” del decreto presidencial.

Ahora bien: todo este andamiaje se puede desmoronar si la segunda ola continúa pegando tanto con la fuerza, como con la velocidad que se vienen observando. Y la clave para que el plan resulte, es que no colapsen los hospitales. A esto se agrega un factor más ahora y es que las variantes británica y la de Manaos están circulando de manera comunitaria en algunos distritos del país ( en particular en la provincia de Buenos Aires) y no hay nadie que se atreva a sostener que esas cepas altamente contagiosas y que en muchos casos obliga a la internación incluso de los jóvenes, no termine llegando en algún momento hasta acá.

El gobierno insiste con que la situación todavía es holgada y que la ocupación de camas de terapia intensiva apenas supera el 70%. Pero ese dato está colisionando con la realidad de una gran cantidad de contagiados que, como ocurrió en lo peor de la pandemia el año pasado, por estos días deambulan durante horas a bordo de una ambulancia hasta encontrar un lugar donde internarse. Las clínicas y sanatorios privados son los primeros que están rechazando pacientes que requieren internación por Covid y aquí el ministerio de Salud apunta a poner el foco: estos centros, como consecuencia de su delicada situación económica, estarían optando por seguir internando pacientes con otras patologías y no por coronavirus que, al final de la cuenta, les resulta carísimos de mantener.

Casi por compromiso, el propio gobernador anunció que hará el intento por comprar vacunas luego de que, de manera sorpresiva, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijera que no existe impedimento legal para que los gobernadores salgan a negociar con los laboratorios. Lo dicho por el funcionario nacional es una verdad a medias. Es cierto que por ley no existe ninguna traba, pero también a principios de año el propio Cafiero defendió un decreto firmado por el presidente para que sea el Estado nacional quien administre las vacunas en la Argentina. En aquella oportunidad el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, había planteado que su provincia tenía recursos suficientes para salir a adquirir vacunas. “Toda la provisión de vacunas es nacional, porque queremos asegurar la distribución equitativa", fue la respuesta de Cafiero en ese momento.

Suarez ya tiró algunas líneas con laboratorios y se cruzó en el camino con un sinnúmero de intermediarios de dudosa vinculación. Sin embargo, en caso de que alguna negociación llegara a buen puerto, existe un factor fundamental que es el tiempo. El jefe de Gabinete abrió una ventana para que los gobernadores pudieran salir a solucionar por ellos mismos la falta de provisión, pero todo el proceso durará meses y no alcanzará a cubrir las necesidades que requiere la emergencia.

Las estimaciones más optimistas indican que, en caso de que alguna provincia lograra hacer algún acuerdo particular, no conseguiría vacunas antes de fin de año. Los pesimistas, hablan de que ese plazo se podría estirar hasta 2023. En otros términos: para enfrentar lo que se viene, no existe alternativa por el momento más que esperar que el gobierno nacional cumpla con la cantidad de dosis que prometió. La discusión instalada aparece, por el momento, como abstracta.