Vialidad: una historia de desmanejos y conflictos sindicales que nunca termina

Por ahora, Oscar Sandes no dejará su puesto en Vialidad Provincial tras el escándalo de las facturas truchas detectado en la repartición encargada de arreglar rutas y caminos, irregularidad que le costó al funcionario una multa de $2,9 millones impuesta por el Tribunal de Cuentas.

Pero la continuidad del veterano dirigente que ocupa ese cargo desde el arranque del gobierno de Alfredo Cornejo tiene plazo: Sandes, de 70 años, dejará su puesto en las próximas semanas para volver a acogerse a los beneficios de la jubilación.

Así lo confirmaron voceros del ministerio de Planificación e Infraestructura quienes reconocieron además que el titular de Vialidad, hacia finales de la semana pasada, se despidió de su personal y anunció que lo habían echado luego de que se conociera la sanción del Tribunal.

Sin embargo, el despido no se concretó y Rodolfo Suarez decidió evitar un escándalo mayor ratificando un acuerdo hecho con el propio funcionario en diciembre de 2019. Al momento de asumir, Suarez apostó por la continuidad de Sandes en su cargo pero le anticipó que sería por seis meses nada más con el objetivo de, en ese lapso de tiempo, pudieran preparar a un nuevo equipo y a una nueva conducción con el fin de que se hiciera cargo . Sandes pidió un plazo de dos años, pero las autoridades que asumían en aquél momento le dijeron que no.

Apostando por esta salida elegante, es muy probable que en el lapso de las próximas dos semanas se concrete la renuncia y el recambio de autoridades.

El Tribunal de Cuentas de la provincia aplicó multas millonarias al director general de Vialidad y a varios funcionarios del organismo por una investigación iniciada en octubre del año pasado, tras una denuncia que afirmaba que en la repartición se falsificaron facturas para el manejo de una caja chica que servía para financiar viajes y gastos en la Costa Atlántica.

Según se desprendía de las facturas presentadas, entre el 14 de enero y el 2 de febrero del 2019, unas ocho personas viajaron a hacia ese lugar y Vialidad les pagó las vacaciones. Esos gastos corrieron por cuenta de Corina Gallardo, la entonces gerenta de Recursos Humanos.

La multa aplicada por el Tribunal desató una ola de acusaciones cruzadas. Sandes se victimizó y responsabilizó al Sindicato de Trabajadores Viales (Sitravi) al asegurar que él, en este caso, había sido quien había realizado la denuncia inicial y ahora era el castigado.

El escándalo alrededor de Vialidad vuelve a poner al descubierto la situación de un organismo que, desde hace décadas, destina la mitad de su presupuesto a gastos de personal en detrimento de los recursos que tiene disponibles para la compra de equipamiento y para mejorar las rutas y caminos de la provincia. Este año, de los $ 2.200 millones que tiene destinados, unos $1.100 millones serán destinados a pagarles a los empleados.

A su vez, el descargo de Sandes, saca nuevamente a la luz el peso específico del Sitravi dentro de la repartición. La actual conducción y el titular del sindicato, Claudio Díaz, vienen sosteniendo un conflicto de larga data, entre otros motivos, por la aplicación de un convenio que fijó las retenciones sindicales para los trabajadores.

Díaz fue diputado provincial del PJ durante el gobierno de Francisco Pérez y consiguió, en 2014, que por decreto a los trabajadores viales se les aplicara una modificación en el convenio (pasaron del nacional a uno provincial) que llevó sus aportes sindicales del 0,5% al 3% .

Ese convenio local, denominado "80 aniversario de la Dirección Provincial de Vialidad", tenía artículos diferentes a los del nacional (el 572) que regía las relaciones de los empleados con el sindicato desde el año 2009 y generó, tras un fallo judicial adverso para el gremio, un reconocimiento de que a los trabajadores se les habían descontado al menos $62 millones de manera incorrecta. 
Tras varas idas y vueltas en la Justicia, el Sitravi apeló ante una Cámara Laboral que se declaró incompetente a mediados del año pasado y la discusión quedó a resolución de la Suprema Corte que, desde marzo, están en modo cuarentena.