En Mendoza no hay tantos abogados y desbordan los conflictos
En Mendoza hay demasiados abogados. La consigna suena como frase hecha y aparentemente irrefutable. Tanto, que el Gobierno la toma como propia para justificar un intento de control sobre la matriculación de los abogados y también para tener injerencia en la formación de esos profesionales. Pero más allá de si sobran, son muchos o pocos, Mendoza es una de las provincias donde menos abogados hay. Sí, incluso distritos vecinos, como San Juan, duplican proporcionalmente a Mendoza. En Mendoza hay 5293 abogados matriculados, lo que da una proporción de 281 cada 100 mil habitantes. Incluso entre el 2012 y el 2015 hubo una baja en la cantidad de abogados por habitantes. En San Juan hay 580 abogados para 100 mil habitantes. Si Dios atienden en Buenos Aires, "el diablo" también: en esa ciudad hay 2701 abogados cada 100 mil habitantes. Solo Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Jujuy tienen menos letrados que Mendoza.
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Los datos surgen de las estadísticas publicadas por la Junta de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, que se nutre de la Corte.
Pero donde sí lidera Mendoza, y por amplio margen, es el la litiogisidad. En la provincia ingresan casi medio millón de causas judiciales por año. Hay más de 24 mil causas judiciales cada 100 mil habitantes. Las causas que saturan los tribunales son las penales y las civiles. Ese puede ser un indicador claro de que en Mendoza cualquier problema, termina en causa judicial; en litigio.
Por eso en Mendoza al parecer no sobran abogados, explotan los conflictos y eso satura Tribunales.
Pero en esos datos también hay otras situaciones llamativas. El Poder Judicial de Mendoza es uno de los más nutridos en cuanto a personal y recursos económicos, comparados con otras provincias.
Más del 8% del presupuesto provincial va al poder judicial, según los datos de ese anuario estadístico. Sin embargo desde la Suprema Corte local aseguraron, tras la mención del tema en MDZ Radio, que el presupuesto de Tribunales es del 4% y no del 8% como dice el informe.
Otra mala nota del PJ es la eficiencia: se resuelven menos de la mitad de los casos.
También parece haber un problema para mirarse hacia adentro: no hay registro de magistrados, funcionarios o empleados sancionados.