Qué piensa el juez mendocino que le dio celulares a 2000 presos

La decisión del juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento podría marcar un hito en el reconocimiento de derechos para las personas privadas de la libertad. El 30 de marzo resolvió un habeas corpus colectivo y autorizó el uso libre de teléfonos celulares en los complejos penitenciarios de Mendoza. Desde entonces, más de 2000 internos han podido ingresar móviles registrados y eso ha generado críticas desde algunos sectores de la sociedad. Sobre todo por el riesgo que conlleva que delincuentes condenados tengan libre acceso a llamadas, redes sociales e internet.

Esta semana el magistrado explicó en el programa Sonría lo estamos filmando los argumentos que lo llevaron a autorizar que los presos tengan acceso a teléfonos. Concretamente, manifestó que “todos somos seres digitales y tenemos derechos digitales” y en este sentido se preguntó “por qué una persona que está privada de la libertad no tiene derecho a tener acceso a internet”.

El juez Sarmiento admitió que la pandemia ha servido para dar un paso que hace tiempo estaba siendo analizado y aseguró que hasta el momento los resultados han sido positivos. Por ese motivo, no descartó que de ahora en más todos los internos penitenciarios puedan disponer 24 horas de acceso a internet y llamadas.

El inconveniente que esto presenta es la posibilidad de que los dispositivos se utilicen para cometer ilícitos. El propio Sarmiento expresó que esa es una posibilidad pero justificó que al blanquear el ingreso de teléfonos se puede tener registro de quién es el titular de cada aparato. Es decir, identificar al responsable de un secuestro virtual, algo que no es posible con los celulares clandestinos.

“Se les toma numero del chip y el número de imei de cada teléfono. Luego queda un registro informático donde aparecen todas las personas que tienen teléfonos, que deben haber sido adquiridos de forma legal. Saben que cualquier hecho cometido con ese teléfono, se puede determinar el aparato que se utilizó para el ilícito y van a ser responsables  si son denunciados”, subrayó.

Sin embargo, en el mismo programa radial el abogado Pablo Teixidor expresó dudas que genera este tipo de controles. “¿Qué pasa si el titular del celular dice que él no hizo el llamado? Que le sustrajeron su móvil”, preguntó. Esas son algunas de las interrogantes que presenta la resolución del magistrado.

El desafío es conseguir una forma de garantizar el derecho de que los internos puedan tener contacto con sus seres queridos, pero sin poner en riesgo al resto de la sociedad o incluso la misma seguridad penitenciaria.

¿Cómo se garantiza que los reclusos no llamen a sus víctimas para amenazarlas por haberlos hecho encerrar? ¿Se puede evitar que esos celulares se utilicen para cometer estafas y secuestros extorsivos? ¿Quien asegura que no se creen perfiles truchos en las redes sociales con fines ilegales? ¿Cómo pagarán el plan para no quedarse sin datos? ¿Habrá robos de teléfonos entre los mismos internos?

Decenas de preguntas para las cuáles las respuestas de Sarmiento son las mismas: el derecho de estar comunicados y la ventaja de tener registro de quién es el titular de cada línea.

“El tema tiene que ver con la necesidad de las personas privadas de libertad de tener un medio alternativo controlable de comunicación. Se dispuso esta medida que se aplica para todos los penales de la provincia de Mendoza”, sostuvo el magistrado.

Incluso dijo que se habían analizado otras alternativas pero que ninguna es mejor que la que se tomó. Aseguró que no es viable crear un espacio para visitas virtuales para toda la población carcelaria y que incluso el ancho de banda no sería suficiente.

“Entiendo las ideas y buenas intenciones pero hay que adecuarse a los contextos. Imaginen los equipos de videoconferencia y ancho de banda para poder garantizar los derechos de los privados de la libertad”, esgrimió.

 Pero a pesar de la afirmación del juez, es indiscutible que existen otras opciones. Por ejemplo, limitar el horario de uso y que solo se los entreguen en ciertos horarios para tener certeza de quién está utilizando el teléfono.

Incluso, el propio Sarmiento reconoció en la entrevista que si hay un robo de celulares entre internos por códigos carcelarios internos no se denunciará y no habrá registro de ello. “Por una cuestión de código carcelario no se ha sabido de robos de celulares. Son cuestiones internas y no se hacen denuncias entre un interno y otro”, manifestó.

Sin lugar a dudas el tema es complejo y merece ser analizado en profundidad. Sobre todo teniendo en cuenta que la resolución se extendería aún después de la cuarentena. “La pandemia abrió una discusión sobre el tema y creo que la implementación en la provincia ha sido buena. Entendemos que esta experiencia es válida, acorde a la coyuntura y terminada la emergencia se tendrá que evaluar si hay otro sistema para aplicar o volver al sistema antiguo de todos los internos con teléfonos en negro que no se pueden controlar”, puntualizó.

Secuestros virtuales y otros delitos telefónicos

Si bien Sarmiento afirmó que es un error pensar que todos los delitos telefónicos son realizados por internos de los complejos penitenciarios, admitió que es algo que sucede.

Incluso reconoció que a su familia le ha pasado y que en una oportunidad llamaron a su hermana diciendo que él había tenido un accidente y que su cuñado tuvo que comunicarse con él para saber si era cierto.

A la madre del juez también la contactaron en otra oportunidad e intentaron hacerse de datos personales y del CBU.

“Ahora se puede conocer el titular del celular con nombre y apellido. Pero lo primero que hay que saber es que si se recibe una llamada de un accidente que no existe, o una demanda que no existe o establecer una relación que no existe, lo primero que hay que hacer es cortar”, remarcó.

Pero así como los familiares del juez estuvieron cerca de caer en la trampa, es un hecho que miles de argentinos han sido víctimas de este tipo de estafas.

Por ese motivo fue que hace casi 10 años se impulsó una ley que buscaba prohibir todo tipo de uso de celulares en las cárceles. “Esa Ley que prohibía los teléfonos celulares y que establecía que  los internos debían pedir a una operadora para hacer llamadas y con la implementación un bloqueador de señal nunca se reglamentó. Porque esa ley se hizo desconociendo absolutamente el contexto de encierro”, sentenció.

El tema es complejo y merece un desarrollo profundo cuando acabe el contexto de la pandemia.