Un problema de fondo: a Alberto Fernández no le creen

De fondo se escuchaba el chirrido de la lapicera retráctil. Alberto Fernández, el presidente, hablaba y estiraba su discurso como un alumno al que le quedan pocos datos por mostrar y mucho por convencer. Del otro lado y frente a sus pantallas, la mesa examinadora: los integrantes de la Pastoral Social; algunos sacerdotes que notan que Argentina está en situación de desborde social y otros que son los ojos y oídos de Jorge Bergoglio en Argentina.

El problema es que el "alumno" no convence: Alberto habló tibiamente de un nuevo pacto social, de convocar a todos. Incluso retomó palabras de la propia Cristina al hablar de "pacto social"; pero pasó desapercibido. La sensación es de desgano. Apenas pasaron días desde que Cristina Fernández de Kirchner le dijo lo que estaba mal, lo que debe hacer y que ella no es la responsable. Como si fuera poco, abundaron los gestos de desplante. La foto de la unidad es solo un recuerdo. 

El Presidente habló de la pre pandemia, de la pandemia y la pos pandemia como si fueran puertas que debe cerrar y abrir; compartimentos estancos y no como una continuidad que fluye. La crisis económica y social se vive y se profundizará durante la pandemia. La situación exige cada ves más pericia. En las provincias, las palabras y gestos del Gobierno nacional generan cada vez más incertidumbre. "Nadie sabe lo que va a pasar", dijo uno de los principales asesores de un gobernador oficialista a MDZ. 

Síntomas y un Estado culposo

Latam dejó de operar. Falabella y Walmart buscan compradores para sus negocios en Argentina. Danone recalcula y se achica. Uber y Glovo se achican. Todas empresas grandes que generan empleo en Mendoza y que al achicarse también dejarán desempleo. Pero más aún: las rutas aéreas que se eliminaron representan menos turismo, la crisis de las empresas de retail (en Mendoza son las que más trabajo generan) pueden achicar aún más las opciones. 

El desempleo, saben, es mayor al 15 por ciento que marcan los datos del INDEC y está al nivel del 2002. Por eso, por ejemplo, nadie se anima en Mendoza a aplicar rigor para controlar algunas de las actividades económicas que están por fuera de las normas del Aislamiento Social dispuestas por el presidente Alberto Fernández. Es una "clandestinidad" con acuerdo tácito: jardines de infantes que funcionan a pesar de las restricciones, locales gastronómicos que exceden los límites y hasta canchas de fútbol (ese quizá sea el dato más grotesco) donde se juega "haciéndole trampa" al sistema. 

Las crisis solapadas que se viven generan tensiones y desafíos. La administración de los recursos para la ayuda social es uno de los puntos de conflicto. La ANSES no comparte datos con los municipios y provincias. La Nación sigue transfiriendo ayuda prescindiendo de canales institucionales. Las provincias y municipios aún no tienen una dimensión real del impacto de esa crisis. "Todo lo volcamos a ayuda social. Este año se multiplicó por 4. El año que viene se duplica", se resigna un funcionario provincial. 

El ejemplo de "desmadre" político se notó con las usurpaciones. En la provincia de Buenos Aires es una práctica habitual: se usurpa, se montan barrios precarios y las familias viven con la esperanza de que algún día tendrán servicios. El círculo nunca se cierra y la precariedad se hace habitual. Por eso hay más de 1000 tomas registradas. Lo ocurrido en Guernica desnudó los problemas de gestión social. Lo de Entre Ríos (con Grabois a la cabeza) la falta de conducción política. "El proyecto Artigas es una simulación de rebeldía por la tierra. Por eso la ridiculez de haber puesto plantines de perejil. Grabois ganó igual la pelea política", explican los más críticos en el oficialismo. 

En Mendoza hubo intentos de tomas, pero así como no es "una provincia piquetera", tampoco la usurpación es una metodología de presión que se use con tanta frecuencia. Rodolfo Suarez fue rápido para marcar una diferencia política con la Nación al enfocar el tema desde lo penal: lo consideran delito infraganti. Detrás del maquillaje, en realidad cuando hay alguna problemática así la respuesta es similar a la de Axel Kicillof. La de un Estado culposo que tapa con subsidios las carencias estructurales que no puede solucionar de fondo. Por eso también se pagan alquileres. Por eso se omite tener rigor en algunos barrios asentados en zonas peligrosas o usurpadas. Hoy los municipios de Mendoza y la Provincia pagan cerca de 20 mil pesos por mes durante tres meses a familias que están en emergencia (es solo por tres meses). Pero mucho más para asistir a familias con viviendas precarias (de asentamientos). Si el déficit habitacional es de 100 mil viviendas y el tiempo promedio para construir una vivienda social (desde que se detecta la necesidad hasta que se inaugura el barrio) es de una década; se entiende por qué la respuesta en general es "culposa".