A la mendocina: una provincia pone "límites" a las protestas callejeras

Al igual que sucede en Mendoza, la provincia de Jujuy aplica multas contravencionales contra colectivos sociales, sindicales y políticos que se manifiestan en las calles, decisión que fue ratificada por el ministro de Gobierno y Justicia jujeño, Agustín Perassi, al considerar que dicha medida pone “límites a la violación a los derechos de la comunidad". 

El gobierno jujeño comandado por el radical Gerardo Morales así coronó un fallo favorable de la Justicia Contravencional provincial en relación a la protesta que encabezaron estudiantes de los Centros de Educación Integrada para Jóvenes y Adultos (Ceija), en marzo del 2018, que implicó una multa de $16.000 para los manifestantes.

"Una cosa es reclamar recorriendo el centro y permanecer por unos minutos en una esquina o en una cuadra y otra cosa es quedarse por varias horas, porque allí se violenta la libertad de tránsito de los demás ciudadanos", sostuvo el funcionario local en declaraciones citadas por la agencia de noticias Télam, en las que además consideró que la resolución contravencional "es importante a partir de la confirmación que recibió por parte de la Justicia en sus distintas instancias, inclusive llegando al Superior Tribunal".

En ese sentido, agregó que “a partir de ahora se podrá continuar trabajando, poniendo límites a aquellas violaciones a los derechos del resto de la comunidad”.

Sobre el derecho a manifestarse, reclamar y protestar, reconoció que "existe y que está garantizado en la Constitución Nacional", pero remarcó que también existe "un derecho del resto de la población", y consideró que cuando con una manifestación "se avanza sobre los derechos de otras personas, el Estado tiene que actuar a partir de la plena vigencia del Código Contravencional y si el caso es más grave se debe encuadrar en el Código Penal".

Enojo y advertencias

Por otra parte, organizaciones sociales de Jujuy advirtieron ayer sobre la “criminalización" de la protesta social que lleva adelante el Gobierno jujeño al sostener que "se ha vuelto una constante” la emisión de actas contravencionales luego de marchas realizadas en reclamo de mayor asistencia estatal.

Tras masivas movilizaciones realizadas en diciembre, los activistas denunciaron que al menos una decena de referentes recibieron actas contravenciones que implicarían diversas multas. “Se está acusando a dirigentes y organizaciones sociales simplemente por haberse movilizado interrumpiendo el tránsito vehicular, además se plantea que se violaron las normas relativas al distanciamiento social cuando en realidad se lo respetó”, consideró una asesora legal de los movimientos.

Asimismo, los dirigentes sociales expresaron que “pareciera que en la provincia no se puede cuestionar nada, ni salir a las calles". "Está a la vista lo que somos y lo que hacemos, y vamos a redoblar nuestra lucha”, afirmaron finalmente.