El dólar, ese bien que Alberto declaró "estratégico" y tres dudas del caso Vicentín

La intervención y futura expropiación de Vicentín es la decisión más inquietante que ha tomado el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y generó incertidumbre por la gran cantidad de empresas que están en crisis y que, con un análisis epidérmico del tema, podrían considerarse en riesgo.

El tema plantea al menos tres dudas: si es necesario y oportuno; si es legal y cuál es realmente el “bien a proteger” con la expropiación de una empresa privada. El legítimo que un anuncio político trascendente esté bañado de una épica particular. Mucho más cuando ocurre fuera de contexto. Lo que no puede ocurrir es tener una lectura llana y lineal de esa idea.

El Gobierno anunció la medida como un hito en la estrategia para buscar la “soberanía alimentaria”. “Es una decisión histórica y crucial para lo que viene en la nueva normalidad en la Argentina. En lo cotidiano nos va a beneficiar porque los precios de los alimentos empezarán a valer por el producto del trabajo y no estarán sujetos a la especulación financiera de algunos”. Las consignas pertenecen a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, elegida por Alberto y Cristina, abanderada de un tema alejado de la agenda local, pero que la empodera a nivel nacional.

Las intenciones pueden ser discutibles, pero la metodología es vidriosa, cuanto menos. Primero y principal: lo anuncia el Poder Ejecutivo en medio de una situación de excepción, con facultades extraordinarias por una emergencia total. Lo hace sobre una empresa concursada y que, por ende, está bajo control judicial. Una de las constitucionalistas más lúcidas de Argentina lo definió con sensatez. “Quitar una causa de su juez natural por decisión ejecutiva, no es la república que enseño en clase. Escapar del control jurisdiccional en la re-estructuración de una deuda corporativa (en la cuál el Estado es acreedor y deudor/accionista a la vez), para que se fije una valuación administrativa unilateral (a los efectos de la expropiación), no parece la mejor garantía para que este "rescate" salga mejor que todos los otros en que históricamente el Estado ha fracasado”, describió la doctora en derecho Mariela Puga, quien en el mismo texto asegura adherir a algunas de las ideas que motivaron la estatización, como el mayor control del tipo de cambio, la estabilidad de los trabajadores y hasta acercarse al sueño dela soberanía alimentaria.  

Qué proteger

En el fondo hay una duda estructural: qué bienes y valores son considerados estratégicos para el país.

Por poner un ejemplo, el petróleo es un recurso estratégico. Tanto que es un bien que siempre pertenece al Estado; de las provincias para ser más concreto. La explotación se concesiona, pero no se cede la propiedad. Puede tomarse de la misma manera el agua, aunque con un valor más relativo: por decisión política quedó fuera del nuevo Código Civil considerar al acceso del agua como un derecho humano.

La expropiación de Vicentín fue argumentada como un hito en la búsqueda de la soberanía alimentaria; curiosamente en una empresa que tiene como principal eje la producción de alimentos sino el comercio exterior; acopiar y exporta. El mercado de granos genera cerca de 28 mil millones de dólares al año. La empresa santafesina liquidar cerca de 4 mil millones de dólares al año, un volumen que no alcanza a volcar la balanza pero sí es importante. Vicentín es mucho más una fábrica de dólares que de productos nutritivos. Por eso probablemente lo que anunció Alberto Fernández y sobre lo que se embandera Anabel Fernández Sagasti sea un sinceramiento capitalista brutal: por primera vez un Gobierno reconoce que el dólar es un bien estratégico para el país. En un país con moneda frágil, con poca credibilidad de su población en la política económica, el dólar es un bien, un insumo y hasta un factor psicológico. En manos del Estado, Vicentín podría liquidar dólares sin depender de la búsqueda absoluta de la mayor renta.

Exprópiese 

Hay pocos ejemplos que puedan usarse para comparar las situaciones. El caso YPF, que fue más una compra encubierta y cara que una expropiación, tiene algunos puntos en común por los protagonistas, pero se trata de bienes muy distintos. En el caso de la petrolera hubo una estructura argumentativa alrededor de la que Mendoza fue parte.

Primero con la falsa “nacionalización privada” a través de la familia Eskenazi, quienes pasaron a ser accionistas y relacionistas públicos de YPF. Repsol era el dueño, Sebastián Eskenazi el relacionista público elegido por Néstor Kirchner.

En Mendoza el proceso fue similar al ocurrido con Moneta y el Banco Mendoza: alta exposición, legitimación social y vaciamiento de una empresa. La Provincia fue parte de la estrategia argumentativa: los descuidos ambientales cometidos por Repsol en la provincia fueron tomados como argumento para justificar la decisión política de “expropiar” la empresa. Luego no hubo resarcimiento real por ese daño y la remediación de los pasivos ambientales quedó en segundo plano. YPF se reestatizó (o se recompró) a un precio aún no determinado.

El caso Vicentín tiene, entonces, muchos más matices que los enunciados.