Vicentin: inhiben una subsidiaria y levantan el secreto fiscal de ex funcionarios del Banco Nación

El enfrentamiento judicial entre el gobierno nacional y el Grupo Vicentin sumó un nuevo capítulo con la disposición del juez federal Julián Ercolini que ordena la inhibición general de bienes de la Algodonera Avellaneda S.A., una de las subsidiarias de la empresa agroexportadora, junto con el levantamiento del secreto fiscal y bancario del expresidente del Banco Nación durante la gestión de Cambiemos, Javier González Fraga.

Las medidas se inscriben en el pedido realizado por el fiscal Gerardo Pollicita, que investiga la "posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentin".

De acuerdo con el expediente, según publicó la agencia de noticias Télam, esa operación "permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos", que actualmente "serían de cobro incierto, puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos" y a la espera de un concurso preventivo.

El levantamiento del secreto fiscal y bancario afecta a González Fraga y a otras 24 personas, entre las que se encuentran el exvicepresiedente del Banco Nación, Lucas Llach, y los directivos de Vicentin Máximo Padoan y Sergio Vicentin.

Otra de las medidas dispuestas por Ercolini fue la inhibición general de bienes de la Algodonera Avellaneda que "tiene por objetivo, primordialmente, la inmovilización de los bienes inmuebles y/o muebles registrables" de esa firma y la "prohibición de innovar la composición accionaria" sin ser notificada a las autoridades correspondientes.

Al requerir las medidas, el fiscal Pollicita había señalado que "los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria". Para ello, los funcionarios "otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba".

"Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la deuda impaga, no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en septiembre de 2019, sino que también fue replicado en noviembre y diciembre, sin que tal circunstancia impidiera que durante noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco", agregó Pollicita en base a documentación probatoria recibida en la causa.