Mendoza avanza para ser accionista de IMPSA y rescatar a la empresa

La empresa IMPSA presentó la nota formal para invitar al Estado mendocino a ser socio de la compañía. Antes, claro, hubo acercamientos informales y el Gobierno de la provincia avanza con el plan para sumarse a esa empresa, en un hecho inédito en los últimos tiempos. Es que será un rescate de una empresa privada que está en crisis financiera desde el 2014 y que fue declarada estratégica.

El Gobierno quiere avanzar con la participación, aunque con tres condiciones: que IMPSA se mantenga en Mendoza, tener un lugar en el directorio y tener algún control sobre la contratación de personal. Hay una cuarta condición que no depende de la Provincia y es que la Nación aporte recursos para que Mendoza participe. 

En la última reunión de directorio IMPSA aprobó la emisión de acciones para buscar recursos para financiar capital de trabajo por 20 millones de dólares. Y que no sean los actuales accionistas los que lo aporten sino invitar al Estado nacional y a la Provincia, un formato "sui generis" de rescate estatal. Todo por la crisis que atraviesa la empresa que dejó de ser de la familia Pescarmona para quedar en manos de los acreedores, principalmente bancos (el BID, en Banco Nación, entre otros).  El tránsito de la crisis ha sido complejo para la centenaria firma mendocina.

Tras el default quedó en manos de los acreedores, luego de reestructurar la deuda buscaron, sin éxito, comprador. El año pasado hubo otra reestructuración y la Nación declaró estratégica a la empresa para sumarla a un plan de ayuda. 

El principal argumento que dan para aprobar la intervención estatal tiene que ver, según explican desde el Ejecutivo, garantizar el IMPSA no deje de ser mendocina. La empres fue fundada acá y tiene todas sus instalaciones. Puede sonar raro una mudanza física, aunque desconfían que pueda ocurrir alguna maniobra legal. En realidad, por ejemplo, IMPSA estuvo radicada legalmente durante micho tiempo en Luxemburgo, pero operaba desde Mendoza para el mundo. Fue radicada nuevamente en la provincia cuando comenzó la crisis. 

El ministro de Economía, Enrique Vaquié, ratificó esa idea y aseguró que una de las cláusulas que quieren imponer en el futuro acuerdo como accionistas es que IMPSA se mantenga en la provincia por los próximos 25 años. En el mismo plano dijo que quieren que haya un representante del Estado en el Directorio o un síndico. En realidad eso ya está previsto, pues la empresa amplió el directorio a 7 miembros y dejó la potestad de elegir al presiente a los nuevos accionistas clase "C".

En cuanto al síndico, ocurre algo particular: el directorio ya nombró a una síndica que tiene relación con el PJ. Se trata de Cecilia Da Dalt. Rodolfo Suarez quiere tener director y síndico. La condición menos tangible que ponen es que no se pueda nombrar personal. "Es una cláusula de difícil escritura, pero queremos que no entren empleados por la ventana permanentemente", dijo Vaquié. Se trata de una cláusula "política" para evitar que la IMPSA con participación estatal sea un lugar de prebendas. 

El dinero que el Estado provincial pondría saldría, según prevén, de ayuda nacional o de fondos que tiene disponible la Provincia para proyectos energéticos. No está claro aún con cuánto participaría Mendoza de los 20 millones de dólares que IMPSA necesita. En la empresa hay expectativa porque, aseguran, requieren esa inyección de recursos para poder participar de licitaciones internacionales y para ejecutar proyectos ya adjudicados.