Interrogantes detrás del pedido de desafuero al senador Romano

Interrogantes detrás del pedido de desafuero al senador Romano

Una fiscal lo acusó de haber cometido un "atentado a la autoridad", pero el hombre de Protectora dice que es víctima de una maniobra política. El lunes se defenderá ante sus colegas en una reunión secreta y pedirá que no le quiten la inmunidad, lo cual impediría que la fiscal lo siga investigando.

Juan Carlos Albornoz

Juan Carlos Albornoz

El caso del senador de Protectora Marcelo Romano abre unos cuantos interrogantes políticos e institucionales.

¿Qué destino tendrá el pedido de desafuero de una fiscal en su contra? Una medida así, en Mendoza, es por lo menos un hecho inusual. Hay que remontarse varios años atrás para encontrar un caso al menos parecido al actual.

El antecedente más cercano es el de la senadora peronista Esther Pedernera, quien en 2006 fue denunciada en la Justicia por el cobro indebido de viáticos para viajes. En medio del escándalo, la legisladora pidió su propio desafuero para que la Justicia la investigara y la Cámara Alta lo aceptó.

Pedernera primero se tomó una licencia y después renunció a la banca. El caso en la Justicia se resolvió recién en 2010, cuando fue encontrada culpable de fraude al Estado. Recibió una pena de 2 años de prisión en suspenso, aunque el aspecto más duro de la pena fue la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Romano, a diferencia de Pedernera, está lejos de aceptar que le quiten la inmunidad que tiene como senador. Dice que es víctima de una operación política y hará todo lo posible por frenar el pedido de la Justicia.

El legislador fue acusado por protagonizar un enfrentamiento verbal con policías en la vía pública el 11 de agosto pasado. Salió en defensa de su hija en un operativo vial, del cual la rescató. Por ello fue acusado de cometer un "atentado a la autoridad" por la fiscal correccional Gabriela García Cobos.

Podrían aplicarle una pena de entre seis meses y dos años, si es culpable, de acuerdo con el delito que le imputó García Cobos. La Justicia ha tomado muy en serio el altercado, pero Romano dice que hay una persecución en su contra, generada a partir de su pelea con el gobernador Alfredo Cornejo y su férrea oposición a que el oficialismo consiga la reforma de la ley 7722 que restringe la minería metalífera.

El Senado tiene que resolver a quién le da la razón y algunos legisladores están nerviosos. Si el caso llegara al recinto, el pleno de la Cámara Alta deberá votar para permitir que a Romano lo investigue la Justicia o para bloquear el pedido de la fiscal.

Hay un detalle que confirma lo poco común que es este caso. Se han hecho muchas reformas de los reglamentos de las cámaras de Diputados y Senadores, pero, llamativamente, a nadie se le ocurrió nunca reglamentar cómo debe realizarse el proceso ante un pedido de desafuero que afecte a un legislador.

La comisión del Senado que debe emitir un dictamen sobre el caso Romano antes de la votación en el recinto es la de Legislación y Asuntos Constitucionales. LAC, que está presidida por el radical Marcelo Rubio, un legislador muy cercano al gobernador electo Rodolfo Suarez, iba a tomarse su tiempo para decidir qué hacer. El argumento era, precisamente, la inexistencia de un reglamento para el proceso de los pedidos de desafuero y el ejercicio del derecho de defensa del legislador, entre otras cosas.

Pero esta semana, fue el propio senador acusado quien tomó la iniciativa y apuró los trámites. Romano reclamó una reunión con los integrantes de LAC para defenderse personalmente de la acusación en su contra. Sus miembros recibieron la nota y aceptaron el miércoles el pedido: la comisión tratará el caso este lunes con el propio Romano presente.

También es muy poco común, pero la reunión legislativa del lunes tendrá carácter de secreta, por tratarse de un pedido de desafuero. Ni siquiera los asesores estarán presentes y mucho menos la prensa.

¿Cómo seguirá la historia después de este encuentro? Nadie lo sabe: "No tenemos una posición tomada y lo tenemos que ver bien, el bloque se va a reunir y decidirá", anticiparon fuentes de la bancada de la UCR en estos días.

Mientras esperar el desenlace, Romano no se cansa de denunciar a Cornejo como autor intelectual de las denuncias. No son días tranquilos para él. A la par del desafuero, un sumario administrativo del Gobierno provincial lo escrachó por tener dos cargos reservados en el Estado, lo cual está prohibido.

Romano se defiende de todo con el mismo argumento: “Acá, si te peleás con Cornejo, seguro terminás en cana”, sentencia.

Pareciera reconocer que algún entredicho tuvo con la Policía el 11 de agosto, aunque, en su opinión, podrían atribuirle, como máximo, una contravención. Nunca un delito.

En cualquier caso, Romano se sorprende de la velocidad de la Justicia: “El pedido de desafuero fue exprés”, afirma.

No se priva de denunciar el senador de Protectora que, a su juicio, hay legisladores con coronita. Apunta en especial contra alguien que acaba de dejar de serlo: Miguel Bondino.

El ex legislador cornejista también aparece en una causa judicial importante contra la conducción del Instituto Provincial de Juegos y Casinos durante el gobierno peronista de Paco Pérez.

Bondino formó parte de ese directorio, que fue acusado por el pago de sobreprecios a una empresa de limpieza. Era el representante de la oposición, pero "a él nunca nadie le pidió el desafuero", se queja Romano.

A pesar de sus quejas, con quorum propio en la Legislatura, el oficialismo no tendría problemas para quitarle los fueros a Romano. Pero no se sabe qué va a pasar.

En el medio, han asomado otras preguntas que no tienen que ver exclusivamente con el hombre de Protectora, Por ejemplo: ¿Es correcto que los legisladores tengan fueros tan potentes para protegerse de la Justicia?   

La inmunidad que les concede la vieja Constitución mendocina a los legisladores es más amplia que la que tienen los propios legisladores nacionales: un integrante de las cámaras ni siquiera puede ser citado a declarar por un fiscal mientras está ocupando una banca.

Dice la Constitución en su artículo 96 que los legisladores "gozarán de completa inmunidad en su persona, desde el día de su elección hasta el de su cese, y no podrán ser detenidos por ninguna autoridad, sino en caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de un delito que merezca pena de prisión, en cuyo caso debe darse cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho, para que ésta resuelva lo que corresponda sobre la inmunidad personal".

Por lo tanto, en Mendoza, si la Legislatura rechaza un pedido de desafuero, el fiscal no puede seguir investigando hasta que el legislador termine su mandato.

En cambio, la Constitución Nacional no frena un proceso judicial contra legisladores nacionales que no hayan perdido sus fueros. Ha sido el caso de Cristina Kirchner, para quien el juez Claudio Bonadío pidió el desafuero con prisión preventiva. El Senado Nacional no trató el pedido, pero la Justicia siguió con la investigación.

Esta diferencia, dicen, hace ruido. "Es una de las cosas que hay que modificar para que los legisladores tengan inmunidad de arresto, pero no de proceso,", dicen algunos referentes de la Legislatura.

La pelota queda picando en la cancha del gobernador nuevo. Suarez ha prometido, precisamente, la reforma constitucional ¿Se meterá con los fueros de los legisladores cuando aborde la discusión?

Aunque la pregunta más urgente, por ahora, es otra: ¿El Senado le quitará los fueros al senador Romano o, en cambio, lo protegerá del asedio judicial?   

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