Se avecina más tensión entre Cornejo y la Justicia

Los momentos de tensión que esta semana nuevamente se registraron entre el Gobierno y el Poder Judicial apuntan a multiplicarse.

Alfredo Cornejo ya tiene prácticamente redactado su proyecto de ley de los denominados "juzgados plurales", una iniciativa prometida en la campaña electoral de 2015 y que tiene como corazón terminar con el dominio de los jueces en el fijado de las audiencias, entre otros aspectos. El objetivo será la agrupación de juzgados de garantías y otros de tipo penal para que, todos, conformen un solo juzgado. La propuesta busca que esa especie de "superjuzgado" tenga la competencia de todos los casos con independencia del juez-persona.

Así, cuando el juez no esté, ninguna audiencia podrá fracasar, ya que la podrá tomar otro juez y el objetivo será, entonces, acelerar los pasos del proceso penal, corriendo del medio, en este caso, los obstáculos y demoras que genera la subrogancia de los jueces.

Solo un punto resta definir de esta iniciativa. El "superjuzgado" a crear estará a cargo de un administrador cuya figura aún no está delineada. Está confirmado que será un funcionario surgido del propio Poder Judicial, aunque dentro de la subsecretaria de Justicia se debate si obligatoriamente deberá tener título de abogado o, como una parte del Ejecutivo entiende, ese cargo podrá ser ocupado por un licenciado en Administración, por caso.

Sea como fuere, el proyecto verá la luz en menos de quince días y, si se aprueba, los jueces ya dejarán de ser, como entiende Cornejo, "los amos y señores de sus juzgados".

La fijación y resolución de las audiencias fue parte de la embestida del miércoles por parte del Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, el jefe de los fiscales de Mendoza, contra los jueces de Garantías y también contra la Corte por las demoras de hasta dos meses, en algunos casos, en la resolución de las prisiones preventivas.

"Es una aberración que los jueces de garantías no hagan audiencias de tarde. Yo controlo a los fiscales, la Corte tendrá que hacerse cargo de la cuota que le toca del control de tribunales", dijo Gullé como parte de su ataque.

Será difícil esperar una reacción de los supremos al respecto. La primera salida, en estricto off de récord, fue apelar a una ecuación matemática.

Para ellos Gullé puede esgrimir la eficiencia de sus fiscales ya que cuenta con 37 de ellos para resolver las prisiones preventivas en tiempo y forma. Mientras que los Jueces de Garantías, para hacer el mismo trabajo, solo son 6.

Pero además, como siempre, los jueces de la Corte saben que el tiempo está de su lado. Lejos de tomar el apuro de Cornejo, juegan con que los vaivenes de la política siempre terminan favoreciéndolos.

Aprendieron eso con otro de los grandes conflictos institucionales entre poderes que sacudió a Mendoza hace tiempo: la indexación salarial de los magistrados.

El conflicto arrasó la relación entre el Ejecutivo y los jueces durante los dos gobiernos radicales que antecedieron a Cornejo, el de Roberto Iglesias y el de Julio Cobos.

Pero llegó Celso Jaque y arregló con ellos. Y en condiciones más que favorables. Y luego de tanto conflicto con radicales "hoy Cornejo es el mejor pagador de sueldos de toda la historia del Poder Judicial", se ufanan en Tribunales.

La actitud de sentarse para esperar ver pasar el cadáver del enemigo que aparentan tener los jueces, aplica también en el otro gran choque que protagonizaron ambos.

La Suprema Corte local había aceptado a fines del 2015 un habeas corpus presentado por organizaciones de derechos humanos y puso límites a las prisiones preventivas, además de establecer plazos de 24 horas para que los fiscales y jueces de Garantías resuelvan si los imputados deben o no permanecer detenidos.

Esta decisión generó una seria confrontación entre el Ejecutivo, que buscaba endurecer los beneficios de los detenidos, y el máximo tribunal judicial, alegando incompetencias e intromisión de funciones, lo que derivó en la presentación de un proyecto de ley, confeccionado por el Gobierno, para regular las prisiones preventivas, y que fue sancionado (no sin algunas riñas partidarias) en junio del 2016.

Luego de un año y medio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación respaldó al tribunal supremo mendocino y el gobierno trató de minimizar el fallo.

El Subsecretario de Justicia del Gobierno de Mendoza, Marcelo D'Agostino, consideró que el mismo "deviene en abstracto", alegando que la administración de Cornejo se encargó de subsanar la problemática de las prisiones preventivas con la sanción de una nueva ley en la Legislatura que establecía específicamente cuáles eran los plazos para el dictado de la prisión preventiva.

La Corte no salió a expresarse al respecto. Pero considera que ese fallo está vigente. De hecho, ya un puñado de jueces comenzó a actuar en consecuencia.

La discusión leguleya de esa sentencia pasa por si el control de la detención se efectúa de manera "automática" por el juez, como entiende la Corte, o bien si es por pedido de las partes, como quedó redactado en la nueva ley de prisiones preventivas de la Provincia.

Un juez de San Martín ya aplicó el criterio que el gobierno rechaza. Lo hizo también la jueza Alejandra Mauricio, una de las más enfrentadas con el poder político, en un caso de violencia de género. Y también se dio lugar a ese planteo en una Cámara para liberar, nada menos, que a un acusado de doble homicidio.