Ley de educación: tensiones, impericias y la frustración por no poder debatir

Ley de educación: tensiones, impericias y la frustración por no poder debatir

Peleas gremiales, impericias políticas y falta de estrategias complican un debate esencial para Mendoza. No hay razón para evitar el tema y tampoco para apurar su resolución.

Pablo Icardi

Pablo Icardi

No hay hecho más universal que la educación. Los alumnos, los docentes, los padres, las familias, los gobernantes, los gremios. Todos integrantes de algo que se desequilibra cuando alguno se cree dueño y no parte. No hay hecho más revolucionario; no hay tema más indiscutible que el deseo de mejorar la educación. En la curiosa Mendoza de hoy ni eso sirve de punto en común para promover la concordia, sino más bien ahora es detonante para agitar el desencuentro.

La idea de que haya una nueva ley de educación provincial puede cumplir un récord: que ni siquiera llegue a ser propuesta. Antes de llegar a pensar qué escuela hace falta, se cierra el puño para mantener el estatus. Mendoza nunca adaptó su normativa a la ley nacional de 2006 y por eso el sistema está lleno de parches. Es absurdo negarse al debate y más aún forzar una aprobación. El esquema temporal elaborado por el Gobierno no se va a cumplir, salvo que quiera sacar con fórceps una ley que requiere todo lo contrario.

En paralelo hay urgencias que si no se resuelven harán que la brecha educativa que se generó por la pandemia se profundice. Aún no está claro cómo volverán las clases presenciales. En marzo no habrá inmunidad generalizada contra el coronavirus en Mendoza y será necesario adaptarse. Si las clases vuelven, deberán ser con insumos de prevención, con distanciamiento y con protocolos estrictos que requieren inversión. Hoy el Estado mendocino no tiene los recursos para ello y no está claro de dónde saldrán.

El debate por la nueva ley parte desde una base dramática. Menos de la mitad de los adolescentes termina la escuela secundaria. Menos de un tercio intenta llegar a la Universidad. Todos indicadores que empeorarán con la lejanía del aula por la pandemia. Una ley no cambia sin gestión. La ley nacional de educación promovía el aprendizaje de idiomas, de computación y la jornada extendida. Nada de eso ocurre. El 63% de los niños del sector de menos recursos económicos no accede a la enseñanza de computación, mientras que los niños del decil de familias con más recursos solo el 20% no tiene acceso a esa tecnología.  en el caso del idioma extranjero la relación es de 63% a 23%. La "cuna" sigue siendo un condicionante y se reflejó en las evaluaciones que el Gobierno nacional ejecutó en años anteriores. 

Fragilidad

Antes de empezar la discusión, ni siquiera se plantearon aún ejes centrales para motivar un debate que entusiasme, que movilice a la comunidad a opinar. El proyecto no responde a algunos ejes clave. Para qué va a formar la escuela, cómo hacemos para que la educación rompa y no potencie las desigualdades; si formamos a las adolescentes para el mundo del trabajo. Cómo se articula la secundaria con la educación superior. Menos hubo una autocrítica previa: la propuesta del gobierno es amplia, pero incluye postulados que ya quedaron vacíos de contenido y que la propia gestión pública se encargó de hacerlo. Ocurre con el financiamiento y hasta con temas operáticos como la jornada extendida, una de las políticas incumplidas desde el 2002.

La idea de José Thomas es que la ley marco sea el mecano de la educación general y luego se revista con leyes complementarias por sectores, áreas y temáticas. Desde una ley de financiamiento educativo, hasta una norma específica para el uso de la tecnología. El borrador “no es más que eso, un borrador”, explican. Y aseguran que los aportes serán sumados al proyecto. Hay algo curioso en el debate educativo; más proviniendo de un gobierno radical que tiene como base a los postulados de la reforma del 18 como eje para pensar la educación. No hay mucha visibilidad del rol de los estudiantes en el planteo. No porque puedan autogobernarse, pero al menos para escuchar su voz o tener diagnósticos precisos sobre sus problemas, necesidades, carencias y demandas. Si la dirigencia política está cada vez más desacreditada en el mundo adulto, para los niños y adolescentes es peor. El vínculo entre docentes y alumnos, hoy distorsionado por la distancia y las carencias de infraestructura para conectarse, es fundamental para construir. De ese encuentro pueden surgir propuestas para mejorar la educación.

El Gobernador Rodolfo Suarez acaba de potenciar a sus propios opositores. Es obvio que el “no” hace crecer a cualquier opción política. Pero lo llamativo es cuántas dificultades tiene el Gobierno para ejecutar lo que piensa. Suarez ganó cómodo las elecciones pero ninguna de sus propuestas parece contar con aval político y social para ejecutarse.

O es un gobernador con llamativa impericia para ejecutar, o hay un clima social tan adverso que se hace inviable cualquier iniciativa. Probablemente lo que pasa no es ninguno de los dos extremos, sino un poco de cada cosa. Suarez es un gobernador que deja al azar político sus propias iniciativas, y el contexto social tenso, la falta de liderazgos, el descreimiento creciente en la clase política y la necesidad de catalizadores de la bronca tengan mucho que ver en la reacción ante cualquier idea que provenga del poder.

Hay legisladores que ratifican su liviandad de tal manera que abren su banca a lo que quieran decir quienes se oponen a la ley sin tener aún opinión formada. Lo curioso de la Legislatura es que ese será el escenario del debate fino de la ley y para ello se crea una comisión bicameral que se aprobó sin objeciones.

El debate por la ley quedará atrapado en la lucha interna del gremio docente, un sector en el que el oficialismo nunca logró tener arraigo. Hasta Alfredo Cornejo buscó construir poder internamente en el SUTE y fracasó. El año que viene la pelea entre la izquierda y el kirchnerismo será dura y el gobierno levantó la mano como “enemigo común”. La histórica lista celeste perdió el poder y ahora intentará volver con el apoyo y la estructura del gobierno nacional. El rechazo a la ley de educación será un eje, como lo es en la Ciudad de Buenos Aires la negativa a la propuesta para que un grupo de estudiantes vuelva a clases presenciales.

Pero no es una novedad “que la oposición se oponga” y que los gremios “compliquen” al Gobierno. Es una situación dada que no merece lamentos.

Suarez propone, pero no construye. Lo hemos dicho: gobernar no es manifestar expresiones de deseo. Una gestión no se valora por lo que quiere, sino por lo que logra.  Y no se puede trasladar al resto las carencias propias. La oposición tendrá su cuota de responsabilidad si hay necedad para avanzar en consensos. Pero el Gobierno es quien tiene a cargo la gestión. Si ni con la educación hay algún punto de acuerdo, entonces para todo el resto solo queda resignación.  

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