A todo o nada: denuncian penalmente a Teresa Day y presentan un amparo

El diputado nacional José Luis Ramón presentó una batería de acciones legales en contra de la designación de María Teresa Day como jueza de la Suprema Corte. El legislador de Protectora realizó una denuncia penal por "delitos contra la administración pública", presentó un amparo atendiendo que Day no cumple los requisitos constitucionales para llegar al máximo tribunal y además hizo pública su impugnación al pliego.

La ofensiva se da en medio de la discusión sobre si la actual coordinadora General del Ministerio Público cuenta con 10 años de ejercicio de la profesión, requisito constitucional para llegar a la Corte. Ramón entiende que no y por eso atacó la designación mediante un combo de acciones judiciales.

Según establece en la denuncia penal "los hechos que se relatan y su confrontación con las exigencias constitucionales determinan que los mismos encuadran en, al menos dos preceptos legales que se encuentran situados en el Título X del Libro II del Código Penal, donde se sistematizan los 'Delitos contra la Administración Pública".

Incluso, hace extensiva la denuncia al gobernador Rodolfo Suarez y asegura que "la conducta del gobernador, por el solo hecho de proponer a una persona que no tiene los requisitos exigidos por la ley, configura los delitos previstos en los artículos 248 y 253 del Código Penal. En concreto, hace referencia a la figura de "abuso de autoridad".

La discusión es compleja y la biblioteca se encuentra dividida. María Teresa Day se recibió de abogada en 1995 he hizo toda su carrera dentro del Poder Judicial. Sin embargo no ejerció la magistratura 8 años como requiere la ley y tampoco litigó durante 10 años, el otro de los requisitos. Pero sus defensores aclaran que si no tuviese título de abogada no habría podido ocupar los cargos que ha ostentado durante 25 años en la Justicia y que ejercer de abogado no se limita a ser litigante.

En su denuncia penal José Luis Ramón compara la situación de Day con la de la exlegisladora provincial Miriam Gallardo, a quien el radicalismo no acompañó con su voto en sesión secreta porque entendían que no había cumplido el requisito de ejercer 10 años como abogada. 

"La doctora Day nunca ejerció la profesión de abogada ni fue magistrada y de todas las funciones que ejerció en el Poder judicial de Mendoza, solo para desempeñarse como Secretaria de la Cámara Penal de menores se le requería el título de abogado(1999-2004) y no así cuando lo hizo como Secretaria de Primera Instancia en el Juzgado de Menores (1996-1999) y mucho menos como inspectora (2004-2009) o Coordinadora General del Ministerio Público (2009 hasta la fecha)" esgrime Ramón en su denuncia penal.

Paralelamente el diputado nacional presentó a través de Protectora una Acción de Amparo contra la provincia de Mendoza "impugnando por arbitrario e ilegal" el pliego enviado por Rodolfo Suarez al senado para la designación de María Teresa Day en la Suprema Corte. "Se solicita, en consecuencia, que se la deje sin efecto declarando la ilegalidad y arbitrariedad manifiestas de dicha disposición, con la correspondiente obligación de efectuar una nueva proposición adecuada a derecho", sostiene.

Por último, Ramón también presentó ante el Honorable Senado de la Provincia de Mendoza una impugnación a la candidatura de María Teresa Day como ministra de la Suprema Corte. "Entiendo que en este caso el H. Senado debe funcionar como contrapeso del Poder Ejecutivo que ha formulado una propuesta que no cumple con los requisitos que establece nuestra Constitución Provincial y que es obligación del Sr. Presidente del H. Senado advertir al Sr. Gobernador que ha incurrido en una conducta típica encuadrable dentro del art. 253 del Código Penal Argentino", esgrime la impugnación.

El mismo establece que “será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales”. Según Ramón Suarez incurre en un delito al proponer a una persona que no reúne la idoneidad adecuada para ocupar un cargo en el máximo Tribunal de Justicia de Mendoza.

La discusión se disparó luego de que el exministro de la Corte Alejandro Pérez Hualde pusiera en duda que Teresa Day reuniera los requisitos constitucionales para llegar a la Corte. Rápidamente la biblioteca se dividió en dos y esta semana habrá una charla abierta de prestigiosos constitucionalistas de todo el país que aseguran que no hay impedimentos para que Day aterrice en el máximo tribunal.