Por qué Anabel Fernández Sagasti forma parte de la mesa chica de decisiones judiciales del Gobierno

Cuando Anabel Fernández Sagasti habla de la justicia hay una frase sobre la que redunda, un latiguillo. Habla del "poder real", que para ella es quien gobierna al Poder Judicial. No identifica allí a ningún partido, sino a los "poderes concentrados" de la economía. Convencimiento o relato. Como sea, es cristinismo puro. Un sello marcado a fuego que le garantiza un lugar fijo en la mesa chica de las decisiones políticas más sensibles en la agenda del Gobierno nacional, es decir en todo lo referido a lo que pase en Comodoro Py y también en Talcahuano, la sede de la Corte.

Incluso llegó a mencionarse como posible funcionaria dentro del "nuevo" equipo del Ministerio de Justicia que el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández de Kirchner elaboran con extraña paciencia. Hace más de una semana que la ministra Marcela Losardo fue retirada de hecho de su cargo, pero el Presidente no nombra a quien la reemplazará. Anabel Fernández Sagasti es parte de ese esquema, un escalón por debajo de Juan Martín Mena. 

La senadora mendocina es abogada, pero ha construido la carrera desde la política y no desde los pasillos de tribunales. Se define "anti corporación". Fernández Sagasti ocupa un rol clave como ejecutora de la estrategia judicial en el Senado. Lo hace desde la comisión de acuerdos, donde fueron seleccionados todos los jueces que reemplazaron la camada de "bochados" por Alberto y Cristina. En Mendoza, por ejemplo, ocurrió con los cargos en los juzgados federales 2 y 4 y el tribunal oral. Los postulados por Macri fueron dados de baja y Alberto nombró otros, bajo sugerencia de la Senadora mendocina. Con un atenuante a las intenciones políticas que puede haber: fueron ponderados quienes habían obtenido mejores calificaciones en los concursos, a diferencia de lo que había pasado antes. 

En el último año Fernández Sagasti tuvo un doble rol. Por un lado como "delegada" del Gobierno nacional en Mendoza y por el otro consolidando su poder en la Nación. Ella asegura que su cabeza está en Mendoza, pero buena parte de la estrategia se ejecuta en la Ciudad de Buenos Aires, sede del poder en el país. Más, cuando las encuestas nublan el futuro inmediato del Frente de Todos. Por eso no es casual que esté en el "quinteto" de posibles ministras o ministros. 

Sagasti tiene, además, a su cargo la estratégica aplicación del nuevo Código Procesal Penal (preside la comisión) que tiene a Santa Fe y Mendoza como futuros destinos. Allí hay una relación de "prudencia política" con la Cámara Federal de Mendoza, encargada de la aplicación y sobre la que el kirchnerismo no tiene un arraigo automático. Fernández Sagasti busca que se aplique y hasta "buscan edificio" para instalar a los fiscales, que serán los protagonistas de la nueva justicia federal. Pero como ocurre con todo el kirchnerismo ven el el Procurador General interino, Eduardo Casal, un obstáculo. Al procurador interino lo consideran un "ocupa". Nuevamente, cristinismo puro y duro.

La duda interna es cuánto hay en las acciones de Anabel de iniciativa propia o de obediencia. En la Asamblea Legislativa, por ejemplo, Alberto Fernández anunció que se avanzará con los juicios por jurado, un hecho que la senadora mendocina tomó como gesto.

Reformas

Aunque la vicepresidenta no tome como propio el intento de reforma judicial impulsado por Alberto Fernández, sí es tomado de manera pragmática para impulsar otros cambios. Uno de ellos, por ejemplo, es desempoderar a algunos jueces federales que tienen potestades solapadas: jueces penales, comerciales y electorales. Es lo que ocurre en Mendoza. 

En general el cristinismo actúa en tándem y Fernández Sagasti es quien suele encabezar alguna de esas iniciativas. La semana pasada Sagasti presentó un proyecto para recusar jueces cuando no tengan perspectiva de género. Lo hizo de manera inmediata después de que trascendiera el exabrupto de un camarista a sus colegas mujeres. También luego de que Cristina Fernández repudiara el mismo hecho. Sus allegados aseguran que la pelea contra la justicia es integral. Claro, difícil escindir cualquier señal de repudio a los jueces con lo que ocurre en Tribunales con la vicepresidenta y los ex funcionarios K enjuiciados por sospechas de corrupción.

"Solo queremos un juicio justo", explican, con algo de ingenuidad, los allegados a Anabel. Y para justificar sus dichos hacen una curiosa comparación. "Si Boudou, que tiene los mejores abogados, no pudo tener un juicio justo, imagínense el resto de los argentinos, los que no pueden visibilizar su situación", ejemplifican. Ponen en el mismo plano, por ejemplo, las causas donde se investiga la corrupción, con lo que ocurre en las investigaciones por violencia de género. "La justicia no se puede autocontrolar. Acá no es que a Comodoro Py lo maneje Juntos por el Cambio o el Frente de Todos. Responden al poder real", repiten. Nuevamente, convicciones o relato puro, es la forma de pensar del equipo que rodea a la Vicepresidenta y que maneja la estrategia judicial del Gobierno.