Vialidad: investigan si los acusados se robaron hasta los muebles

Mientras el Tribunal de Cuentas avanza en la revisión del ejercicio 2018 y sigue detectando irregularidades en el manejo de Vialidad provincial, avanza en la fiscalía una denuncia penal que complica a la exgerenta de recursos Humanos Corina Gallardo. Gallardo fue la mano derecha del administrador de Vialidad Oscar Sandes quien al salir a la luz que su protegida había robado dinero de la caja chica de la entidad, la denunció penalmente. De ser condenada, Gallardo podría terminar en prisión y perdería el cargo que hoy desempeña en la Municipalidad de Godoy Cruz.

A Gallardo no solo la acusan de haber falsificado la firma de Sandes, sino de robar dinero de la caja chica de Vialidad, contatar empresas de familiares e incluso usar el chofer oficial para que traslade familiares o haga fletes para llevar muebles de Vialidad a su casa. Entre otras cosas.

En diciembre del 2019, cuando el Tribunal de Cuentas empezó a descubrir severas irregularidades administrativas en Vialidad Provincial, el administrador General Oscar Sandes presentó una denuncia penal contra Corina Gallardo y otros empleados de la institución. Todos quedaron imputados por peculado y fraude a la administración pública pero a Gallardo también la imputaron por falsificación de instrumento público y privado. No solo por haber adulterado facturas sino por admitir que falsificó la firma de Sandes en numerosas oportunidades.

Si bien Sandes fue el denunciante de la causa, aún se esperan los peritajes caligráficos para comprobar si es real que la firma que consta en las autorizaciones de pago están falsificadas. De no ser así, podría darse un giro de 180 grados respecto a su situación en la investigación.

Por ahora los imputados son Corina Gallardo, la extesorera Miriam Herrera y un contador y un funcionario que falleció tras verse involucrado en esta causa.

Según expresaron desde la Fiscalía de Delitos Económicos aún resta realizar la pericia caligráfica y la pericia contable para poder avanzar con la elevación a juicio de la causa. El fiscal que la lleva adelante es Hernán Ríos y aún no hay fecha para que se puedan realizar los peritajes por las complicaciones que ha generado la pandemia.

Entre otras cosas, han detectado desfasajes en la caja chica de la institución y aseguran que eso ocurrió durante años. "Hay gastos que se hicieron con la supuesta autorización de Oscar Sandes, pero según él le falsificaban la firma", confirmaron desde la Justica. Incluso, reconocieron que el hecho de que Gallardo haya admitido ante un escribano haber fraguado la rúbrica de su jefe le da mayor peso a la causa pero no es concluyente. Por eso deben esperar hasta tener el resultado de las pericias para continuar.

Los gastos que se hicieron son diversos y escandalosos. Desde noches de hospedaje y combustible para irse de vacaciones a la Costa Atlántica hasta comidas en restaurantes, adulteración de facturas y pedidos de adelanto de dinero a través de formularios oficiales.

Por ejemplo, a una factura de 4 mil pesos le ponían un 4 más y sacaban 44.000 pesos de la caja. Pero desde la fiscalía señalan que se pagaron servicios que no fueron prestados y que incluso se pagaron servicios que los prestaron familiares de Corina Gallardo.

Las penas por peculado van de 2 a 10 años de prisión, mientras que por fraude a la administración pública tiene una condena de 2 a 6 años. Mientras tanto por falsificación  de instrumento público arriesgan penas de 1 a 6 años y por falsificación de instrumento privado de 6 meses a dos años.

La más complicada

Corina Gallardo es la persona que tiene una situación procesal más comprometida. Pese a ello, sigue trabajando en la Municipalidad de Godoy Cruz donde fue funcionaria de Alfredo Cornejo cuando este era intendente. Gallardo tenía reservado un cargo en planta permanente y producto de ello regresó a la comuna cuando la desvincularon de Vialidad envuelta en el escándalo de fraude.

El actual intendente, Tadeo García Zalazar, asegura que no puede hacer nada para remover a Gallardo de su puesto hasta que esté el resultado de la investigación penal. "Una vez concluido su vínculo con esa dependencia provincial la agente regreso al municipio y fue reincorporada y destinada a prestar servicios en la Secretaría de Desarrollo Humano, porque no había ninguna inhibición en su contra que lo impidiera, atento a que como todo empleado público tiene estabilidad en su cargo de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 5892", justificaron desde el municipio.

Y agregan que "en virtud de la estabilidad referida en el párrafo anterior debemos esperar el resultado de la investigación penal pertinente, la que, en caso de contener en la condena, la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, cesaría en su cargo inmediatamente".