Diputado del PJ quiere prohibir el fracking en Mendoza
El avance del Ejecutivo provincial en avalar el desarrollo de extracción de petróleo y gas mediante la técnica de fractura hidráulica (fracking), que ya comenzó en algunos pozos del yacimiento Puesto Rojas, sigue generando polémicas. A los tres amparos presentados ante la Justicia para frenar la explotación por fracking se sumó un proyecto de ley presentado por un opositor justicialista que busca prohibir esta metodología.
Dicho proyecto, presentado por el diputado Gustavo Majstruk (PJ) establece la prohibición en Mendoza de utilizar "técnicas no convencionales (fracking) durante los procesos de exploración y extracción de hidrocarburos", al menos "hasta que existan pruebas definitivas de que su utilización no pone en riesgo el medio ambiente, la salud de los pobladores y las cuencas hídricas".
Majstruk señaló que "el sistema de extracción mediante fractura hidráulica es un método que implica impactos ambientales muy elevados. Estos impactos resultan especialmente inasumibles en zonas donde la población y las actividades productivas, especialmente agrícolas y ganaderas, dependen de sus recursos hídricos como es el caso del sur provincial".
"El auge en la exploración y explotación de gas y petróleo no convencional podría dar lugar a grandes cantidades de contaminación del agua con sustancias químicas tóxicas. Es de especial preocupación el riesgo para los acuíferos subterráneos de los que dependen otras actividades humanas, tales como la agrícola- ganadera y también los acuíferos que pueden utilizarse para consumo humano", agregó el legislador.
En sus argumentos, el diputado peronista señaló que el Gobierno debería aplicar el "principio de precaución" que establece lo siguiente: "Cuando haya peligro de daño ambiental grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente y teniendo en cuenta la situación y experiencia en otros países, debería plantearse en todo el territorio de la provincia de Mendoza la prohibición de la investigación, exploración y explotación del sistema de fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos no convencionales".
A su vez, el proyecto está reforzado con un documento elaborado por la Sociedad Médica de Massachusetts (Estados Unidos), el cual cita a diversos estudios realizados ya desde hace un tiempo sobre el fracking que "demuestran que más del 75 % de los productos químicos tóxicos utilizados durante las fases de perforación y fractura de rocas para obtener el gas pueden afectar la piel, ojos y otros órganos sensoriales, el sistema respiratorio, el gastrointestinal y el hígado. Más de la mitad de esos productos químicos muestran algún efecto sobre el cerebro y el sistema nervioso. Más del 25 % de esos productos químicos pueden producir cáncer y mutaciones".
"Notablemente, el 37 % de esos productos químicos pueden afectar el sistema endocrinológico que afecta a múltiples sistemas de órganos, incluyendo los que son críticos para la normal reproducción y el desarrollo", cita el informe.
Pro y contra fracking
De manera similar a lo que ocurrió con la minería a cielo abierto, aunque en una magnitud actual mucho menor, el debate por el uso de la técnica de fractura hidráulica en Mendoza ya se instala en los ambientes académicos, políticos y legales de la provincia, cosechando tantas aprobaciones como rechazos.
Poco después de conocerse la autorización del Ejecutivo provincial para que la empresa El Trébol practique fracking en cuatro pozos petroleros activos del yacimiento Puesto Rojas, en Malargüe, sin contar con un estudio de impacto ambiental, la ONG proteccionista Fundación Cullunche presentó un pedido a la Fiscalía de Estado para que investigue las presuntas irregularidades en el proceso administrativo que culminó con la autorización del Gobierno a El Trébol, apuntando directamente a la directora de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente, Mirima Skalany, quien habría omitido pedir el EIA y actuar en favor de la empresa.
Además un grupo de abogados encabezados por Marcelo Romano, se presentó ante el Tercer Juzgado en lo Civil y Comercial de Capital con un amparo para detener la realización de fracking en los pozos de Puesto Rojas. Según argumentó Romano, con la autorización exprés que hizo el Ejecutivo provincial a través de la resolución 813 de la Dirección de Protección Ambiental, se vulneran varias leyes nacionales y solicitó que se detenga el procedimiento. De acuerdo a los letrados, los decretos reglamentarios de la Ley 5961 referidos a la explotación de hidrocarburos establecen que se necesita de una evaluación de impacto ambiental y una audiencia pública que no se ha hecho.
El otro amparo fue presentado por la Federación Argentina de Espeleología (FAdE). En los argumentos, la FAdE sostiene que "los mencionados proyectos no fueron sometidos a consulta pública, en abierta violación a los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional y de la Ley provincial 5961". Además entiende que "se ha violado la Ley General de Ambiente de la Nación, a la cual deben someterse todas las legislaciones provinciales".
Sin embargo, la avanzada inicial contra el fracking tuvo su contrapeso en los grupos institucionales empresariales de Mendoza. Tanto el Consejo Empresario Mendocino (CEM) como la Federación Económica de Mendoza (FEM) manifestaron su rechazo a los recursos de amparo y dieron su expreso apoyo al desarrollo de la extracción hidrocarburífera mediante estimulación hidráulica en la provincia.
La CEM defendió el fracking al exponer que "la exploración y explotación por estimulación hidráulica llamada fracking, es un método que se utiliza hace casi 50 años, no solo en la Cuenca Neuquina sino también en la Cuenca Cuyana. En Neuquén se viene efectuando enforma cotidiana, habitual y rutinaria desde hace cinco años".
"Ninguna actividad particular brindará la solución a todos nuestros problemas de desarrollo", advirtió. Por ello, prosiguió, "por experiencia individual y social, asumimos que la convergencia de todas las actividades adecuadamente enmarcadas en la legislación vigente (o a promulgarse en el caso de los nuevos desafíos técnicos) y llevada a cabo por inversores emprendedores dispuestos a apostar su esfuerzo y capital, en su conjunto, son las que lograrán el desarrollo provincial, en un contexto nacional favorable".
Por su parte, la FEM brindó argumentos similares, señalando que "Mendoza debe diversificar su matriz productiva porque con lo que produce no alcanza. Y cuando no alcanza, gobiernos anteriores han apelado a la vieja receta de aumentar la presión tributaria sobre pymes, comercios, sectores productivos y población en general. Ahora que tenemos la oportunidad de generar ingresos, observamos con alarma esta reciente catarata de planteos judiciales que intentan frenar una actividad que se ejecuta a toda máquina en la vecina Neuquén con todo lo que ello implica en lo que respecta a empleo y riqueza, por lo tanto no creemos que con amparos contribuyamos al desarrollo de Mendoza, al contrario, la paralizamos".
"Adherimos a lo que expresara recientemente la provincia: 'si bien las reservas de hidrocarburos convencionales están en un proceso de declinación, en Mendoza existe un gran potencial aún por explorar en las reservas del no convencional. Mediante la exploración y explotación del petróleo pesado y no convencional, la Provincia podría mantener el ritmo de inversión y de empleo por los próximos 20 años'", resaltó.