Una fiscal no va a trabajar desde hace 7 años

Para las fiestas de fin de año de 2010 la fiscal penal de menores Valeria Ponce visitó Palmares Open Mall para hacer compras, pero en un local de zapatos se llevó un objeto sin pagarlo: un celular ajeno. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad. En las imágenes pudo verse cómo la funcionaria judicial robaba el aparato. Pero los denunciantes no tenían la menor idea de que quien quedaría imputada en una causa bajo la carátula de "hurto simple" por el fiscal Santiago Garay era alguien que habitualmente está "del otro lado del mostrador" de la seguridad. 

A partir de allí, una historia típica de tribunales. Enredados, cúmulo de causas, idas y de vueltas y chicanas cruzadas le permitieron a Ponce seguir cobrando la mitad de su salario cada mes, rigurosamente, durante todo el tiempo en que no se resuelve su situación. Todo a pesar de que no va a trabajar.

Hubo dos causas en su contra en relación a este hecho. Una fue por el hurto. La otra es administrativa y está vinculada a su destrato al personal. De la acusación penal por hurto, por la que le cabrían dos años de prisión, zafó. Sus colegas de la justicia aceptaron el argumento de que robó porque estaba mal psicológicamente; que no había sido su intención. Frente a eso, el anterior procurador de la Corte, Rodolfo González, decidió que, si su insanía había sido aceptada en el expediente penal, debía someterse al Jury.

Esa es la instancia en la que se olvidaron que deben resolver la situación de Ponce que, mientras tanto, sigue siendo fiscal. El problema es que  ella no ejerce el cargo, dejando a una fiscalía acéfala y con una parte del salario que se paga en forma religiosa.

La fiscal Valeria Ponce, una vez que se vio acorralada por el sistema del que todavía representaba (y del que hoy es toda una metáfora sobre su funcionamiento), presentó su renuncia al cargo ante el Poder Ejecutivo provincial, la que le fue rechazada con el objeto de que se sometiera al Jury, la instancia que debía resolver su conducta. El tiempo transcurrió entre certificados médicos que avalaron una alteración psiquiátrica de la fiscal, hasta que en febrero de 2015 presentó una acción de amparo contra el gobierno provincial porque no le habían aceptado la renuncia. En octubre, recurrió a la Corte para reclamarle como última instancia -en el expediente 13-03813594-9, que se resolviera su demanda contra el gobierno por no dejarla renunciar. Entendía en su planteo que está incapacitada para el cargo.

Lo que sucedió allí -simplificando el laberinto jurídico en el que ella misma metió a su situación como miembro de la justicia- es que la Sala que debía expedirse fue recusada por completo: Ponce no quiso que resolvieran su situación los "supremos" Mario Adaro, Omar Palermo y Herman Salvini. Tanto tiempo ha pasado que Salvini ya se jubiló y hasta tiene reemplazante, y lo que pasa hoy es que la Sala espera que la fiscal presente su defensa ante el Jury, al que no se presenta, sucesivamente, presentando certificados médicos que justifican su inasistencia.

La justicia se protege a sí misma, parece ser el mensaje de la historia de Ponce que todavía no encuentra una conclusión. Aún aceptando la insanía de alguno de sus miembros, el sistema se niega a expulsarlo y acepta, lúdica y pérfidamente, continuar con el juego que sabe jugar como ningún otro. 

El Jury -la única instancia que existe para la autodepuración- queda expuesto una vez más.