Escándalo en INV: sigue trabajando una empleada que vendía títulos truchos

Una vieja causa penal que involucra a empleados del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en la producción y utilización de certificados de estudio truchos está hace años en trámite en la Justicia Federal.

El expediente por fraude a la administración pública y falsificación de documentos se encuentra en el Tribunal Federal Oral Número 1 desde octubre del año pasado, en etapa de producción de pruebas. A pesar de los años de investigación, todavía no se fija una fecha para el juicio.

Cuenta en este sentido con un lapidario fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de 2016 y hay un requerimiento de elevación a juicio del 4 de junio de 2017. Pero el descubrimiento de las maniobras en el INV tiene mucha más antigüedad: data de 2010.

El origen de este silencioso caso fue una auditoría del propio INV, realizada en aquel tiempo, que detectó irregularidades en los legajos del personal.

Concretamente, el expediente judicial habla de certificaciones y títulos secundarios y terciarios apócrifos, que fueron generados en la Gerencia de Fiscalización del instituto para permitir la continuidad laboral de varios empleados que no contaban con esos antecedentes.

La Justicia Federal procesó por ello a una empleada del área de Fiscalización llamada Laura Gallardo y a los empleados que recibieron los títulos y certificados que ella "falsificaba a cambio de un precio", según se lee en el expediente judicial.

Gallardo, a pesar de esta grave denuncia, siguió trabajando en el INV. Y a casi 10 años, continúa en el mismo lugar: la gerencia de Fiscalización del instituto.

Carlos Tizio, actual presidente del INV, aclaró a MDZ en este sentido que la empleada procesada "no está en el manejo de personal" y afirmó: "Hasta que no se compruebe en la Justicia su culpabilidad, no se puede hacer nada más".

Tizio reconoció a la vez que la empleada "podría haber sido cesanteada" en el INV a partir de la investigación administrativa. Aunque dijo que, ahora, sólo puede esperar el resultado del juicio, porque de lo contrario ella podría hacerle un juicio al Estado.

Enviar el caso a la Justicia penal sin remover a Gallardo de su puesto en el INV fue una decisión que tomó un antecesor suyo: el contador Guillermo García.

García fue presidente del INV cuando gobernaba el justicialismo y la imputada tiene familiares en ese partido: es prima de la ex senadora del PJ Miriam Gallardo.

Sin embargo, el ex presidente del INV aseguró que nunca tuvo presiones políticas ni protegió a Gallardo para evitar que perdiera su trabajo.

"Era un sumario tremendo con acusaciones cruzadas. Yo tomé la decisión de ir a la Justicia penal para que se terminara de investigar, porque consideré que no teníamos en el INV la capacidad de determinar las responsabilidades de los acusados", afirmó García, en respuesta a la consulta de MDZ.

Argumentos contundentes

No obstante, la maniobra de dar títulos secundarios y terciarios falsos por plata para cumplir con condiciones de contratación que estableció el INV en 2008 ha sido muy evidente para el actual titular del organismo y para la propia Justicia.

Tizio sostuvo que, en el inicio de esta historia, durante una auditoría de control de legajos del personal, se verificó el nivel de estudios y se descubrió que había "irregularidades explícitas".

En tanto, el 22 de setiembre de 2016, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza rechazó una apelación y confirmó el procesamiento sin prisión preventiva que había fijado antes el Juzgado Federal Número 1, para Gallardo y un grupo de empleados del INV que tenía títulos falsos: Elsa Fontemacchi, Gustavo Ramón López y Edgardo Segovia.

Aquella resolución detalla que la denuncia judicial fue formulada inicialmente por los doctores Gabriel Bertranou y Carlos Rufino Palma, en representación del INV.

Esa denuncia de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del INV abarcaba, además de Gallardo y los empleados mencionados, a Valeria Herrera y Mauricio Herrera. Algunas de estas personas ya no trabajan en el organismo.

La resolución de la Cámara Federal indica, entre otras cosas, que Gustavo Ramón López nunca obtuvo el título de "perito mercantil con especialidad auxiliar contable", como rezaba el certificado analítico que figuraba en su legajo del INV. Consigna también que tampoco Valeria Herrera terminó sus estudios en Mar del Plata para convertirse en "analista en calidad de alimentos", como decía su foja laboral.

Los distintos títulos, certificaciones y declaraciones juradas presentados al INV fueron cotejados con lo que informaban las casas de estudio y ahí saltaron "diferencias", dice la resolución judicial, a partir de "prueba documental, informativa y testimonial" de la propia UAI del INV.

La resolución señala también que, en la época en que se recibieron los presuntos títulos apócrifos, las tareas específicas de Gallardo eran "recibir antecedentes del personal" y "confeccionar los respectivos legajos".

Figuran en el texto algunas declaraciones testimoniales que agregan más elementos. Por ejemplo, la de un jefe de Recursos Humanos que especificó que el convenio colectivo de trabajo puesto en práctica el 1 de diciembre de 2008 en el INV imponía al personal nuevas exigencias académicas para mantener su trabajo.

Es el caso de Valeria Herrera, quien hasta esa fecha necesitaba solamente el secundario completo, pero después de entonces, tenía que acreditar un título terciario o universitario.

Gallardo no sólo tenía la responsabilidad de tomar "recaudos míninos" con la documentación de los legajos, sino que, para la Justicia, algunos testimonios de los propios imputados revelaron "el modus operandi que la señora Gallardo empleaba para la obtención de su certificado analítico y cómo les cobraba por ello".

"Todos consintieron en la realización de la maniobra y abonaron el dinero que Gallardo les cobraba por ello", dice la resolución en otro de sus tramos contundentes. También señala en una parte que las declaraciones y datos "revelan la maniobra delictiva mediante la cual (Gallardo) falsificaba los certificados a cambio de un precio".

Los títulos falsos no les permitieron a los empleados mejorar sus remuneraciones, pero sí conservar un trabajo para el cual no tenían "la idoneidad exigida por el organismo", según reza la resolución judicial de 2016.

Los argumentos de este fallo son fuertes y hasta en tribunales federales se reconoce que la causa por los títulos truchos del INV "demoró mucho en la instrucción".

Pero ese es un tema en el que los funcionarios actuales del INV no quieren meterse: "No me consta que haya un cajoneo de la causa, la Justicia tiene sus tiempos", afirmó al respecto el presidente Tizio.

Leé aquí abajo el fallo de 2016: