El riesgo de un oferente único para la "obra del siglo"

"Asegurar el espíritu enunciado en el pliego de concurrencia, atomización de proveedores, formalización de contratos nominados y establecimiento de un programa de asistencia y apoyo a Pymes". La frase es parte del documento que las cámaras empresarias le enviaron al Gobernador y hace referencia a la necesidad de que  Portezuelo del Viento sea una obra transparente y que permita distribuir el valor agregado que generará. La licitación para la construcción de ese complejo hidroeléctrico entró en la recta final. El 2 de junio está previsto que se abran los sobres y por la complejidad del proceso y la forma en la que está estructurada la licitación hay un riesgo latente: que haya un oferente único y poca competencia. Como informó MDZ, aún no se han vendido pliegos de licitación y aunque no es un indicador definitivo, sí es una tendencia.

En el sector de la construcción hay incertidumbre. La Provincia licitó todas las obras en bloque y se adjudicarán a un solo consorcio. Por eso hay tensión entre las empresas medianas y chicas que tienen intención de participar. Portezuelo es la obra planificada más importante del país y tiene financiamiento asegurado y blindado.

La Nación acaba de depositar la tercera cuota del compromiso asumido para financiarla, tras el acuerdo con la Provincia. En total son 1023 millones de dólares que tienen como único fin esa obra. En realidad es mucho más que una represa. Además del dique y el complejo hidroeléctrico, hay enormes trabajos complementarios que son casi igual de complejos. Hay que mudar un pueblo entero (con viviendas e infraestructura), hacer dos rutas nuevas, una línea eléctrica y otros trabajos.

A diferencia de lo que ocurrió con otras represas, en Portezuelo el Gobierno decidió licitar todo en paquete: con consorcio que gane, tendrá a cargo todo. En Potrerillos, por poner un ejemplo, también hubo que mudar un dique, hacer una nueva traza de la ruta 7, concretar el camino del perilago y construir un acueducto nuevo. Pero cada obra fue licitada por separado.

Esa obra tiene una filosofía particular: el dinero para hacerla proviene del resarcimiento que la Nación le debía a Mendoza por los perjuicios que ocasionó acá la promoción industrial aplicada en San Juan y San Luis. Entonces la intención es que la obra genere valor agregado local; es decir que trabajen empresas, proveedores y trabajadores de Mendoza.

La licitación privilegia a las empresas argentinas y mendocinas. Y una en particular. Le otorga un plus a quien provea turbinas fabricadas en argentina y mejor si es en Mendoza. Allí la empresa IMPSA tiene una enorme ventaja que se traduce en algo concreto. Con la ponderación otorgada, puede ofertar en una situación de comodidad porque la polinómica le permite ofertar un precio más alto y aún así ser competitivo. IMPSA tiene un arraigo particular y es la única empresa local que fabrica turbinas.

El problema, explican desde el sector energético, es que el mismo pliego obliga a que quien aporte las turbinas sea parte del consorcio y no pueda ser proveedor de otro. Así, se sugiere que quien se asocie con IMPSA tendrá una ventaja enorme sobre el resto. Esa “llave de oro” le da un poder extra y por eso prestan atención a quiénes serán los "socios" de la metalúrgica mendocina. 

Todas las cámaras empresarias incluyeron el tema en la carta que le enviaron al gobernador Rodolfo Suarez porque consideran a Portezuelo del Viento como uno de los ejes para el futuro inmediato de Mendoza. Allí piden asegurar el espíritu "enunciado en el pliego de concurrencia, atomización de proveedores, formalización de contratos nominados y establecimiento de un programa de asistencia y apoyo a Pymes" 

En el mismo sentido, las empresas que formaron el Cluster para participar de Portezuelo del Viento aseguran estar preocupadas porque no tienen con quién negociar. El proceso las obliga a ser parte de alguno de los consorcios para participar del pool. En el Ejecutivo reconocen que es probable que se arme un solo consorcio y que la intención es que allí estén incluidas la mayor cantidad de empresas posibles. Claro que eso depende de negociaciones privadas. Y sin competencia, el problema es el precio. El presupuesto oficial es de algo más de 800 millones de dólares. Y Mendoza tendrá disponibles 1.023 millones de dólares.

Hay negociaciones de alto nivel para formar un consorcio del que sería parte IMPSA junto a otras dos empresas mendocinas. Entre las tres podrían cubrir el “cupo” del “compre local” y tener los beneficios que otorga la licitación en ese plano. Para las empresas más chicas no es lo mismo formar parte como contratista o proveedor “nominado” (es decir como parte del consorcio) o ser contratado luego.

Allí entre en juego la tensión por promocionar a las empresas mendocinas; pero no a “un grupo de dos o tres”, sino a todas. Allí hay una clave. La licitación prevé que haya subcontratistas y proveedores nominados, es decir que son parte del consorcio y pondera especialmente a las firmas mendocinas. Por eso las firmas que forman parte del Cluster quieren sumarse al consorcio como “socios”. Pero tienen dudas porque no está claro aún cómo se conformarán los consorcios.

Cuenta regresiva

La obra tuvo cambios. Primero se diseñó con un paredón de material compactado y luego se cambió por un proyecto con muro de de hormigón compactado a rodillo. El pliego de licitación exigía que la empresa que lidere el consorcio tenga como antecedente haber hecho al menos tres represas de esa misma característica en los últimos 15 años. Ninguna firma argentina lo cumplía y casi obligaba a la presencia de alguna constructora china en los consorcios. En medio del proceso se flexibilizó ese requisito para que puedan participar más empresas. 

Portezuelo del Viento se construirá sobre el río Grande y será la primera obra para regular ese curso de agua en el extremo sur de la Provincia.  Estará a  20 kilómetros de la localidad de Las Loicas y a media hora de la ciudad de Malargüe, el embalse será cuatro veces mayor al de Potrerillos.  El compromiso asumido por la Nación es transferir 1.023 millones de dólares para la ejecución de toda la obra. Ese compromiso es en compensación por los perjuicios que sufrió Mendoza por la promoción industrial de las provincias vecinas, en un acuerdo extrajudicial firmado en 2007 entre Julio Cobos y Néstor Kirchner, concretado por Alfredo Cornejo y Mauricio Macri y que le toca ejecutar a Rodolfo Suarez y Alberto Fernández.