¿Intentaron intervenir una empresa mendocina?
La estatización de Vicentín trajo a la memoria de algunos mendocinos la trayectoria que tuvo una empresa local desde 2014 hasta la actualidad. No porque sean situaciones idénticas, pero sí por el modo de intento de intervención del Estado. Se trata de lo ocurrido con la metalúrgica IMPSA, empresa que entró en una profunda crisis por no poder afrontar sus obligaciones y que aún está en una situación vulnerable. Tanto, que quedó en manos de sus acreedores: los bancos.
En ese momento la empresa que era liderada aún por Enrique Pescarmona se derrumbó cuando los negocios de Brasil y Venezuela quebraron por falta de sinergia de pagos. IMPSA no pudo afrontar sus obligaciones y quedó en cesación de pagos. El Estado nacional le prestó atención a la situación y comenzó una negociación para buscar un rescate. La "estatización" de parte de la firma era una alternativa blanqueada: el Estado podría inyectar recursos o tomar como propia parte de la deuda a cambio de participar del negocio. El rescate nunca llegó como tal, la empresa no pudo levantar y Pescarmona dejó de ser de Pescarmona: la familia que había fundado y mantenido la empresa durante un siglo, perdió el control en manos de los bancos.
Otra versión
Sin embargo el propio Enrique Pescarmona luego contaría otra historia en Tribunales. El escándalo de los "cuadernos de la corrupción" dejó al descubierto que esa firma había sido una de las que aportó dólares a la sinergia de corrupción descripta en esa causa. Valijas con dinero y vinos de regalo eran parte de las entregas que el chofer Daniel Centeno dejó al descubierto en sus cuadernos.
Según el relato de Pescarmona, él y su familia habían sido parte de un mecanismo de extorsión del que, decía, estaba arrepentido. Fui objeto de una extorsión y coacción por parte del arquitecto De Vido y de la presidenta Cristina y creo que tuve que actuar en necesidad para salvar a 3.000 puestos en la Argentina. Estoy muy arrepentido de haber pagado, de tener que ceder a este chantaje", declaró ante la justicia. Según la reconstrucción del empresario, mientras hacia afuera se hablaba de un rescate, puertas adentro se presionaba para que IMPSA cediera parte de la empresa a socios vinculados a ese gobierno o con el propio Estado.
El interlocutor elegido para que IMPSA cediera el control era, según figura en esa causa, el hijo del dueño. "Vos necesitás un socio. O te asociás o te asociás", le dijeron supuestamente a Pescarmona hijo.
En crisis
La empresa mendocina, que históricamente ha sido líder en el desarrollo de tecnología propia para la generación de energía, está en proceso de búsqueda de un "dueño".
Se prorrogó por un año más el pago de obligaciones mientras se negocia. Incluso algunos de los grupos interesados en participar sugirieron la posibilidad de crear una empresa "mixta" con participación del Estado. En el Gobierno nacional hay quienes consideran a esa firma como "estratégica" por el valor agregado de su producción. El presidente Alberto Fernández está entre ellos. También, como ocurrió con Vicentín, un grupo cercano al empresario y operador José Luis Manzano mostró interés para quedarse con IMPSA, siempre con algún plan de rescate del enorme pasivo que tiene con ayuda estatal.
La empresa Columbus Zuma es quien está a cargo de las gestiones para hallar un comprador.
IMPSA tiene cuentas por cobrar en sitios complejos como Brasil y Venezuela. Y deudas por pagar que son más urgentes. La ecuación se complica y en el camino sigue en producción y con proyectos que son el cebo para mantenerse viva.
El "caso Vicentín" genera tensión más allá de lo particular de la situación de esa cerealera. Es que el cartel de empresa en crisis o concursada será común en los próximos años.