Un juicio por negligencia que puede marcar un precedente
El Espacio Contemporáneo de Arte reabrió y, aseguran, reabrió mejor. Claro, imposible poder olvidar que la restauración de su cúpula camufla un hecho de negligencia política y empresaria que destruyó un edificio con valor patrimonial. Pues ahora se confirmó la realización del juicio civil donde se determinará si los responsables de ese daño deben pagar los costos que tuvo que enfrentar el Estado para reparar el daño. Será el 3 de septiembre.
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Es el primer juicio oral para buscar que el estado sea resarcido por un daño de esa magnitud. Los acusados son los empresarios que tenían a cargo la reparación del techo del ECA y los funcionarios de la Secretaría de Cultura que, según la denuncia de Fiscalía de Estado, fueron negligentes al no controlar. La demanda es por cerca de 20 millones de pesos, pero en realidad el monto y las cargas de responsabilidade los establece la propia jueza a cargo del primer juzgado de Gestión Asociada.
Luego del primer período de instrucción, el lunes pasado se realizó la audiencia inicial del proceso donde se pautaron cuáles serán las medidas de prueba a tener en cuenta, los testigos que deberán declarar y otras instancias propias del proceso. Ahora, cada uno debe aportar esos elementos y el 3 de septiembre, en la audiencia de juicio, se ejecutan. Allí mismo se deben presentar los alegatos y la jueza debe dictar sentencia en un plazo de hasta dos meses posteriores.
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El caso toma trascendencia porque Mendoza tiene historia en pérdidas por negligencia o corrupción. Pero tiene nulos antecedentes en la recuperación de los bienes o dinero perdidos. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, aplica "cargos" a quienes son responsables por malos manejos de fondos que generan perjuicio al Estado. Pero en la mayoría de los casos esas sanciones son revertidas por la Suprema Corte. Y recién ahora comenzaron algunos procesos por extinción de dominio en casos que sí tienen un arraigo penal.
En el caso del ECA hubo una causa penal que no tiene acción. La demanda de Fiscalía de Estado es civil.
Tragedia patrimonial
En enero del 2017 un trabajo que parecía rutinario terminó en una tragedia patrimonial. La Secretaría de Cultural pidió la reparación del techo del ECA para evitar que se llueva. Ese trabajo debía realizarse con "membrana en frío" y así se licitó. Pero la empresa contratada, Dela SA, usó sopletes comunes y el techo del lugar se prendió fuego y se destruyó.
En los peritajes realizados por Bomberos y también en el análisis administrativo salió a la luz la cadena de negligencias. Entre otras cosas se usaron materiales y técnicas fuera de lo contratado y no apto para el trabajo sobre un techo de madera. Cultura no controló que se cumplieran las exigencias y la empresa no cumplió con lo contratado.
La licitación original era por menos de 400 mil pesos, pero la destrucción de la cúpula costó 20 millones de pesos. Tras investigar el tema, Fiscalía de Estado presentó una demanda por daños y perjuicios en contra de la empresa Dela SA, Alejandro Balegno y Ana Laura Torrisi (titulares de la empresa); Diego Gareca (ex secretario de Cultura), Laura Tinte, Judit Deliberato y Margarita Videla, todas empleadas de Cultura.
Fuera de lo testimonial, habrá al menos tres peritajes claves. Por un lado, uno contable para evaluar los procesos y los costos. Por el otro, se confirmarán los peritajes civiles sobre los daños y los costos de la obra de reparación. Pero incluso se realizará un peritaje caligráfico de parte de la documentación.
Los socios de la empresa Dela SA arrastra un historial de sospechas de corrupción que no fue tenido en cuenta y en esa obra en particular se detectaron varias irregularidades. Usaron fuego para las soldaduras para ahorrar, contrataron el personal el mismo día del incendio, no tenían seguro (a pesar de la exigencia) y ni siquiera se hicieron cargo de la limpieza del edificio tras el incidente. Fiscalía de Estado también sospecha que hubo vaciamientos y maniobras para no responder por sus hechos. La justicia ordenó un embargo preventivo sobre los bienes de los acusados.