Conflicto de poderes

Piratería institucional: el curioso caso de la Corte de 8 miembros y poco poder

Esta semana se vota el pliego de María Teresa Day y sería aprobado. Mientras, Nanclares aún no se jubila. Qué se juega en el conflicto de poderes que pone en jaque a ese Tribunal.

Pablo Icardi
Pablo Icardi domingo, 28 de junio de 2020 · 11:17 hs
Piratería institucional: el curioso caso de la Corte de 8 miembros y poco poder
Foto: Senado de Mendoza

Mendoza está escribiendo nuevos hitos institucionales. Pero lo hace con un ojo cerrado, como lo hacen los piratas de los cuentos. Hay un conflicto en la Suprema Corte que ya genera escozor y en ese plano la semana que viene ocurrirá una curiosidad: Mendoza tendrá 8 ministros en la Corte, aunque solo 6 con posibilidad de votar y dos en el purgatorio para ingresar o salir del “palacio de la discordia” que es el edificio de Tribunales. La playa de estacionamiento VIP de Tribunales que usan los autos de los “supremos” no tiene tantos lugares.

Jorge Nanclares renunció, pero está de licencia hasta que se apruebe su jubilación; trámite que depende solo de una firma en la ANSES nacional gobernada por La Cámpora. María Teresa Day será votada en el Senado como su reemplazante, mientras la propia Corte dirime las denuncias iniciadas para tratar de frenar su llegada por el supuesto incumplimiento de requisitos para ser elegida. Sin embargo la Corte seguirá por un tiempo con 6 votos habilitados, empardada políticamente y con una tensión política sin precedentes que desvía, además, la atención política en un momento de crisis absoluta para Mendoza.

Los dos grupos de tres ministros que forman los bloques antagónicos tienen algunas diferencias en el enfoque jurídico, pero son las menos. La más legitimada y transparente es la diferencia de criterios en la política criminal que encarnan desde Justicia Legítima Omar Palermo y desde el Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal José Valerio (espacio que compartía con el procurador Alejandro Gullé). El resto de las disputas es puro maquillaje. 

La pelea de fondo es más miserable que una discusión jurisdiccional. Se disputan el poder, la bolsa de trabajo discrecional que aún maneja la Corte y, en el fondo, por qué voz obedecer. La discusión sobre la candidatura de María Teresa Day es pre institucional y avergüenza. No se discute de política jurídica, de búsqueda de justicia. Se habla si es o no abogada. Entrar en los detalles del tema es un déjà vu que aburre, pero hay que hacerlo con una máxima precautoria: los argumentos del PJ y también del oficialismo son una máscara que se prestan según las circunstancias.

Teresa Day usó todo su tiempo en la audiencia pública para tratar de justificar lo mismo; que es abogada y sabe al menos lo básico del tema. Se puso nerviosa cuando tuvo que tener definiciones políticas y de enfoque (no quedó claro si su cargo lo mencionará en femenino o masculino, si será juez o jueza), y generó algunas dudas sobre el rol que le cabe a un juez de la Corte: Teresa Day habla todo el tiempo de atarse solo a lo que dice la ley. En la Corte se trata mucho más de interpretar, analizar y sentar nuevas bases sobre lo que la fría letra de la ley genera dudas.

La estructura institucional que envuelve a la Corte tiene problemas de origen que le generan una dependencia política insalvable. Desde la gestión del presupuesto, que depende del Ejecutivo, hasta el nombramiento y juzgamiento de los jueces. Todos los magistrados asumen con una espada en el cuello que le pone el Jury (integrado con una amplia mayoría de legisladores).

La tentación de tener influencia en ese Tribunal, el último resquicio de garantías para la ciudadanía, no es resistido. Nombrar un juez de la Corte está entre las aspiraciones de todos los gobernadores mientras dura su efímero cargo. Claro, los suceden a ellos mismos. Incluso en la gestión anterior se intentó ampliar la cantidad de integrantes, cuestión que le hubiera permitido a Alfredo Cornejo nombrar dos jueces más.

Pero puertas adentro no hay santos. Las tensiones políticas que siempre hubo se hicieron explícitas cuando comenzaron a salir a la luz no las diferencias ideológicas, sino la cantidad de cargos que cada "supremo" tenía a disposición. 

La última picardía

Nanclares tuvo su último acto de picaría política: en plena tensión y como presidente de la Suprema Corte renunció de manera condicionada y se tomó licencia.

Lo podría haber hecho antes; el año pasado y tras resolver un trascendente conflicto institucional por la reelección de los intendentes. Pero le hubiera dado una potestad enorme a Alfredo Cornejo para elegir directamente cómo se inclinaría la balanza de poder. En cambio, fue nuevamente elegido Presidente a pesar del desgaste. Y renunció ahora: con la pelea política en carne viva y sin resolución clara. Antes de hacerlo, le abrió una puerta de poder al ala “filo PJ” de la Corte que ese bloque no tardó en usar. El poder se ejerce, diría algún politólogo pragmático. Por eso la Sala II, conducida por Omar Palermo y Mario Adaro, dio curso rápido a todos los reclamos para frenar la designación de Teresa Day. Adaro sobreactuó públicamente proponiendo a Day como “presidenta” de la Corte, pero puertas adentro agilizó el intento de freno a la candidata oficial. El gobernador Rodolfo Suarez toma el tema de manera personal.

María Teresa Day va a ser designada por el Senado como jueza de la Corte, pero el PJ debate qué nivel de escándalo generar. Podrían faltar a la sesión para intentar deslegitimarla, mientras en Tribunales se debate el alcance de los recursos presentados. La Corte, por su parte, calibra también el alcance del escándalo: si resuelve o no con alguna celeridad, fiel a su impronta tiempista. Incluso es posible que antes haya que designar conjueces. La oposición juega incluso con la amenaza a la anulación “posterior” de Teresa Day y la fragilidad institucional que eso generaría al tener una jueza que podría firmar sentencias que sean cuestionadas. Olvidan algo: Mendoza ya vivió ese quiebre, pues hubo dos senadores y siete concejales que avalaron leyes y ordenanzas y que cuyos cargos fueron declarados nulos. Es decir, se legisló con “senadores truchos” durante años.

Nanclares está sobrado de aportes para jubilarse. Tiene 44 años de servicios, todos en el ámbito público desde que ingresó a la Municipalidad de Guaymallén en 1974. Y 30 de ellos en Tribunales, cuando ingresó el 25 de noviembre de 1987. Su jubilación está en marcha, pero depende solo del sello de ANSES nacional, que aprueba los trámites especiales (y de privilegio) que tienen los jueces mendocinos. Sería un argumento muy enroscado pensar que ese organismo, que tiene una conducción política afín con el ala PJ de la Corte, pueda demorar el trámite con el solo hecho de demorar la llegada de Teresa Day. Por ahora es solo casualidad, pues la ANSES no atiende.

Archivado en