El Gobierno no quiso estar en una reunión que convocó la Corte Suprema sobre delitos de lesa humanidad

El Gobierno no quiso estar en una reunión que convocó la Corte Suprema sobre delitos de lesa humanidad

En medio de la tensión entre el Gobierno y el máximo órgano judicial del país, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, rechazaron la citación del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, a una reunión virtual de la comisión

MDZ Política

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En medio de la tensión entre el Gobierno y el máximo órgano judicial del país, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, rechazaron la citación del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, a una reunión virtual de la comisión que coordina los juicios por delitos de lesa humanidad.

Para Losardo y Pietragalla Corti, “no están dadas las condiciones para que este imprescindible espacio de articulación entre todas las agencias del Estado involucradas en el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país pueda funcionar de modo adecuado”.

"La repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la presidencia de la Corte (ejercida por Rosenkrantz), tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos, que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no deja de resultar oportunista”, señalaron ambos funcionarios en una carta abierta que se difundió en las últimas horas.

Los funcionarios ahondaron en sus críticas hacia el desempeño de la Corte Suprema y aseguraron que "a partir de la última reunión realizada (23 de septiembre de 2016) el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso".

"Es sabido que el letargo en el que se encuentran sumergidas estas causas, muchas de ellas pendientes de un fallo de la Corte Suprema hace varios años, implica necesariamente la consolidación de la ‘impunidad biológica’, por la cual los responsables de estos aberrantes delitos mueren sin condena; y las víctimas y familiares también fallecen sin alcanzar la justicia que el Estado les debe garantizar como forma de reparación”, agregaron los funcionarios en el texto.

Este desplante del Gobierno tiene lugar luego de las críticas por parte de dirigentes del oficialismo hacia Rosenkrantz y los integrantes de la Corte Suprema que, incluso, promovieron la posibilidad de avanzar en proyectos de juicio político.

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