La inflación presiona y temen un "tarifazo" interno o externo

El gobernador Rodolfo Suarez tiene en su computadora una serie de informes que si hubiera que ponerles un color sería rojo furioso: el pedido de aumento de los servicios públicos que, en general, siguen la inflación o están por encima. Las empresas de transporte público piden una suba por arriba del 50%, las eléctricas un poco por abajo y Aguas Mendocinas va por un récord: pide un aumento del 47% luego de haber duplicado la tarifa durante la pandemia y de acumular más de 2 mil por ciento de aumento desde que comenzó el supuesto plan de convergencia tarifaria.

De todos los servicios ese es el más complejo de explicar va a ser más caro, cuando la prestación sea peor. Es probable que las boletas de agua lleguen con la suba mientras algunos usuarios abran el surtidor y no salga agua; por la crisis hídrica y la falta de infraestructura para producción y distribución. La empresa pidió un aumento del 47% de la tarifa para aplicar desde enero, que se acumula con el 100% otorgado el año pasado y con el 2 mil por ciento de aumento que se aplicó en una década.  

El principal argumento para ese pedido es que la empresa tiene un déficit enorme: más de 1.400 millones de pesos proyectado para el año que viene. De los 6 mil millones de pesos que prevén gastar, 3 mil millones son para el pago de salarios y 570 millones de pesos para mantenimiento y reparaciones. Según el informe de la empresa, en 10 años aumentó un 25% la planta de personal, y un 18 % las nuevas conexiones de agua. Aún así, aseguran que la proporción de empleados es baja. Según la empresa el Presupuesto 2022 contempla un déficit económico de 655 millones de pesos y financiero de 1447 millones. Ese agujero se cubre con tarifa o subsidios. Por las dudas, el Gobierno ya presupuestó un salvataje de 450 millones de pesos para el año que viene. 

La empresa de agua fue intervenida en 2009 y estatizada en 2010. Desde entonces el Estado pagó por todos lados. Los concesionarios privados se quejaban porque no se aumentaba la tarifa; por la falta de inversión se les quitó la concesión. Reclamaron legalmente en el exterior y ganaron el juicio por 43 millones de dólares. Cuando el Estado se hizo cargo lo primero que ocurrió fue un aumento de tarifas, algo que se hizo casi rutina, sobre todo en los años donde no había elecciones. Pero no fue todo, pues desde entonces también se sucedieron.

La tarifa de agua es la única que nunca estuvo congelada. De hecho el año pasado, en plena pandemia, aumentó un 100%. El aumento pedido por la empresa debe ser evaluado por el ente regulador y el Gobierno. El problema es que hay una distorsión en el mecanismo, pues el EPAS y Aysam responden al mismo jefe; están del mismo lado del mostrador. 

En el caso del transporte hay más complejidades. Por un lado por el efecto inmediato que produce y también por la viscosidad de algunas de las fuentes de financiamiento. Las empresas pidieron más de un 50% de aumento en lo que cobran por kilómetro recorrido. El Estado controla el sistema y también lo paga. Hoy, el precio del boleto es menos del 15% de lo que se paga. El resto se sostiene con fondos del Estado. Para el año que viene prevén destinar unos 20 mil millones. La Nación envía recursos, pero escasos. La duda es cuánto del nuevo aumento se trasladará al precio del boleto y cuánto absorberá el Estado nuevamente.

El problema para Suarez y todos los gobernadores es que la presión sobre el valor de las tarifas es real: la inflación arrasa. Y el aumento de las tarifas también es un elemento que presiona sobre la base del problema. El temor es doble. Por un lado a un "tarifazo" interno, es decir el aumento del pago de subsidios, y por el otro externo, con traslado a los usuarios. 

Tensiones

El aumento de las tarifas es uno de los temas más sensibles a nivel social y de mayor impacto en las cuentas públicas. Lo saben en Juntos por el Cambio, donde consideran que el tarifazo de Mauricio Macri fue uno de los certificados de defunción política del Gobierno. Y lo sabe Martín Guzmán, que calcula cómo crece el déficit a medida que las tarifas siguen con un cepo. Mucho más lo saben los usuarios que tienen un mal servicio. 

La Nación y las provincias interactúan de manera no siempre virtuosa: desde Casa Rosada distribuyen de manera discrecional subsidios; tanto que el AMBA, ese extraño distrito que condiciona todas las decisiones, recibe un volumen de dinero exorbitante respecto a las provincias. Pero además hay cruce de competencias: el agua y una parte del servicio eléctrico es provincial; el gas es nacional. 

Como el gasto en subsidios a los servicios es influyente en las cuentas públicas, el tema va a ser parte del paquete económico que el Gobierno nacional discutirá con los gobernadores y que puede estar incluido en el acuerdo con el FMI y el "plan plurianual".