Cirujanos de la Justicia: los sugestivos cambios que implementa el kirchnerismo en Tribunales

La Cámara Federal de Mendoza espera los recursos: la Provincia tiene que aplicar el nuevo Código Procesal Penal, que significará un cambio radical en la forma de enfocar el abordaje de las causas. La aplicación se demora, pero en cambio el oficialismo optó por una estrategia de cirujano para aplicar los cambios en la Justicia: cortar, unir y poner en vigencia porciones del nuevo Código Procesal Penal, nombrar jueces en cargos vacantes estratégicos (aunque hay otros a la espera de recursos) y luego apuntar a nuevas reformas más estructurales. 

La puesta en vigencia de un paquete de artículos del nuevo Código en todo el país generó polémica porque, coincidencia o no, puede beneficiar a exfuncionarios acusados y también condenados por delitos de corrupción. Pero incluso podría tener implicancias en causas referentes a la seguridad pública. 

La tensión se generó por la energía que el oficialismo pone en generar alternativas procesales que dilaten el "bien superior" que es que haya justicia (al menos jurídicamente hablando). En un momento, además, donde la demanda social hacia los poderes van a contramano: desde los casos aberrantes de femicidios (que eran prevenibles) ocurridos en los últimos días, hasta causas de corrupción con funcionarios reincidentes que ejercen cargos electivos aún con condenas confirmadas, la idea de justicia se diluye. 

Lo curioso es que una comisión legislativa fue la que puso en vigencia los artículos, en un sistema sui generis: un grupo de legisladores que se arroga funciones ejecutivas. Ya había pasado en el gobierno de Mauricio Macri también, donde entraron en vigencia 10 artículos del nuevo Código Procesal. La justicia Federal es un Frankenstein que recibe órdenes y presiones de todos lados. 

Contexto

La Comisión Bicameral Parlamentaria decidió que entraran en vigencia los artículos 366, 367, 368, 369, 370 y 375 del Código. Esos cambios apuntan a permitir la revisión de condenas, incluso por encima de la Corte. Las dudas están en si esos condenados incluso podrían hallar grietas procesales para salir en libertad cuando no han sido considerados culpables, aun teniendo todas las instancias procesales cumplidas.

Los cambios tienen un enfoque particular: crear la posibilidad de una especie de nueva instancia jurídica para los condenados (solo para los condenados) y se hila fino hay una nueva concepción semántica en la construcción discursiva del oficialismo: pueden decir que hay condenados que no tienen condena firme, aún cuando hasta la Corte Suprema lo ratificó. Jurídicamente no hay una instancia superior que la Corte nacional. Los tribunales internacionales pueden juzgar si hay violaciones a los derechos humanos, flagrantes abusos a las garantías y demás. Hasta pueden, como ha ocurrido con Argentina, sancionar a los países. Pero no son un tribual jurisdiccional; no es una instancia de casación.

Un ejemplo de lo que se puede venir (a nivel retórico al menos) es el caso de Amado Boudou. El ex vicepresidente está condenado, la sentencia la ratificó la Corte y está preso (en su casa, claro). La construcción discursiva apunta a crear la idea de que es un preso político. Boudou sufrió un hecho abusivo cuando fue detenido en su casa y se expuso de manera obscena esa detención. Pero el ex vicepresidente tuvo todas las instancias legales de defensa y revisión. Las pruebas lo condenaron. El oficialismo tomó su caso como símbolo y la posibilidad de ir a la Corte Interamericana como hecho político está latente. 

Por los tiempos y el rigor, difícilmente ocurra que haya alguna decisión inmediata. Pero por si acaso, el oficialismo tiene llegada al tribunal continental. La Corte Interamericana tiene hoy dos jueces que son amigos del oficialismo argentino. Uno es Eugenio Zafaroni, que es miembro de la Corte y aún así no se ha inhibido de opinar y proponer cambios dramáticos para la institucionalidad argentina. El otro es el ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire, muy cercano al ex presidente Rafael Correa. 

En la polémica puesta en vigencia de parte del Código Procesal, hay tres mendocinos que ocupan roles clave. La decisión estuvo firmada por la senadora Anabel Fernández Sagasti, principal ejecutora de la estrategia del oficialismo para tener capilaridad y cambiar el Poder Judicial. Sagasti preside la comisión, pero además conduce la comisión de acuerdos y tiene fuerte llegada al Consejo de la Magistratura. La mendocina se ha especializado y es la persona de confianza de Cristina Fernández de Kirchner en el tema. 

También la diputada Marisa Uceda, del mismo grupo político. En la vereda de enfrente se paró el radical Luis Petri, quien desde Juntos por el Cambio fue uno de los más duros críticos y presentará proyectos para derogar esos artículos.  "Esto tiene nombre y apellido y es para beneficiar a los acusados de corrupción. Pero puede tener consecuencias indirectas para la seguridad, puede haber condenados por delitos graves que pidan la revisión y quieran salir. Las defensas lo van a plantear. Violadores, asesinos. Pueden pedir el recurso extraordinario federal y considerar que no tienen condena firme", aseguró Petri. Para el diputado, la comisión se arroga potestades que no tiene y el enfoque de los cambios es inconstitucional. "La Corte ya ha dicho cuándo hay sentencia firme y cuándo se consideran cumplidos los procesos. Intentan ir más allá y la misma Corte seguramente lo podrá frenar. Es inconstitucional", aseguró el radical. MDZ intentó hablar con los legisladores del oficialismo sobre el tema, pero no hubo respuesta. 

A finales del año pasado la misma comisión había puesto un cronograma para la implementación del CPP. Mendoza y Santa Fe son los distritos elegidos para que entre en vigencia el Código según ese cronograma. La Cámara Federal es la que debe hacerlo, pero requiere recursos. En el medio hay otras tensiones. El plan de reforma judicial impulsado por Alberto Fernández supone un cambio radical puertas adentro de Tribunales porque los jueces actuales dejarán su competencia penal o deberían "mudarse". Se suma también la coyuntura interna de algunos jueces cuyo futuro es incierto.  

Nuevamente, van más rápidos los intentos de reforma "de cirujano" que la puesta en marcha de instancias ya creadas y otras urgencias que la población demanda de la justicia.