Se nota a quiénes quiere encerrar Cornejo
Sacar de las calles a los delincuentes que se dedican a los robos, en especial a aquellos que usan armas, ha sido desde el comienzo el eje de la política de seguridad de Alfredo Cornejo. Y eso ya se refleja con claridad en las estadísticas del sistema penitenciario provincial.
Cerca de 400 personas acusadas de cometer robos o de perpetrar asaltos con armas cayeron presas en los últimos meses. Así lo muestran las cifras oficiales que aportó a MDZ la Coordinación General del Ministerio Público Fiscal.
¿Mejoró gracias a esto la seguridad? Probablemente el Gobierno solucionó una parte. Aunque hay obstáculos judiciales para profundizar el plan y podría agravarse otra faceta del problema: el hacinamiento en las cárceles.
Los números del Ministerio Público muestran en concreto que, entre el 1 setiembre de 2016 y el 23 de abril de este año, las prisiones de la provincia sumaron 388 procesados por robos y robos agravados.
Ningún otro rubro tiene un índice tan alto en la nueva población carcelaria, y esto, para el Gobierno, es un logro.
1.150 personas en total fueron a parar a la cárcel en el periodo relevado, que abarca casi ocho meses y arranca el día en que asumió como procurador Alejandro Gullé.
Mucho más atrás de los robos agravados figuran otros delitos, como las amenazas simples y agravadas (152 internos); los abusos sexuales simples y agravados (128) y las lesiones graves y leves (125).
En tanto, los detenidos por homicidios y tentativas de homicidios entre setiembre y abril no han sido pocos: 90 en total. Este dato confirma un problema: Mendoza ya aparecía mal ubicada en las estadísticas nacionales de este año por la alta cantidad de homicidios.
Sin embargo, en el Gobierno provincial tienden a relativizar este fenómeno y, en cambio, resaltan el impacto de los robos agravados.
"A los que cometen robos agravados, ahora se los engancha más. Antes, entraban y salían de la cárcel", explica el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino.
El funcionario aprovecha la consulta para sostener que al menos esta clase de delito ha bajado en Mendoza. "Gracias a la aplicación de la ley de prisión preventiva, en conjunto con el trabajo de la Policía", sostiene.
El análisis y los números coinciden con los objetivos que se fijaba Cornejo en los primeros meses de su gestión, cuando planteaba la necesidad de eliminar la "puerta giratoria" de las cárceles para sacar de circulación, mientras duren los procesos judiciales, a unos 400 delincuentes.
Quieren ir por más
El Gobierno y la Procuración quieren ir por más en su plan, que arrancó a mediados del año pasado, cuando Cornejo logró que se sancionara en la Legislatura la ley que endurecía las prisiones preventivas.
Este plan requiere procesos judiciales ágiles, a través de audiencias orales. El objetivo pendiente para el Gobierno es incidir más en el cronograma de esas audiencias: busca ordenar y apurar la agenda de los jueces de garantías a través de una comisión integrada por funcionarios.
Pero esta parte no es muy sencilla para el Gobierno. Los fiscales, comandados por un procurador que responde a Cornejo, están cumpliendo a rajatabla con la condición principal de la ley, que es presentar al juez de garantías el pedido de prisión preventiva diez días después de la detención del presunto delincuente.
Sin embargo, para que se concrete la prisión preventiva, los jueces tienen que dar el OK, y esa intervención en muchos casos es más lenta que la de los fiscales: los jueces demoran hasta un mes y medio la realización de audiencias, según la queja del Ministerio Público.
Para el lado de la grieta judicial que responde al gobernador, el problema es la falta de trabajo vespertino en los juzgados. "Las fiscalías tienen dos estructuras, una para la mañana y la otra para la tarde; pero en los juzgados sólo hay guardias en la tarde", señalan fuentes del Ministerio Público, para marcar la diferencia.
Los encargados de implementar el trabajo vespertino de los jueces serían los ministros de la Corte. Pero el Alto Tribunal (en la foto, su presidente, Pedro Llorente, junto al gobernador) también está dividido por la grieta que separa a quienes apoyan la batalla del gobernador de aquellos que critican el endurecimiento de su política criminal.
Cada vez más presos
La infraestructura de los establecimientos penitenciarios es otro inconveniente para el Gobierno.
Según el director de Enlace y Servicio Penitenciario, Ignacio Mullet, las cárceles albergan actualmente a 4.600 internos. Esto muestra que la población ha crecido más del 12 por ciento desde que Cornejo se convirtió en gobernador: hay 500 y pico presos más de los que había cuando comenzó su gestión.
Se puede marcar casi como el punto de partida un trabajo de la Corte provincial de agosto de 2015. Entonces, en los penales mendocinos había en total 4045 internos.
Mullet indicó que, en diciembre del año pasado, ya había 4332. Para mayo de 2017, la cifra rondaba los 4.500 y, aunque siempre hay egresos en los penales, el saldo final ha sido un aumento de 100 presos más.
Mientras tanto, las obras se hacen esperar. La Provincia está encaminada a construir una prisión nueva en Cacheuta, para más de 1000 internos. Pero aunque esa licitación está en marcha, todavía se están evaluando las ofertas económicas.
Muy atrasado está, por su parte, el penal para presos federales, ubicado en la misma zona y que tendrá poco menos de la mitad de capacidad que el anterior. La obra se paró y, tras una licitación que quedó desierta, a fines de mes se volverá a licitar su terminación.
Aunque Mullet resalta que se trabaja mucho para adecuar la infraestructura carcelaria existente a una demanda que crece, ambas cosas tienen ritmos muy distintos: mientras siguen entrando presos a las cárceles, los nuevos penales son apenas una promesa de solución a mediano plazo.