Los empresarios que se harán cargo de la Terminal por 20 años

Un grupo de empresas importantes del transporte público de pasajeros se quedará con la administración y gerenciamiento de la Terminal de Ómnibus de Mendoza, a cambio de realizar obras que el Estado no puede encarar en el predio. La concesión durará nada menos que 20 años y ha generado algunos cuestionamientos.

El decreto de adjudicación, según confirmó la Secretaría de Servicios Públicos, aparecerá esta semana publicado en el Boletín Oficial, aunque todavía falta un dictamen de la Fiscalía de Estado, que analiza el expediente desde ayer. Será el broche para un proceso que lanzó el Gobierno a fin de año y del que participó un solo oferente: una UTE liderada por la empresa Andesmar.

Junto a Andesmar Cargas y Autotransportes Andesmar, la concesión favorecerá a Traslar, Cata Internacional y CEOSA (asociada a Stocco, dueño de la empresa Maipú). El compromiso de estas firmas es invertir en la terminal 240 millones de pesos a lo largo de 3 años. A cambio, el Estado resignará el cobro del canon del 3 por ciento respecto de las ganancias privadas durante ese periodo.

La UTE tiene una idea ambiciosa, a tono con un particularmente largo plazo de concesión. Presentó un anteproyecto en el que propone mejoras edilicias y controles de seguridad modernos (similares a los de un aeropuerto). Además, los privados planean la construcción de un hotel en el ala sur de la terminal.

Los críticos aseguran que la concesión de la estación Padre Jorge Contreras esconde un gran negocio inmobiliario y hasta acusan al Gobierno y a la Fiscalía de Estado de entregar a los privados un patrimonio público valioso: "Es el predio más caro de la ciudad de Mendoza", afirman. 

La ONG Protectora trató de frenar esta licitación con una presentación ante la Justicia y otra ante la Secretaría de Servicios Públicos. Acusó al Gobierno de eludir el llamado a una audiencia pública previa. Señaló además que el pliego de condiciones generales y específicas dejaba "supeditadas a la buena voluntad del concesionario" las mejoras a realizar en la vieja terminal mendocina.

Protectora también denunció en los últimos meses que se producirá una "cartelización" del transporte de media y larga distancia, en perjuicio del usuario, ya que manejarán la terminal algunas de las empresas que hoy la utilizan.

Sin embargo, el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, enfrentó las críticas de Protectora y defendió la concesión. Para el funcionario, la presentación ante la Justicia de Protectora "fracasó, porque no resistía ningún análisis". Por otra parte, según supo este diario, la Fiscalía de Estado tampoco encontró, hasta aquí, razones para bloquear el proceso.

Frente a la sospecha de cartelización, Marinelli afirmó que "está clarísimo que la fijación de tarifas estará a cargo de la Secretaría" y aseguró que los adjudicatarios asumirán el compromiso de "entregar locales para las boleterías de cada empresa a un precio razonable".

Acerca de la construcción de un hotel, reconoció que forma parte del proyecto privado, pero puntualizó que "no está dentro de la inversión" comprometida.

"Nosotros licitamos un servicio, no una obra. Eso tiene que tener un anteproyecto. Lo que está en juego es la seguridad, la estética, la funcionalidad y la integración al medio de la terminal, entre otras cosas. Si hay más o menos locales, no nos interesa", afirmó Marinelli.

El secretario de Servicios Públicos sostuvo, además, que "para la firma del contrato, previamente, tendrán que tener el proyecto aprobado", y puso el acento en las obras previstas, que incluyen la construcción de cocheras, remodelación del edificio y mejoras en el derruido local, con salida a calle Alberdi, que ahora ocupa el Juzgado Vial. También volverán a trasladar a la terminal a reparticiones de la Dirección de Transporte.

Desde el año pasado se maneja en el Gobierno el proyecto de licitar la terminal de ómnibus (una de las más importantes del interior del país) para tratar de sacarla del estado de abandono en que se encuentra. Una de las preocupaciones mayores es la seguridad, por el descontrol que hay en la circulación de personas y mercancías. 

El problema es que algunos ponen el acento en el lobby político y empresario que ha existido para que la solución le deje jugosas ganancias a la UTE adjudicataria.

Como sea, el Gobierno tiene mucho apuro en que comiencen las obras. Éstas arrancarían en el ala norte, que está destinado al transporte de larga distancia. "Ahí van las mejoras más notorias para los usuarios", prometió Marinelli.