El tenso acuerdo al que llegaron los jueces para elegir al presidente de la Corte

No levantaron la mano, ni emitieron una boleta. Pero el valor simbólico de los siete votos tiene un peso similar al de otras elecciones populares: el presidente de la Suprema Corte volvió a ser elegido por unanimidad, una señal de acuerdo que tiene tantos matices y escenarios intrincados, como también gestos virtuosos. Dalmiro Garay seguirá como presidente y esta vez en el cuarto piso de Tribunales hubo un pacto entre los sectores enfrentados de la cúpula judicial. Lejos de ser un cónclave, la elección tuvo un ida y vuelta incansable y una infinidad de llamados que trascendieron ese poder. Negociaciones, chicanas y pactos que no se cierran solo con la votación. 

Si se analiza desde el final, el hecho de haber conseguido unanimidad supone un avance. Las dos últimas elecciones habían rozado el escándalo institucional porque por primera vez quedaron expuestas sin camuflajes las diferencias entre los dos bloques de la Corte, que tienen mucho más de político que de jurídico. Por eso, por ejemplo, Jorge Nanclares había sido elegido como señal de escarnio desde el bloque filo peronista y, luego, Dalmiro Garay fue elegido con el voto de los radicales y la disidencia explícita del resto. Ayer, incluso, hubo tres escenarios de discordia que se evitaron. Uno; que participaran solo 4 de la votación. Otro, que el bloque peronista votara de manera estratégica a un radical que no fuera Dalmiro Garay para embarrar el escenario (el elegido era José Valerio). Y el tercero que nuevamente haya disidencia explícita. 

Las negociaciones se parecieron a las del armado de una lista de candidatos. Apoyos, a cambio de espacios de poder. Finalmente hubo acuerdo y se consiguió la unanimidad deseada, con cargos para todos y promesa de convivencia. "Fuera de las chicanas, de las peleas; hubo un reconocimiento de que se va a trabajar por el Poder Judicial. Nos tenemos que dar una oportunidad", aseguraban ayer los Ministros. 

Pues sobre la mesa también se plantearon reformas más profundas, como el modo de gestión de la Corte para ir a un modelo más colegiado (como el tomado en la Corte nacional en los últimos años) y delegar más facultades. Claro, hay otras reformas de fondo que el oficialismo político de Mendoza no olvida y están sobre la mesa: la reforma de la Suprema Corte a través de una ley para ampliar a 9 integrantes ese cuerpo y cambiar la forma de funcionamiento interno y las potestades del presidente y las salas, entre otras cosas. Es el único proyecto que le quedó trunco a Alfredo Cornejo en su plan de reforma judicial. En realidad quedó en pausa, pero no anulado y hasta hay sectores del PJ dispuestos a dialogarlo. La idea de sacarlo del cajón rodea al oficialismo.

Cuando se habla de cargos, en política también se ata a los nombres. Y no es un dato menor. Todos especulan conque en pocos meses se puede abrir una vacante en la Corte. Pero para evitar las pujas internas, esperan que sean al menos dos: o por jubilaciones, o por ampliación de la cantidad de miembros. Esa apertura distendería internas entre los sectores ligados al gobernador Suarez y al exgobernador Cornejo. Lejos, pero no tanto, de la Corte el otro cargo deseado es el del Procurador, el espacio de mayor poder y repercusión real para gestionar la Justicia. 

Dalmiro Garay fue elegido como ministro de la Suprema Corte durante la gestión de Alfredo Cornejo, de quien había sido su ministro de Gobierno. Antes, había hecho carrera en Asesoría de Gobierno y tiene una dilatada carrera en la política; más ligada a la Universidad. La idea de que presida la Corte estaba en la cabeza de quienes lo eligieron desde que fue designado y se precipitó con la renuncia de Nanclares.

Sectores

Los dos bloques de la Corte están bien identificados. Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez son la pata peronista y opositora, mientras que Dalmiro Garay, José Valerio, Teresa Day y Pedro Llorente conforman el oficialismo, en el sentido político más amplio con el que se puede el concepto. 

En los últimos meses hubo más armonía en la Corte, tras los papelones y las fracturas expuestas que se generaron tras la salida de Jorge Nanclares. Esa tensa armonía estuvo rodeada por sinceramientos internos y diálogo. Pero nadie cede nada. En voto de la oposición en la Corte se consiguió también a cambio de espacios de poder. Mario Adaro será ahora referente de Innovación y Tecnología y Omar Palermo director Académico del Centro de Capacitación que preside el titular de la Corte. Julio Gómez será referente en temas ambientales. Los tres cargos podrían ser sellos de goma, o espacios importantes. Los temas lo son: la tecnología es clave en el plan de reforma judicial y los yerros en la implementación generaron una crisis interna durísima para la Corte. Los temas ambientales están entre los más sensibles que le tocan a la Corte y, de hecho, los fallos más importantes firmados y por firmar tienen que ver con eso: desde la 7722, hasta los pozos de irrigación. 

Los cambios en la conducción de las salas también son importantes. La Sala 2 dejará de estar en manos de un penalista y será Mario Adaro quien la conduzca (esa sala también trata temas laborales). María Teresa Day estará a cargo de la Sala 1 y también a cargo de la coordinación del fuero de familia; otro de los puntos calientes de la gestión de Tribunales. 

A nivel jurisdiccional la Corte no tienen tantas sentencias duras por delante. La más compleja tiene que ver con los pozos de agua entregados por Irrigación de manera sospechosa y que involucra un cruce de intereses enormes. Ese tema lo resolverá la corte en pleno. Pero la gestión interna es lo más complejo para Garay en su mandato, que ahora durará tiempo completo (hasta ahora había terminado en mandato de Nanclares). Entre otras cosas, le queda armonizar los sistemas informáticos, agilizar el fuero de familia y continuar con el seguimiento de la implementación de los nuevos códigos de procedimiento. A mediano plazo hay un eje: cómo reformular los recursos humanos de Tribunales para tener más decisores y menos personal. Y otra misión menos tangible, pero más trascendente: mejorar la vinculación y la imagen que la sociedad tiene de la Justicia.