Desafuero al senador Romano, uno de los temas que tapó la pandemia

La pandemia arrasó con todos los temas que manejaba la Legislatura. Entre ellos, un pedido de desafuero contra el senador de Protectora Marcelo Romano, a quien una fiscal había pedido investigar por un incidente que tuvo con la Policía en agosto del año pasado por salir en defensa de una hija en un operativo vial.

Romano fue acusado de cometer un "atentado a la autoridad" policial por la fiscal correccional Gabriela García Cobos. El delito que le imputó la fiscal tiene una pena de entre seis meses y dos años de cárcel. Pero para que pueda investigarlo, primero la Cámara Alta debería quitarle la inmunidad.

El desafuero quedó sin definición en el Senado un capítulo antes del coronavirus. Lo congeló el propio oficialismo en medio del debate de la reforma antiminera 7722, por reclamo del PJ, que nunca estuvo de acuerdo con quitarle los fueros al legislador opositor.

La pandemia hizo el resto. La Legislatura no ha podido funcionar con normalidad durante la cuarentena. El desafuero requiere dictamen de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para tratarse en el recinto, pero las comisiones de la Cámara Alta todavía están desactivadas.

El Senado ajustará la técnica para que, desde la semana que viene, vuelvan a trabajar las comisiones vía Zoom. Pero aún en ese caso, no se sabe qué pasará con el pedido que pesa sobre Romano, ya que este desafuero no es impulsado ni por el gobernador Rodolfo Suarez ni por el vicegobernador Mario Abed. 

Además, el PJ mantiene la guardia en alto: "Era un papelón avanzar con eso y ahora no es prioridad", advierten desde la bancada peronista.

En el bloque del radicalismo dicen que el periodo de sesiones ordinarias que quedó abierto el 1 de mayo y la habilitación de las comisiones generarán la posibilidad de que el caso se reactive, ya que cualquier senador lo podría pedir para su tratamiento.

Hay al menos uno dispuesto a hacerlo: Diego Costarelli. El ex funcionario de Alfredo Cornejo cree que el pedido de la fiscal García Cobos "tiene que ser votado".

El caso Romano reabre la sospecha sobre las diferencias entre cornejistas y suaristas. Costarelli insiste, de todos modos, en que todo el bloque radical lo apoyó, hace tiempo, cuando pidió preferencia para el tratamiento del desafuero.

El senador de Protectora, mientras tanto, se sigue considerando víctima de una persecución política orquestada por Cornejo, a quien se opuso en muchos temas. 

Sostiene que el episodio por el que se lo acusa (un altercado verbal con policías) se encuadra apenas en "una contravención", no un delito, y critica a la fiscal García Cobos, quien no le dio intervención en el expediente. Su abogado, Carlos Moyano, agrega que existe "un pedido de nulidad que debe resolver el juez (Marcos) Pereira".

Advierte incluso Romano que el pedido de desafuero puede volver a la agenda legislativa por razones ajenas a la denuncia en su contra. Dice que es una represalia por su decisión de cuestionar la licitación del dique Portezuelo del Viento."Si se aprueba como está, es una obra que la hace una sola empresa", denuncia.