Se viene el fallo más temido por Cornejo
En uno de los momentos de mayor tensión entre poderes, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se prepara para emitir sentencia en la causa que más preocupa a Alfredo Cornejo: los planteos de inconstitucional formulados por el SUTE sobre el ítem aula.
Los tres jueces de la Sala II que tienen el expediente en sus manos desde mayo de 2016, Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio, ya votaron y la semana próxima trataran de acordar los términos de la sentencia que, en medio de un total hermetismo de los jueces, nadie sabe para qué lado saldrá.
Un comentario recorre los pasillos de Tribunales ante la inminencia del fallo que, anticiparon a MDZ voces oficiales, se podría llegar a conocer el próximo 7 de diciembre.
En líneas generales la Corte terminaría avalando el ítem aula, aunque plantearían una serie de reparos técnicos a su implementación.
¿Puede un gobierno otorgar incentivos? Sí.
¿Puede hacerlo de manera unilateral en paritarias? Está en duda.
¿Puede hacerlo por decreto? En casos de excepcionalidad.
¿Cuándo se firmó el decreto del ítem aula, la provincia estaba en esa exepcionalidad? Es lo que están tratando de terminar de resolver los magistrados.
Estas y otras preguntas con sus respuestas son las que todavía se siguen haciendo en la sala.
La discusión judicial del ítem aula ronda en torno a resolver si fue constitucional o no que el Gobierno diera el incentivo por decreto. Esta medida se tomó luego de que el Poder Ejecutivo diera por fracasada la negociación paritaria con el gremio docente en 2016. El gremio apuntó en mayo de 2016 hacia a ilegalidad de la medida que buscó garantizar el presentismo de los docentes, por considerarlo violatorio de la Ley Provincial de Educación, que establece que para tomar medidas de políticas educativas primero hay que consultar al Consejo General de Educación. Y además porque, sostuvieron en su momento, no se respetó el artículo Constitución Provincial que prohíbe este tipo de asignaciones salariales, es decir, asignaciones extraordinarias por el desempeño de la función por la cual el trabajador ha sido designado.
La controversia llegó a tribunales bajo la forma de tres expedientes. La "causa madre" es la que enfrenta al Gobierno y al SUTE, pero también hubo un expediente generado por el reclamo de una docente que no recibía el ítem. El tercer expediente corresponde al gremio de los docentes privados (SADOP), aunque la resolución del conflicto judicial depende más que nada de la causa principal. Un aval a la inconstitucionalidad del ítem aula por parte de la Justicia, tendrá un impacto fenomenal para Cornejo y le terminará imponiéndole una derrota política de una magnitud hasta aquí desconocida por el gobernador. El ítem aula no solo es la herramienta central de la política educativa de los radicales, sino que su implementación por ley les permitió doblegar al sindicato de los maestros en la discusión paritaria del año pasado y de este también. A fines de febrero de 2016, cuando todavía el ítem aula no se aplicaba, faltó el 54% de los docentes en el paro convocado por el SUTE en medio de la falta de acuerdo paritario. Un año después, con un paro convocado por el gremio bajo las mismas circunstancias, el acatamiento fue de solo el 5% por parte de los docentes.
La cantidad de personas que se tomaron licencia en el sistema escolar disminuyó un 33,4% entre 2015 y 2017, mientras que la cantidad de días que los maestros no estuvieron al frente de su aula, también por pedidos de licencias, cayó un 40% en el mismo período.
El manejo de los tiempos
En términos prácticos, la Corte nunca mostró apuro en resolver el tema más sensible para Alfredo Cornejo que se debate desde hace dos años en su seno.
Más allá de que se especuló con que la sentencia acerca de la inconstitucionalidad del ítem aula planteada por el SUTE podría salir en octubre pasado, y que luego se barajó la alternativa de que se resuelva en marzo, el fallo siempre quedó sujeto a los vaivenes políticos del momento.
Ahora hay una fecha límite autoimpuesta: el 6 de diciembre vence el plazo de autos para sentencia, luego de que se cumplieran todos los actos previos (entre ellos la producción de la prueba) para que los jueces puedan dictarla.
Muchas veces los propios magistrados dictan este decreto, pero luego lo suspenden manifestando que falta alguna prueba como forma de estirar más aún los plazos. Pero en esta instancia todo apunta a que la definición llegará finalmente.
En los últimos meses los jueces primero decidieron no fallar al calor de la discusión paritaria con los docentes de principios de este año (negociación que también fracasó como la anterior) y luego esperaron pacientemente a que pasara la temporada electoral.
En el camino, el SUTE sufrió un par de reveses. El reclamo docente no fue avalado ni por la Asesoría de Gobierno, ni por la Fiscalía de Estado y Cornejo obtuvo el respaldo del Procurador de la Corte, Alejandro Gullé.
La Fiscalía de Estado, que es dirigida por el ex justicialista Fernando Simón, resaltó en su caso "las facultades del Poder Legislativo para la fijación de las condiciones de empleo y de la ley de sueldos de los agentes públicos". La Procuración, en tanto, coincidió con la opinión de la Asesoría de Gobierno acerca de que no corresponde que la Corte "laude una diferencia política sobre la modalidad y cuantía que debió alcanzar el aumento salarial docente".
La Procuración avaló incluso las circunstancias en las que Cornejo emitió, el año pasado, el decreto 228, al sostener que "al tiempo de su dictado el ciclo lectivo ya había dado inicio, por lo cual el estancamiento de las negociaciones ponía el riesgo el normal comienzo y desarrollo, lo que afectaría servicios esenciales del Estado y por sobre todo el derecho a la educación que asiste a nuestros niños, niñas y adolescentes".
Como presidente de la sala en su momento, Palermo tuvo en sus manos una jugada: decidir si la causa iba a ser resuelta por los integrantes de la misma o, por la trascendencia política y gremial que tiene, convocaría a un fallo plenario en el que participen los siete integrantes de la Corte. El juez al que Cornejo más cuestiona, no movió esa pieza. Es curioso. Para el peronismo y los gremios la votación saldrá en contra del gobierno porque descartan que Adaro se inclinará por la inconstitucionalidad del ítem haciendo tándem con Palermo. El Gobierno siempre confió en que sucederá todo lo contrario: que Adaro terminará votando junto a Valerio por la validez jurídica del polémico método de Cornejo para mantener a los docentes al frente de las aulas.
Hace algunos meses, un miembro de la Corte apeló a la picardía cuando sintió la presión del gobernador por conocer la sentencia. "Quédense tranquilos, cuanto más tiempo se demore el fallo ya ganaron ustedes. Porque la medida se legitima desde lo social y después va a ser muy difícil que salga en contra", les dijo. Algo de eso podría terminar pasando.