Qué puede hacer Vicentín frente a la posible expropiación
Vicentín, la empresa santafesina que el gobierno de Alberto Fernández busca expropiar como método de "rescate", ya analiza algunos argumentos que le presentará a la Justicia, debido a esta decisión que calificó en una solicitada de "injusta, arbitraria e ilegal", y que -remarca- "viola las garantías constitucionales, elude de manera arbitraria la independencia de poderes de la Nación y pone en jaque la confiabilidad en las instituciones que requiere toda República democrática".
Según se destaca en una nota publicada en Infobae, uno de los puntos en los que se hará hincapié será en la relación de la empresa con el B anco de la Nación Argentina, el principal acreedor nacional. La empresa preparó un dossier de su relación histórica con el BNA. Muestra, entre otras cosas, que la línea de crédito en dólares con la entidad era en 2003 de USD 30 millones y había trepado en 2015 a USD 150 millones. Esto es, un crecimiento del 400% en dólares durante los gobiernos kirchneristas. Luego, de 2015 a 2019, esa línea se duplicó, a USD 300 millones. Un aumento del 100%.
Con esto se busca rebatir las acusaciones del kirchnerismo a las que se hicieron referencia durante el fin de la semana pasada. Uno de los directores del BNA, Claudio Lozano, había presentado en enero un informe en el que destacaba que Vicentin hizo fuertes aportes a la campaña electoral de Cambiemos. Además agregaba que mientras la facturación de las principales firmas agroexportadoras creció a un promedio del 51,4% anual en el trienio 2016-2018, la de Vicentin lo hizo al 83,9%.
Desde Vicentin señalan que la evolución de la línea crediticia tiene “evidente y estrecha relación con el crecimiento de actividades y el grado de reciprocidad” con el Nación ya que, enfatizan, la empresa liquida entre 60 y 70% de sus divisas de exportación a través del BNA.
En el terreno estrictamente jurídico, la empresa echará mano a varios recursos, atacando el DNU con el que el gobierno inició el proceso, la afección del concurso preventivo en marcha y la contradicción que supone, por caso, que el Estado designe un interventor cuyas decisiones afectan no sólo a los accionistas desplazados -que siguen siendo los dueños de la empresa- sino también al conjunto de los acreedores.
Protestas y rechazo
Luego de la solicitada, diferentes sectores agropecuarios endurecieron su rechazo al "avasallamiento sobre la propiedad privada y las libertades individuales". En Buenos Aires, por ejemplo, integrantes de la Sociedad Rural de Salliqueló se reunieron al costado de la ruta provincial 85 y decidieron declarar el estado de "alerta y movilización".
En Córdoba, el titular de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Magliano, dijo ante una consulta que "estamos preocupados porque las expropiaciones nunca resultaron buenas en la Argentina y con ellas terminamos siempre siendo socios de las pérdidas. El Gobierno no tiene en cuenta que la verdadera seguridad alimentaria la proveemos los productores. Creo que la intervención en este mercado va a tener un rol preponderante en el avance sobre la propiedad privada, que no abarca solamente al sector agropecuario".
Finalmente, en Santa Fe sigue creciendo la preocupación. Integrantes de la Mesa Agropecuaria de Santa Fe solicitaron en las últimas horas una “reunión urgente” con el gobernador Omar Perotti. "Esta situación excede a Vicentin. Nos preocupa la actitud del gobierno santafesino. Tampoco entendemos que ser aproveche la pandemia y la inactividad para que por DNU se quiebren el derecho a la propiedad privada, la justicia y el federalismo. Si bien la gestión de Vicentin no ha tenido buenos resultados en los últimos tiempos, la empresa está funcionando a través de un concurso de acreedores", remarcaron.
Por su parte, el gobierno buscará un trámite expeditivo en el Congreso, para no dar tiempo ni posibilidad a que Vicentin, las entidades empresarias y del campo, los pueblos afectados y la oposición política y ciudadana reediten un clima de “resolución 125” que desbarate la movida oficial.