Diputada ultra K pide embargar el patrimonio de Mauricio Macri por el acuerdo con el FMI

El kirchnerismo insiste en castigar económicamente a los exfuncionarios del Gobierno de Cambiemos que participaron en el acuerdo stand-by firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 por 57.000 millones de dólares. Ahora fue la presidenta de la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, quien apoyó iniciar una querella contra el ex presidente Mauricio Macri y subrayó que "debe responder con su patrimonio por ese accionar criminal".

En un comunicado replicado por la agencia de noticias Télam, Vallejos señaló en tono irónico que "Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años no sólo serían penalmente y administrativamente responsables, configurando un acto de administración fraudulenta en contra del erario público, entre otras figuras, sino que, además, deberían responder con su patrimonio por ese accionar criminal".

Al respecto, puntualizó que tanto la ley de Responsabilidad del Estado como la Ley de Administración Financiera “determinan la responsabilidad patrimonial de los funcionarios que tomen decisiones contrarias a las estipulaciones legales”.

La legisladora también solicitó que la Argentina acceda a un nuevo acuerdo con el FMI y a "una indemnización que incluya una quita y la extensión de los plazos de pago". En ese sentido señaló: "Tiene que haber una indemnización para la Argentina a la hora de negociar, esto significa llegar a un acuerdo en las condiciones que se puede pagar y sin sacrificar ninguna de las cuestiones que son fundamentales: recuperar la actividad económica y el empleo, mejorar la situación de los salarios y resolver la situación de desigualdad”.

Para justificar los presuntos crímenes del macrismo, Vallejos indicó que los exfuncionarios de Cambiemos firmaron la carta de intención "sin que existiera expediente previo, a través del cual debió haber tramitado la decisión", siendo que "el expediente se abrió el 21 de junio de 2018, 9 días después, lo que torna inválido el procedimiento administrativo de acuerdo con el artículo 7, incisos b y d, de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”.

Además señaló que "no hubo dictamen previo del Banco Central sobre el impacto del crédito en la balanza de pagos, un requisito fundamental para contratar deuda externa, tal como lo prescriben los artículos 61 y 66 de la Ley de Administración Financiera N°24.156."

“No se dictaron actos administrativos que decidieran tomar el crédito, no hubo decreto presidencial ni resoluciones de Hacienda o del BCRA. Amén de que el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central no tenían competencia para firmarlo sin autorización del Presidente, tal como estipula el artículo 99, inciso 11, de la Constitución Nacional”, agregó.

Por último, la legisladora recordó que “los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración de Macri con el Fondo Monetario incumplieron los procedimientos establecidos en las leyes que regulan la constitución de deuda pública externa, y violaron las obligaciones asumidas con el FMI”.

Una solicitud similar había sido elevada hace unos días por el también diputado oficialista José Luis Gioja, quien mediante un proyecto de resolución instó al Poder Ejecutivo, a la Oficina Anticorrupción y a la Sigen que instruya "los mecanismos para promover acciones de responsabilidad patrimonial" contra los exfuncionarios del Gobierno de Macri que participaron en la operación.