Un pedido de integridad, transparencia y ética en la obra pública

Un pedido de integridad, transparencia y ética en la obra pública

Irregularidades en el proceso licitatorio de la obra del acueducto Monte Comán-La Horqueta le hicieron perder a Mendoza una importante financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Redacción MDZ Online

Esta semana nos encontramos con la escandalosa novedad de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no financiará la obra del acueducto Monte Comán-La Horqueta en el departamento de San Rafael, debido a que el Departamento General de Irrigación lo adjudicó a la UTE, que quedó calificada en sexto lugar en la licitación pública. Los trabajos consisten en la instalación de 376 kilómetros de cañerías y se extendería por un año, para abastecer a algo menos de 440 mil hectáreas con 84 puntos de entregas.

Una de las empresas vinculadas en el caso ya tiene antecedentes de manejos poco transparentes en nuestra provincia y otra en el Prosap, financiado también con fondos internacionales, y ambas con marcado favoritismo en la obra pública de la provincia.

Semejante acto de privilegio reñido con la transparencia y la ética pública no es un hecho aislado en estos últimos años. Recientemente fue noticia el uso indebido de fondos públicos para fines personales en la Dirección Provincial de Vialidad por parte de autoridades, que aún ocupan el comando del ente.

El manejo de fondos públicos para publicidad corre igual suerte. También encontramos parientes y personas cercanas a funcionarios políticos que han generado nóveles empresas para prestar servicios concesionados por el Estado Provincial, y ex funcionarios que junto a sus familias presentan una evolución de su patrimonio con un recorrido ascendente de difícil explicación,que parecen el cuento de los tres chanchitos: comienza con una casa de paja y terminan con un palacete sismo resistente con ingresos declarados muy moderados e insuficientes.

El actual oficialismo cuenta con un manejo autocrático de casi todos los organismos de control tales como la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública (ex legislador Balsells Miró), Tribunal de Cuentas (ex legislador Néstor Parés), Legislatura Provincial, Suprema Corte de Justicia, Procuración General (Fiscales penales), Entes reguladores (EPAS, EPRE), Inspección General de Seguridad, y la Defensoría de Personas con Discapacidad, por mencionar los más representativos.

Es imperioso diseñar e implementar una política seria y efectiva de Transparencia y Ética Pública que otorgue previsibilidad, control y un manejo de los fondos y bienes públicos no sólo apartados del delito sino evitando prebendas, favoritismos y nepotismos que, aunque puedan evadir acciones legales, son contrarios a la ética. No sólo lo delictual corroe lo Público, la ilegitimidad es aún peor toda vez que tiene el reproche ácido del rechazo social.

En este sentido consideramos que la Provincia debe urgentemente adherir a la ley nacional 27.401, de marzo de 2018, denominada RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL APLICABLE A LAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS. Por mandato de esta ley todas las empresas privadas que se vinculen con el Estado debe poseer un Plan de Integridad que den cuenta de sus acciones y proyectos, políticas internas y externas tanto de anticorrupción,conflicto de intereses, cuestiones ambientales, de equidad de género,laborales, impositivas y fiscales, entre otras posibles. En este sentido existe en la Legislatura Provincial un proyecto con media sanción desde agosto de 2019.

Exigimos que la Provincia aplique el Régimen de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas Públicas, en virtud de que para que existan estas desinteligencias–como la pérdida de financiamiento para la obra MonteComán- La Horqueta- se precisa la complicidad entre ambos sectores, el privado y el estatal. La corrupción no es patrimonio de un solo sector y siempre encontramos responsables en “ambos lados del mostrador”. Esto supone generar un órgano autónomo de control concomitante a cargo de un Oficial de Integridad Pública responsable de los Programas y Proyectos de cumplimiento de las normas de transparencia y ética pública en los mismos términos de la mencionada Ley 27.401. Este organismo deberá ser conducido por una persona con reconocida formación y experiencia en la materia e integrado al menos por representantes técnicos de los partidos con representación legislativa.

Una muestra clara de la intencionalidad política del Gobierno Provincial de avanzar en políticas de Integridad, Transparencia y Ética Pública está en la actual licitación de la obra Portezuelo del Viento. En el “Pliego de Bases y Condiciones Legales Particular, en el Capítulo I. Cláusula 12.2 Etapa I–Precalificación de Oferentes–Sobre N°1 Documentación a Presentar”solicita para la ADMISIÓN de la oferta la presentación de Planes de Integridad por parte de las UTE y la posibilidad de AUDITAR por parte del Estado.

Instamos a que el Gobierno de Mendoza realice la auditoría de los mencionados Planes de Integridad con rigor de la única oferente, designando a tal personal debidamente calificado en la materia y externo al Estado, considerando que ya existen fundadas sospechas sobre algunas de las empresas que integran la UTE oferente y ex funcionarios y funcionarios actuales con incompatibilidades de intereses ante ese conglomerado de empresas (CEOSA, Obras Andinas, IMPSA, Chicahuala, Guiñazu, la misma empresa china, cabeza de UTE con denuncias en Ecuador).

Ya nos pronunciamos respecto a que Portezuelo del Viento debe hacerse y que el Estado Nacional debe honrar su compromiso de pagos con la Provincia. Ahora, y a propósito de la escandalosa situación con el Acueducto Monte Comán- La Horqueta y en consonancia con lo que en este documento, exponemos, exigimos la urgente implementación de estos mecanismos que garanticen políticas de Integridad, Transparencia y Ética Pública en el proceso licitatorio de la misma.

Mendoza acaba de perder mucho más que el financiamiento blando de más de 11 millones de dólares para una obra fundamental, ha perdido la confianza y trayectoria ante un organismo internacional que ha financiado múltiples obras para el desarrollo de nuestra Provincia. Limpiar esa mácula no resultará fácil ni rápido, e incrementa los obstáculos para cualquier pretendida política de Desarrollo para Mendoza. Ahora es indispensable evitar que Portezuelo del Viento se convierta en otra frustración más debido a la ausencia de controles y honestidad pública.

Un plan de Desarrollo Sostenible para Mendoza requiere de reglas de juego que aseguren transparencia y responda a la ética inherente a la política seria y eficiente que Mendoza requiere y el pueblo merece.

 

Diego Martínez Palau

Andrés Cazabán

Jorge“Pampa”Alvaro

Sergio Mastrapascua

Ariel Robert

Cristian Correa

Eduardo Montenegro

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