El PJ y un diputado oficialista dieron la espalda al acuerdo con Vale

Sin el PJ, el PD, y hasta incluso con una deserción en el bloque oficialista, la Cámara de Diputados ratificó la adquisición de la mina Potasio Río Colorado en Malargüe.

En concreto, fue ratificado el decreto 1638 del 11 de diciembre de 2020, por el cual se aprobó el contrato de cesión y transferencia a nombre de la Provincia de la totalidad de las acciones que poseía Vale en el emprendimiento Potasio Río Colorado.

El decreto del Poder Ejecutivo establece que “la adquisición del paquete accionario no requiere en sí misma ningún aporte económico por parte del Estado provincial, ni para la transferencia ni para las operaciones subsiguientes de la empresa”, a la vez que pondera la posibilidad de “reactivación de un proyecto que se encuentra paralizado desde 2012”.

Además, el proyecto “podría generar producciones complementarias, relacionadas a subproductos de la producción del Cloruro de Potasio”, alentando “sinergias con el resto de las actividades productivas de la región  especialmente con el polo industrial y de servicios de Pata Mora”.

Más allá de “la incertidumbre reinante en el mercado global de los fertilizantes, existe una demanda insatisfecha en el mercado regional que incluye a Argentina, Uruguay y el Sur de Brasil”, señala el texto.

Este proyecto tuvo mayoría de votos en la Cámara Baja, pero se opusieron Jorge Difonso (UP-FR), Mailé Rodríguez (FIT), Mercedes Llano (PD), Mario Vadillo (CxM) y Pablo Cairo (Protectora).

En tanto, el bloque del FdT-PJ, se abstuvo a la hora de votar.

Silvia Stocco (FdT-PJ), indicó en referencia al femicidio de Florencia Romano que “no pensamos que Vale no sea importante, seguro que será productiva para la provincia, pero en este momento hay otras prioridades. Hay una sociedad que nos reclama justicia”, en referencia al femicidio de Florencia Romano.

A su turno, Jorge Difonso (UP-FR), adelantó su voto negativo haciendo una referencia histórica de Vale y Río Tinto y subrayando que “Potasio Río Colorado no choca con la 7722, pero tampoco es viable ni solución par a Mendoza en esta coyuntura. Dos empresas fracasaron en este intento”, argumentó.

Una vez cumplimentado el proceso en el Senado, los activos serán transferidos a la provincia por un valor económico de 250 millones de dólares, según informó el ministro de Economía, Enrique Vaquié.

Dentro de esos activos, se cuentan 80 mil hectáreas, instalaciones para 3000 personas, con habitaciones, cocina, lavandería, naves industriales, un pequeño aeropuerto “con todas las condiciones de seguridad”, y un camión de bomberos, entre otros. Además, la empresa desembolsará 30 millones de dólares para cubrir los costos a 5 años, aunque según estiman desde el gobierno provincial, podrían ser 7.