Próvolo: la condena política y qué hay detrás del silencio del papa Francisco

“Por el secreto que establece en canon 1717 y el Concordato de 1966 no podemos dar información”. La frase era automática y transparenta el blindaje que la Iglesia católica tiene en Argentina y gran parte del mundo para hacerse cargo no de los pecados, sino de los delitos que cometen sus integrantes.

La causa judicial por los abusos sexuales ocurridos en el Próvolo de Mendoza cayó en la misma lógica. Ni siquiera la condena a más de 40 años de cárcel contra dos sacerdotes movió esa estructura. Ni el papa Francisco, ni ninguna autoridad jerárquica de la Iglesia se pronunció o hizo alguna autocrítica por los horrores cometidos por sacerdotes en esa institución.

Incluso, según publicó el diario La Nación, esperarán a que se termine el proceso judicial civil y penal para evaluar los pasos a seguir y avanzar con el juicio interno de la Iglesia. Raro, pues la justicia canónica es independiente de los procesos republicanos. El Concordato de 1966 es la vía de escape, pero en Mendoza fue declarado inconstitucional. Y se pondera como norma superior a la Declaración Universal de los Derechos del Niño.  

Las intervenciones del enviado del Papa y el encargado interno de investigar el tema (Dante Simón y Alberto Bochatey) no aportaron nada y complicaron más la relación institucional. 

Tras la condena penal, se abre el capítulo político. Incluso podría involucrar a la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, conducida por Julio Cobos, y a Cancillería. El extremo que podrían pedir es la “denuncia” del Concordato; es decir su disolución. Difícilmente eso ocurra, por la relación hay entre el gobierno que viene y el papa Francisco. Pero sí podría avanzar la vía judicial: hay probabilidades de que algunas víctimas de Mendoza declaren en Italia. Además, existen testimonios de víctimas que mencionan haber sido abusados por sacerdotes. Pero no identifican ni a Corbacho, ni a Corradi.

Doble estándar

La Iglesia católica administra una religión con una enorme organización y burocracia; con sede principal en el Estado del Vaticano y cuyos líderes tienen una fuerte influencia en el resto del mundo. Pero también busca mantener el intangible monopolio de la fe de sus seguidores. La condena a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi genera una repercusión enorme porque se trata de una sentencia de la justicia ordinaria de una provincia que pudo avanzar juzgar a integrantes de una institución que tiene un importante blindaje legal y diplomático en Argentina y el mundo. De hecho, es la primera vez que se relata cómo de manera sistemática los curas del Próvolo cometían los abusos y aprovecharon los cascarones de protección que la propia iglesia les daba.

Los dos sacerdotes condenados no han recibido sanción interna en la Iglesia y desde el Poder Judicial aseguran que tuvieron problemas para acceder a la información. Y en paralelo el proceso canónico tampoco avanzó. La iglesia tiene su propio sistema jurídico y ese es el camino hallado para intentar desviar cualquier investigación. Primero buscan que haya justicia canónica. El Próvolo de Mendoza fue cerrado y los curas condenados en primera instancia. Ahora podrán apelar ante la Suprema Corte (que tiene a cargo la casación) y en su defecto a la Corte nacional.

Ni el Arzobispado, ni la “casa madre” del Próvolo en Italia tienen por ahora condenas. Ni por encubrimiento, ni por complicidad. Pero la justicia de Mendoza investiga en paralelo esa línea por la denuncia de Sergio Salinas. Detrás de la causa de Mendoza hay una larga historia en ese sentido y el propio cura Corradi fue trasladado desde Italia cuando sobre él pesaban acusaciones similares. Ese era el mecanismo: el traslado de los curas acusados. La logística de la Iglesia se los permitía. Por la capilaridad que tiene  en todo el mundo; la disponibilidad de recursos y la empatía con los estados. Con el Próvolo hubo otro intento ante el papa Francisco en 2014, pero no hubo respuesta. Recién en 2017 hubo un tibio pronunciamiento, pero sin consecuencias.

En la sentencia no se mencionó ningún resarcimiento a las víctimas. Ese tema queda para el fuero civil, donde también se investiga. Allí el Próvolo y la Iglesia podrían ser condenadas de manera económica. La causa civil es contra la Obra San José, el nombre legal del Próvolo, y solidariamente el Arzobispado podría ser responsable.

El Tribunal Penal Colegiado no mencionó ninguna responsabilidad de la Iglesia. Pero sí instruyó al Estado para que asista a las víctimas. Entre otras cosas, sugirió que se brinde tratamiento psicológico y psiquiátrico, que se garantice el acceso a la educación en todos los niveles, incluso terciario y universitario; que les den becas de estudio, de transporte y talleres de capacitación para buscar que tengan un nuevo proyecto de vida.

Pero también hay un dato que apunta al trasfondo social: le piden a Estado que incluya la enseñanza de lenguajes de señas. Durante años el silencio rodeó al Próvolo. Uno tangible por los problemas de comunicación que tenían las víctimas y el simbólico, por el pacto tácito ocultar lo que pasaba.  

Las personas sordas sufren lo mismo que muchas personas con discapacidad en Mendoza. La falta de acceso a la justicia, al cumplimiento de sus derechos y a la posibilidad de reclamar son una constante. En Mendoza, por ejemplo, el  56% de las personas con discapacidad señalan haber sufrido discriminación y el 59% haber presenciado este tipo de actos. En 74% de las personas con discapacidad señala haber tenido algún tipo de experiencia discriminatoria.

La condena penal está, falta la respuesta política de la Iglesia. Esa institución tiene los mecanismos para hacerlo. Salvo que quiera dejar todo en manos de Dios.