Argentina cuestionó en la ONU las sanciones impuestas a Venezuela

El Gobierno argentino cuestionó esta mañana las sanciones que los Estados Unidos y países de la Unión Europea impusieron a la dictadura de Nicolás Maduro por la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela. El hecho tuvo lugar en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de Naciones Unidas) luego de que Michelle Bachelet, Alta Comisionada, actualizara su informe sobre la represión en la nación latinoamericana.

La exposición argentina estuvo a cargo del embajador Carlos Mario Foradori, representante permanente extraordinario y plenipotenciario ante ese organismo, tras la ponencia de la ex presidente chilena. “Agradecemos a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Argentina apoya la intervención conjunta pronunciada minutos atrás por el Perú en nombre de un conjunto de países proponentes y copatrocinadores de la resolución 42/25. Al respecto, mi país desea manifestar que nuestra preocupación debe incorporar la dimensión de los derechos económicos, sociales y culturales. En tal sentido el impacto de las sanciones económicas, comerciales y financieras sobre la economía venezolana es indubitable teniendo efectos concretos sobre la población más vulnerable. Muchas gracias, señor presidente”, aseguró Foradori.

De esta forma, la Argentina sólo apoyó la declaración manifestada por Perú, a nombre de un grupo de países miembros del Grupo de Lima, pero no la suscribió.

La resolución a la que hace referencia Foradori es la que lleva fecha de septiembre de 2019 en la que se relatan las atrocidades que comete el régimen conducido por Maduro. Todos los informes de Bachelet hicieron mención al impacto que las sanciones económicas contra miembros del régimen podrían tener sobre la economía de la dictadura. 

Perú, en tanto, fue mucho más contundente en su apoyo al actualizado informe de la ONU. En nombre de los países que conforman el Grupo de Lima, señaló: “Una vez más escuchamos la descripción de las innumerables violaciones y abusos de derechos humanos que se cometen diariamente en Venezuela y la grave situación de millones de personas en ese país. La aguda crisis social, política y humanitaria desencadenada hace varios años ha llevado a que más de 4.6 millones de personas hayan dejado su país en los últimos cuatro años y que miles lo sigan haciendo”, dijo la embajadora Silva Elena Alfaro Espinosa.

El nuevo informe de Bachelet

Bachelet presentó este miércoles una actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Pidió la libertad del diputado Juan Requesens, informó que su oficina logró visitar a más de 70 personas encarceladas por el régimen de Maduro y estableció nueve áreas de cooperación técnica con instituciones del gobierno. También afirmó que su oficina ha seguido documentando presuntas ejecuciones extrajudiciales de las FAES.

También dijo que su oficina “ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad (109 hombres y nueve mujeres), que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación, y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena. Estos casos se han puesto a consideración del Comité de Coordinación inter-institucional. Destaco la excarcelación en septiembre y octubre de 28 personas (24 hombres y cuatro mujeres) privadas de libertad por motivos políticos e insto a las autoridades a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a militares. Reitero mi llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens”.

Por último, recordó que este mes se inició el juicio por el intento de magnicidio contra el Presidente Maduro, “por el cual están siendo juzgados 14 hombres y tres mujeres. En las primeras sesiones solo se permitió el acceso de las partes y algunos familiares a la sala de la audiencia. Restricciones similares se presentaron en la primera audiencia de juicio en contra del que era director del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero. Insto al poder judicial a garantizar el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad”.