Demanda millonaria contra empresarios y funcionarios por el incendio del ECA
El Fiscal de Estado presentó una demanda por daños y perjuicios contra los directivos de la empresa que incendió el ECA. Pero también reclama que los funcionarios respondan con su patrimonio por los daños. Por eso incluyó a Diego Gareca y a dos funcionarias en la demanda.
El ECA, el principal espacio de arte de Mendoza, se llovía y había que impermeabilizar la cúpula. Era una licitación menor y una tarea de mantenimiento cuyo presupuesto no superaba los 400 mil pesos. Pero debía hacerse con “membrana en frío”, sin usar calor por el riesgo de incendio. Así lo decían los pliegos. Pero no se cumplió y se adjudicó a una empresa que hizo lo contrario. El resultado fue un desastre. Se prendió fuego la cúpula, se inutilizó el ECA y el costo de los arreglos superan los 20 millones de pesos sin tomar el valor patrimonial de lo perdido.
Ahora buscarán recuperar ese dinero perdido por negligencia a través de una demanda inusual: el Fiscal de Estado Fernando Simón demandó a la empresa y a los funcionarios de la Secretaría de Cultura para que paguen el daño que provocó la negligencia con la que actuaron. La denuncia es por daños y perjuicios y supera los 21 millones de pesos. Ese acto tiene pocos precedentes y apunta a tomar la nueva impronta sobre la responsabilidad personal de empresarios y funcionarios sobre los actos que llevan adelante.
Fiscalía de Estado demandó a los directivos de la empresa Dela SA, Alejandro Balegno y Ana Laura Torrisi, al secretario de Cultura Diego Gareca y a la línea administrativa de esa repartición, que incluye a Margarita Videla, María Laura Tinte y Judit De Liberato.
A Gareca, el funcionario de mayor rango entre los acusados, lo culpan por negligencia por un dato clave. Es que avaló con su firma la adjudicación de un método que no estaba previsto en los pliegos. Cuando se llamó a licitación se pedía una reparación con membrana en frío. Se presentaron tres oferentes y se adjudicó a la empresa Dela SA, que en su oferta mencionaba que iba a usar membrana convencional, con uso de sopletes. Se licitó una cosa, y se adjudicó otra. La firma de ese aval es lo que complica a Gareca y puede hacer que responda con su patrimonio por los daños ocasionados.
La demanda ingresó al Primer Juzgado de Gestión Asociada (fuero civil) el 28 de diciembre y no tuvo movimientos por la feria judicial. Esta semana sí comenzará el proceso que, como indica el nuevo Código Procesal Civil, incluye audiencias orales donde se buscarán conciliaciones, se ofrecerán pruebas y testimonios.
Casi no hay antecedentes de demandas civiles para exigir reparaciones de daños provocados al Estado. En principio no se trata de un caso de corrupción, pero sí de negligencia. Sin embargo las ramificaciones que tiene la empresa Dela sí permite atar cabos con otras causas que lleva la justicia penal.
En el Gobierno aún no son notificados oficialmente de la demanda, pero sí hay funcionarios que lo esperaban. Por un lado porque la investigación de Fiscalía de Estado ya tenía estado público y el camino iniciado apuntaba a la demanda civil. Y además para armar la denuncia se solicitaron informes a distintos organismos del propio Ejecutivo.
Ante la consulta de MDZ no hubo evasivas. Por el contrario, reconocieron que hubo una cadena de negligencias, pero su visión es que es la empresa la que debe responder por el daño ocasionado. “Era una licitación menor para reparar un edificio que estaba en muy mal estado, como el resto del patrimonio cultural cuando asumió la nueva gestión. Hay responsables directos en el control del cumplimiento de los contratos y contrataciones. Pero es la empresa la que tiene que responder y ellos se hicieron responsables cuando ocurrió”; explicaron desde el Gobierno.
Gareca es un funcionario de máxima confianza del gobernador Alfredo Cornejo y forma parte de su equipo desde que era intendente de Godoy Cruz. Por eso lo respaldó con el incendio y luego con el escándalo de la grúa.
Cadena de negligencia
El Espacio Contemporáneo de Arte funciona en el edificio del ex Banco Mendoza y además de ser uno de los pocos lugares destinados a las artes plásticas tiene un valor patrimonial particular.
Ese edificio es compartido con el Senado y arrastraba un deterioro importante. En enero del 2017 se inició la reparación y una cadena de negligencias. Se licitó membrana en frío, pero se adjudicó un sistema tradicional. Los socios de la empresa Dela SA arrastra un historial de sospechas de corrupción que no fue tenido en cuenta y en esa obra en particular se detectaron varias irregularidades. Usaron fuego para las soldaduras para ahorrar, contrataron el personal el mismo día del incendio, no tenían seguro (a pesar de la exigencia) y ni siquiera se hicieron cargo de la limpieza del edificio tras el incidente.
El fiscal de Estado Fernando Simón no va solo contra la sociedad, que tiene un capital casi nulo, sino que busca que los socios respondan. Por eso demandó a Alejandro Balengo y Ana Laura Torrisi, los dueños de esa y otras empresas que crearon para hacer negocios con el Estado. Para Simón el caso de Dela esconde una cadena de fraudes para enriquecerse.
A Gareca lo acusan por ser la cabeza de lo que consideran la cadena de negligencias. Primero, por haber nombrado personal poco apto para analizar las ofertas y controlar. Pero sobre todo por haber firmado la adjudicación a una empresa que no cumplía las exigencias de los pliego sy que ponía en riesgo el patrimonio. Para el Fiscal, la irregularidad fue flagrante: exigieron una cosa en el pliego, pero contrataron lo contrario. “Cumplió de forma irregular y con grave negligencia e impericia las obligaciones legales inherentes a su función de Secretario de Cultura de la Provincia”, dice la demanda.
La titular del ECA, María Laura Tinte, también quedó involucrada por haber avalado esa licitación y hasta haber firmado un acta en la que decía que el oferente “cumplía con las exigencias”, cuando eso no era cierto. Margarita Videla, que era parte de la comisión de pre adjudicación, también es considerada como parte de la cadena de mal desempeño. La Directora de Administración de la Secretaría, Judit Deliberato, también fue acusada por el fiscal por “no haber controlado efectivamente a sus subordinados”.
La demanda es por 21 millones de pesos y en ese presupuesto se incluyen los gastos por el plan de contingencia, que costaron $ 3.821.979 y la reparación y reconstrucción del edificio, que estaba presupuestado en $17.563.921. Sin embargo la cifra queda abierta porque puede incluir otros daños, como lo reclamado por los artistas cuyas obras fueron dañadas.
Los hechos ocurrieron el 18 de enero del 2017. Y hay datos de contexto que juegan en contra de los demandados. En el caso de Gareca, solo dos meses después tuvo otro incidente en el que quedó en duda la pericia del equipo de Cultura: una grúa se cayó sobre las gradas del Teatro Griego y fue postergado el acto central de la Vendimia. En el caso de la firma Dela SA las sospechas son aún más concretas: son los mismos dueños de Masterfull, la empresa de limpieza acusada de ser parte de una trama de corrupción a través de sobrefacturación al Casino de Mendoza, durante la gestión anterior.
