Qué es la "delegación federal" de Mendoza: el sistema de gestión paralelo y la estrategia de daño mutuo

Qué es la "delegación federal" de Mendoza: el sistema de gestión paralelo y la estrategia de daño mutuo

El Gobierno nacional hace crecer las diferencias entre el Gobierno oficial y la "delegación federal" que corre en paralelo.

Pablo Icardi

Pablo Icardi

La combinación de la pandemia, las elecciones y el estilo brabucón para ejercer la política van a hacer del 2021 un año especial. La competencia política parece apuntar más al daño mutuo que a la construcción colectiva; a lo disruptivo mal entendido. El Gobierno nacional prescinde ya de los canales ordinarios de vínculo con el Estado mendocino, idea que se va a potenciar. El presidente Alberto Fernández tiene en su mente que hay un gobernador, Rodolfo Suarez, con quien se lleva mal y una delegada a quien busca empoderar, Anabel Fernández Sagasti, "para construir o al menos generar algún daño al adversario". Seguirá la construcción de una "delegación federal" que trabaje en paralelo, antes que el circuito institucional.

Mientras que en el gobierno de Rodolfo Suarez se potencia el lamento como estrategia de supervivencia discursiva y política: si todo va mal, es culpa del Gobierno, tapando las carencias propias de gestión que pueda haber. 

Esa relación nociva ya se nota y temen que agudice problemas estructurales. Incluso hasta hay algunas alerta prendidas por la tensión que pueda generarse en la calle. Reclamos legítimos y también agitación. Suarez ha tratado de evitar cualquier riesgo. Por eso demoró algunas de las decisiones más antipáticas que tenía en sus manos, como el aumento de la tarifa de la luz, y admitió cambios en los impuestos patrimoniales a pesar de la crisis interna que le generó (en ese caso a quien más golpeaba era a la clase media, sector donde el Gobernador dice apoyarse). 

Las señales políticas entre las principales fuerzas de la provincia son negativas. Cada vez más distantes, cada vez más agresivas. 

La trama del poder en la calle

La divergencia entre la gobernación y la "delegación" de Mendoza tiene canales aceitados y creados hace años. Uno en particular es el manejo de fondos y planes sociales. En esa línea hay líneas de asistencia que son invisibles para el Estado local y hasta para el propio Gobierno nacional. 

Muchos de esos recursos de transfieren directamente a organizaciones sociales vinculadas al oficialismo, pero que no siempre han tenido una convivencia armónica. Uno de esos programas es el plan Potenciar Trabajo, que reciben cerca de 700 mil personas en todo el país y más de 3 mil mendocinos. Para acceder no tuvieron que ir a la ANSES; ni a un Ministerio, ni a algún agente oficial. El inicio del trámite es un correo electrónico y luego un sistema de vinculación particular. Ese programa consiste en el pago de $10 mil por mes y la Nación ahora quieren aumentar los destinatarios para reemplazar lo que fue el IFE. La necesidad existe y quien lo maneje tendrá más poder territorial. 

El Movimiento Evita conduce esa estrategia a través de Emilio Pérsico a nivel nacional. Esa organización no ha tenido siempre buena relación interna con otras agrupaciones, como La Cámpora, aunque en Mendoza hay una convivencia por necesidad: el peronismo clásico que conduce Carlos Ciurca en las sombras está aliado con el cristinismo senior (ex camporistas) y se reparten cargos, recursos y acuerdos. El Movimiento Evita tiene una organización interna visible y muchos dirigentes de esa agrupación sí generan vinculaciones. Es el caso de Fernando "Chino" Navarro, a quien le reconocen desde la oposición una predisposición distinta. Sonia Carmona es la delegada del Ministerio de Desarrollo Social en Mendoza y quien encarna esa alianza entre ciurquistas y camporistas

Sin embargo el manejo discrecional de asistencia social por parte de la organizaciones sociales descoloca a los municipios de Mendoza. No se sabe con precisión quiénes reciben ayuda, cuántos son, qué hacen y cuántos recursos se destinan. Nadie sabe con precisión cuántos planes manejan las organizaciones sociales. Tanto, que creen que hay superposición. Quienes extreman la tensión en el Gobierno creen que el ala duro del grupo de organizaciones sociales que forman pare del sistema de asistencialismo es el que responde de manera vertical cada vez que "hace falta protestar" contra el Gobierno. 

En la "delegación" de Mendoza son fundamentales Fernández Sagasti, más concentrada en la política nacional y la estrategia judicial que en el día a día de la provincia, quien comanda esa línea. Detrás está toda la línea de funcionarios relacionados con la asistencia social y las obras. Además de Sonia Carmona, figuran Carlos Gallo y toda la rede de la ANSES, el organismo con más recursos y capilaridad territorial. Luego viene una trama de funcionarios de segunda línea con poder para acordar, transferir recursos y hacer obras prescindiendo de la mirada de Peltier 351. Algunos de ellos son Patricia Fadel, del Consejo de Administración del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, Jorge Tanús, de BICE Fideicomisos y hasta Guillermo Amstutz de Vialidad Nacional. 

En el Aconcagua Arena se acumulan los insumos para la campaña de vacunación.

Temían en Mendoza que se transfiriera alguna responsabilidad "a terceros" en la campaña de vacunación. Por eso fue una buena noticia la visita de Carla Vizzotti para planificar la estrategia conjunta con el Gobierno. Claro, con las tensiones del caso: en Mendoza los intendentes y el Gobierno ya tienen los recursos para comenzar una campaña que se demora: está la gente, los lugares y los frezzers. Pero no las vacunas. En la misma semana Alberto Fernández anunció la construcción de dos "hospitales modulares, pero usando la vía de la "delegación federal": ambos sitios estarán en Maipú y Tunuyán y en el anuncio no hubo funcionarios del Ejecutivo provincial. 

Mientras tanto, el Gobierno, los delegados; opositores y oficialistas se ahogan en sus propios discursos frente a los problemas que agobian. Las discusiones son retóricas, los problemas mucho más tangibles y los errores son de gestión. A los problemas de precios, el Gobierno le responde con controles "populares". A la violencia de género y los femicidios que desnudan la negligencia estatal, Alberto Fernández responde generando más burocracia. Los problemas de gestión diaria, se tapan con discursos y relatos. 

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