Suarez buscará retomar la iniciativa política tras la ley minera

“Al final es más osado de lo que pensamos”, decía un funcionario del gobierno anterior sobre Rodolfo Suarez. Y hacía referencia al abordaje que le dio en la campaña electoral a la propuesta de impulsar la minería metalífera en Mendoza, un tema que parecía tabú. Más valor tomó la premisa el 10 de diciembre, cuando el Gobernador firmó el proyecto de modificación de la ley 7722 como primera medida de gobierno; medida que le generó un conflicto que no tenía mensurado. Suarez estaba preparado para “recibir escraches y presiones”. Pero la magnitud de las protestas no estaba en su radar.

El freno puesto por Suarez dejó inestable a parte de su estructura política porque hasta pocos minutos antes de la conferencia de prensa muchos adherentes seguían “militando” la decisión de acelerar con el tema. También a quienes trabajan en la reglamentación de la ley. De hecho, hay un borrador avanzado donde se agregan controles, restricciones y exigencias a las empresas mineras que quieran desarrollar esa actividad.

Los equipos técnicos que trabajaron en el tema cuando comenzó a macerarse la decisión confían en que podría ocurrir lo mismo que con el fracking, es decir que tras la elaboración de la reglamentación pueda conseguirse aval. El contexto, sin embargo, es distinto.

En el oficialismo entienden que el parate propuesto por Suarez puede servir para enfriar el tema y dejarlo a un costado. En esa lógica, creen que es vital recuperar la iniciativa política con otro tema. Aunque el contexto juega en contra, pues la agenda urgente no es positiva. Un presupuesto con pautas restrictivas y necesidad de acuerdo con la oposición y negociaciones paritarias sin cláusula gatillo que probablemente tengan destino de decreto, son algunos de los problemas que se ven en el horizonte cercano del gobierno.

Uno de los caminos para retomar la iniciativa podría tener que ver con las obras públicas. "Hay que estar tranquilos, enfriar el tema y esperar. Convocamos a todos los sectores para mejorar la reglamentación y que se haga minería en los lugares donde hay acuerdo. Esa es la voluntad. Pero Mendoza necesita avanzar", aseguraba ayer un funcionario. 

¿Error de lectura?

En el anuncio del freno a la reglamentación de la ley, Rodolfo Suarez dijo algunas verdades y mentiras. Es real que la viralización del rechazo a la modificación de la ley 7722 estuvo cargado de datos engañosos; así como también esa norma no fue una herramienta eficiente para cuidar el agua en Mendoza más allá de la restrucción a la minería. Pero también es real que la minería no será la actividad que mágicamente sacará de la pobreza al 40% de la población a la que se refirió el Gobernador.

Probablemente el choque de dos mensajes extremos y engañosos sean los que condenen al fracaso cualquier intento de diálogo.

Cuando Alfredo Cornejo asumió en 2015 aprovechó para tomar decisiones duras y con posibles costos políticos en los primeros días. Pero eran conflictos encapsulados a sectores puntuales, como los gremios, y con una variable clave que jugaba a su favor: la reacción social. Es probable que Suarez haya entendido que el rechazo a la minería también era un problema encapsulado en las asambleas y grupos defensores del ambiente y por eso la masividad de las protestas lo haya tomado por sorpresa. Eso, según analizan en el Gobierno, en base a “mentiras y datos falsos” que se replicaron de manera inconmensurable.

Si Cornejo se enfrentaba a grupos identificados, con conflictos encapsulados y sin posibilidad de reacción social; Suarez lo hace con un colectivo mucho más dinámico y amorfo en lo político; sin interlocutores representativos de ese sector plural y difícil de conducir. 

Ley de glaciares, el otro tema

El error de lectura política no fue solo del oficialismo. De hecho el PJ fue quien primero impulsó las reformas de la 7722. En campaña, tanto Suarez como Anabel Fernández Sagasti se comprometieron ante las cámaras empresarias a desarrollar esa actividad y en la Legislatura lo ratificaron con el voto.

Incluso la intranquilidad por la reacción ante el tema trasciende Mendoza, aunque difícilmente lo reconozcan en el Gobierno nacional. Es que la minería es una de las actividades a las que Alberto Fernández también apuesta como actividad económica y en ese camino también tiene obstáculos legales. No es nuevo: buena parte de la dirigencia política quiere impulsar, por ejemplo,  una reforma de la nacional ley de glaciares. Esa norma tiene alcances proteccionistas de las cuencas hídricas mayores que la ley provincial 7722.

La ley de glaciares incluso tuvo un tránsito similar a la norma mendocina. Fue sancionada, luego vetada por Cristina Fernández y vuelto a sancionar. El inventario de glaciares estuvo a cargo del IANIGLA con una fuerte conducción de científicos mendocinos que generaron el primer mapa de glaciares de Argentina que también es el mapa de la restricción a la minería en esa zona. El intento legal por declarar inconstitucional la norma fracasó y por eso buscan modificarla. Por eso la reacción ocurrida en Mendoza no pasa desapercibida.