La UCR se frenó y no tratará el desafuero de Romano esta semana

El tratamiento del pedido de desafuero del senador Marcelo Romano se demorará una semana más en el Senado provincial. Si bien la medida ya tiene despacho favorable de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, a ese dictamen solo se le dará este martes, en el recinto, estado parlamentario.

El bloque oficialista de repente se muestra muy cauteloso y no forzará la votación sobre tablas. De este modo, la suerte del legislador de Protectora se podría definir recién la semana que viene. En la bancada del oficialismo existiría la intención de quitarle la inmunidad a Romano, pero sus integrantes han decidido mantener "silencio" hasta que llegue la hora de votar.

Distinta es la postura de Protectora y del justicialismo, que han unido fuerzas y están defendiendo de una supuesta persecución política a Romano en las redes sociales.

Lo hizo el presidente de Protectora, José Luis Ramón, para quien "el radicalismo de Alfredo Cornejo impulsa revancha". Pero también la propia senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien escribió en Twitter: "La persecución a un senador de la oposición es contraria a todo el respeto y el sentimiento de Mendoza por las instituciones. Mi repudio y llamado a la cordura a quienes impulsan este pedido".

Esta embestida parece haber frenado el ímpetu radical. Los senadores oficialistas miden sus próximos pasos y por su lado denuncian una protección política peronista de Romano que incluiría hasta al propio Sergio Massa.

Los detalles de la causa

En el medio de estas especulaciones políticas se encuentra la causa judicial, que se frenó no solo por el pedido de desafuero de una fiscal, sino también por la feria de la Justicia por el coronavirus.

Romano se encuentra en el ojo de la tormenta por un episodio ocurrido el 11 de agosto del año pasado, cuando intervino en defensa de su hija Martina en un operativo policial. 

Caía la tarde de aquel domingo electoral cuando efectivos policiales detuvieron a Martina Romano, la hija del legislador, en la ruta 40, frente al barrio ATSA. La mujer conducía un Renault Clío y su auto tenía las características de un vehículo que circulaba en forma peligrosa y a alta velocidad, según la novedad que habían recibido los policías.

El procedimiento era "normal", según dice el acta policial, hasta que apareció el senador Romano en escena. El legislador, "muy ofuscado", increpó al personal uniformado.

"Me llamo Marcelo Romano, soy senador e integrante de la Bicameral de Seguridad. Por qué tienen demorada a mi hija, ustedes asustaron a mi hija con su proceder, están actuando de mala manera, dedíquense a perseguir a los chorros en las villas", expresó Romano, según consignaron los efectivos policiales en aquella acta.

Siempre según el testimonio de los policías, más adelante, el legislador advirtió: "Soy íntimo del ministro de Seguridad Venier y lo voy a poner en conocimiento de esto, van a perder su trabajo". Y tras algún intercambio de palabras más, se retiró del lugar junto a su hija.

Los policías indican en aquella acta de procedimiento que el accionar de Romano impidió que se le practicara una prueba de alcoholemia a su hija. A pesar de que se asegura por otro lado que los policías no contaban con un alcoholímetro para hacer el test. Uno de los efectivos ha declarado además que no habían detectado ningún signo de que la hija de Romano estuviera conduciendo en estado de ebriedad.

Uno de los datos llamativos del acta policial es que, tras la retirada de Romano, los policías se comunicaron con la Oficina Fiscal 3 de Godoy Cruz donde una ayudante de nombre Mónica Marianetti dijo que no correspondía su intervención porque no se había producido ningún delito.

Los efectivos se comunicaron después con el Segundo Juzgado de Faltas, a cargo de la doctora Araujo, quien opinó el forma completamente distinta. La funcionaria ordenó realizar la actuación de rigor y remitirla a la Oficina Fiscal de Turno, al interpretar que el accionar del senador Romano "constituye delito toda vez que realiza un entorpecimiento a la actuación policial", según se lee en el acta de procedimiento policial.

La subcomisaria María Fernanda Castillo amplió luego en una declaración judicial que un superior le ordenó hacer "dos causas, porque se supo que por este hecho habían tomado conocimiento el director de Seguridad Vial y el Ministro de Seguridad, y que dejáramos en claro que este señor Romano había entorpecido el accionar de la policía y había amenazado". También afirmó que la doctora Araujo iba "a hablar con la coordinadora (Teresa) Day para que tomaran intervención en la Fiscalía".

Castillo también aclaró en ese momento que, a su juicio, no se procedió a la persecución policial de Romano y su hija porque "el hecho no era grave".

Un fallo a favor del legislador

Los hechos en los que estuvo involucrado el senador Romano generaron la intervención de la fiscal correccional Gabriela García Cobos, quien lo acusó de cometer un "atentado a la autoridad", delito que tiene una pena de entre seis meses y dos años de cárcel, y pidió el desafuero del legislador.

Además de la fiscal correccional, el jefe de la Inspección General de Seguridad, Marcelo Puertas, realizó una investigación motivada por un articulo periodístico, en la que determinó que los efectivos de aquel operativo policial no habían cometido ninguna falta. 

El expediente judicial también ha tenido un recorrido silencioso. Ante los pedidos de nulidad de la defensa de Romano, pasó por las manos de dos jueces: Marcos Pereyra y David Mangiafico.

Mangiafico actúa como conjuez del Tribunal Penal Colegiado Número 1 y, en segunda instancia, emitió un fallo con algunos puntos a favor del legislador de Protectora. Ordenó dar tratamiento a los planteos de la defensa a pesar de que todavía no se resuelve el desafuero, bajo el argumento de que la inmunidad de arresto y de proceso que dan los fueros legislativos no le impiden "intervenir en el proceso de recolección de pruebas".

"No existe ningún cepo y/o traba legal para que mientras se sustancia el pedido de desafuero ante el órgano legislativo respectivo, pueda la defensa discutir la validez y/o nulidad de algunas de dichas pruebas y/ o inclusive solicitar la incorporación de pruebas de descargo", dice Mangiafico en el fallo.

Este juez entró en acción debido a que la defensa de Romano apeló un fallo de Pereyra, quien, por no definirse la cuestión del desafuero, había dilatado expresarse respecto de pedidos de nulidad que alcanzaban a una pericia psicológica de los policías. 

Entre otros cuestionamientos a la fiscal, Romano y su abogado Carlos Moyano señalan constantemente que aquella tarde del 11 de agosto hubo una confusión: la Policía detuvo a su hija cuando debía parar a otra persona.