El negocio detrás de la limpieza urbana y los nuevos desafíos de los intendentes
Para ser un buen intendente hay que mantener limpias las calles, no molestar mucho y hacer alguna que otra obra. El famoso Alumbrado Barrido y Limpieza que, más allá de ser una nomenclatura para cobrar las tasas, era una especie de ABC de lo que debía hacer un jefe comunal para ser valorado. Pero si hoy un intendente se basa en esa premisa tiene dos problemas: por un lado está mintiendo y por el otro atrasa.
Hoy en Mendoza los camiones de recolección dicen Municipalidad. Pero lo que importa es la letra chica. Seguramente dicen Santa Elena en la mayoría de los casos, u otra empresa privada que se dedica a prestar un servicio que antes era la base de la gestión municipal. Casi todos los municipios tienen tercerizado el servicio de recolección de residuos y limpieza. Lo que para los intendentes es deshacerse de una de sus responsabilidades clásicas, para otros es un negocio.
Algunos privatizaron por completo y otros una parte. Ahora San Martín va por más: licitó el servicio de limpieza por 5 años a un costo de 600 millones de pesos. El monto de esa licitación es casi igual al total de gastos corrientes de un año de la comuna. La licitación está en curso pero tiene un destinatario casi seguro. La empresa Santa Elena comenzó con el negocio de la basura en ese lugar en 1999 y desde allí se expandió. Con ese contrato y los de las otras comunas el volumen de negocio de la basura supera largamente los 1000 millones de pesos. Capital, Godoy Cruz, San Martín son la base donde esa empresa creció. También ha presta o ha prestado servicios en Luján, Rivadavia, y Tunuyán. Algunos departamentos, como Capital y Godoy Cruz, dividen las zonas: en el centro se encarga la empresa privada; en la periferia los empleados municipales.
Los intendentes se escudan en que el servicio privado es más eficiente y barato. O es un reconocimiento del fracaso para gestionar o un cambio de eje. Entre otras cosas, por ejemplo, mencionan que las empresas privadas pueden prescindir de personal de un día para otro y en el Estado no; que es más fácil para ellos renovar el parque automotor sin tener que lidiar con licitaciones y que el control privado sobre el trabajo es más preciso. "Yo estoy muy conforme. Funciona y es más barato. Muestra de ello es que muchos municipios hicieron lo mismo que nosotros", explica Jorge Giménez, intendente de San Martín.
Al hablar con algunos empresarios del sector lo reconocen, un poco en broma y un poco en serio, que son los "intendentes" reales porque en ellos han delegado las responsabilidades básicas de la gestión municipal.
La tercerización de servicios básicos sigue. También son empresas privadas las que mantienen en muchas comunas el alumbrado y otros servicios como la fabricación y transporte de cemento. La propia empresa Santa Elena tiene su razón social ampliada para poder dedicarse incluso a la construcción.
El nuevo paradigma
Fuera del análisis del negocio enorme que genera ese servicio tercerizado, en lo político hay otro foco importante y tiene que ver con la función que debe cumplir una comuna. El famoso ABL no existe más como prestación básica a que debe aferrarse un intendente. En cambio, tiene como obligaciones la gestión de políticas más complejas que pasan a ser responsabilidad comunal. Así, usando una calificación arbitraria (de las muchas nuevas que hay) se puede decir que un intendente ahora debe tomar otras tres palabras: Seguridad, Ambiente y Movilidad (incluido allí seguridad vial).
La inseguridad cambió los modos de vida de los mendocinos y eso repercute en todos los ámbitos. Los municipios no pueden ser ajenos a lo que les toca, pues es imposible pensar en planificar una política urbana sin tener en cuenta todo lo que hace a la seguridad: desde la iluminación y la conectividad, hasta el acceso a servicios, la posibilidad de generar mecanismos de prevención y también la gestión comunitaria. Aunque así lo han entendido a la fuerza de reclamos, los intendentes siguen cometiendo un error: aseguran que no es responsabilidad suya, pero se hacen cargo. Allí hay un error: sí es responsabilidad, aunque compartida y con mayor carga en otros estratos (como la Justicia y el Poder Ejecutivo provincial).
En Ambiente no incluimos solamente la visión ecológica naif de plantar árboles y repartir bolsas verdes. Es mucho más profundo y tiene que ver con la calidad de vida de los vecinos. El mapa en blanco para ello es el plan de ordenamiento territorial que cada comuna debe diagramar y donde se establecerá qué se puede hacer en cada lugar. La escasez de recursos, como el agua, es uno de los ejes y también la superposición de intereses. La misma Suprema Corte sentó algunas bases en la sentencia por los litigios limítrofes entre Luján y Las Heras y lo mismo hizo la Corte nacional: el problema con los recursos naturales no es quién puja más para que atiendan su demanda; sino que la oferta es cada vez menor.
Cada intendente debe pensar en cómo y a qué costo quiere que su comunidad se desarrolle.
La Movilidad es una de las claves del futuro. Cómo nos asentamos en un territorio y cómo nos movemos. Qué transporte público es necesario, qué vías de tránsito se habilitan, qué tecnologías se incorporan. El desorden que vive el Gran Mendoza a diario tiene que ver en gran parte con la falta de un plan de movilidad sustentable actualizado. En ese plan se incluye también el tránsito, cuyo control ya es responsabilidad municipal con la sanción de la nueva ley de seguridad vial. En un año los 18 departamentos de Mendoza deberán tener su propia policía vial y un plan de gestión en el tema.