Por qué aumenta el agua sin mejorar el servicio

La tendencia pendular de Argentina y en particular de la dirigencia puede marear. El caminar desorientado se nota, incluso, en la gestión de temas sensibles como los servicios públicos. Pues es así: según el pie con el que se levante quien conduce, puede ser estatista o privatizador; tener una visión de mercado o de distribución.

Ejemplos sobran y ocurrió en Mendoza, por ejemplo, con la privatización y posterior estatización  del servicio de agua y saneamiento. La empresa Obras Sanitarias Mendoza dependió del Estado nacional, de la Provincia, fue privada con capitales extranjeros, se sumaron empresarios mendocinos del rubro inmobiliario que buscaban su propio beneficio, la empresa entró en crisis por falta de inversión y el servicio siempre fue en decadencia.

También con el servicio eléctrico, que fue privatizado también con capitales extranjeros, luego pasó de manos a empresas gestionadas por mendocinos pero que tienen arraigo legal fuera del país y que también tuvieron como eje generar dinero antes que “vender calidad de servicio”.

El agua como bien

En 2009 el servicio de agua y saneamiento fue intervenido por la mala calidad de la prestación y luego el gobierno de Celso Jaque le quitó la concesión a OSM, creó la empresa Aguas Mendocinas (Aysam) y le transfirió la gestión del agua y el saneamiento. No vino sola esa decisión, pues de manera automática se escalonaron fuertes aumentos para buscar mejorar el servicio y el equilibrio de una empresa “nueva”, pero que tenía un capital envejecido y de mala calidad.

Desde entonces fue necesario siempre el aporte extra del presupuesto de la provincia para el sostenimiento de la empresa, sin que haya mejoras sensibles en la calidad del servicio. Recién en los últimos dos años hubo inversión pública fuerte en mejorar las plantas potabilizadoras, también con presupuesto provincial. De hecho, por ejemplo, la planta Alto Godoy debería estar fuera de servicio. Ese era el plan original hace décadas. Pero, claro, había que reemplazarla por otra más moderna.

La situación de crisis hizo que el gobierno no pudiera incluir a la tarifa del agua en el congelamiento de tarifas. El aumento decretado por el Gobierno supera el 100% y es un nuevo intento de buscar la “convergencia tarifaria”; para que a mediano plazo la empresa sea sustentable económicamente. Vale decir que ese incremento irá a parar al financiamiento de gastos corrientes y para el funcionamiento operativo ordinario. Para que haya obras, se prevé un aumento extra del 20%.

Desde la reestatización del servicio siempre se buscó “equilibrar gradualmente” el déficit operativo de la empresa; objetivo nunca logrado. Funcionarios "variopintos" han pasado por esa empresa; desde el ingeniero Rolando Baldasso; hasta el economista Alejandro Gallego. 

La propia empresa, en un informe ampliamente conocido, explica cómo está el servicio:  el sistema de distribución de agua "de un total de 4.550 km de red encontramos un 30,56% en buen estado, 21.88 % desconocido, 37,37 % regular y 9,80 % malo". En el caso de las cloacas, "de los 2.955 km de sistema colector para toda el área de concesión de AYSAM, tenemos un 45,01% en buen estado, 12,61 % desconocido, 5,83 % regular y 36,55% malo".

El volumen de inversión necesaria para mejorar los servicios públicos requieren ayuda estatal; el Estado es el único que tiene la capacidad de hacer esas inversiones enormes sin que ello repercuta de manera brutal en el costo de un servicio básico como el agua. Pero en Mendoza en una década de gestión estatal (con subsidios frecuentes y pago de tarifa con aumento de parte de los usuarios) el vuelco de recursos no se ha traducido en mejoras sensibles para los usuarios.

El problema es que en la visión pendular que ninguna de las dos visiones de los extremos del péndulo han funcionado en la gestión de los servicios públicos. Ni en la que el bien a administrar, en este caso el agua, era tomado como un bien de mercado y solo se buscaba la ganancia económica o el beneficio particular; ni tampoco en la empresa estatal “fofa” que no resuelve. Puede haber un modelo sensato: el de empresas (públicas o privadas) cuyo negocio sea dar un buen servicio. Parece simple, pero en Mendoza es un desafío monumental.