CEOSA está cerca de cobrar deudas por el edificio de Casinos
La batalla del Gobierno con la constructora CEOSA tiene en el horizonte un nuevo capítulo, que es la discusión de deudas por la construcción del nuevo edificio del Instituto de Juegos y Casinos.
La obra ubicada en calle Irigoyen de Capital es un emblema de todo lo que no debería hacerse en obra pública. Terminará costándole a la Provincia casi el doble de lo que se pactó con la constructora al principio y, casi un año y medio después de su inauguración oficial, hay varias cosas que todavía no funcionan.
En este contexto, las autoridades del Instituto de Juegos y Casinos se aprestan a sentarse con el empresario Fernando Porreta para discutir las condiciones de la recepción final de la obra.
El Estado mendocino ya lleva gastados 32 millones de pesos por un edificio que al principio iba a costar algo más de 19 millones. La empresa todavía quiere recibir unos 6 millones más, pero el Gobierno quiere reducir ese monto a la mitad, debido a la aplicación de multas y descuentos.
Las multas que quiere imponer el Instituto tienen que ver con demoras de la obra. Además, la mayoría de los ascensores no funcionan y el Gobierno argumenta que la empresa no cumplió con la instalación de las conexiones de gas.
El edificio alberga a unos 200 empleados del IPJyC y a unos 50 de la Agencia de Ordenamiento Territorial, organismo al que se le cedió parte de un piso. Tiene tres en total, más una cochera en el subsuelo, pero deberían haber sido cuatro: el gobierno anterior nunca tramitó la autorización ante la Municipalidad de Capital para poder hacer un piso más, o bien hubo problemas financieros para agregarlo.
La obra se realizó en parte del terreno que ocupaba la escuela Mitre, la más vieja de Mendoza, que fue restaurada para convertirla en museo. Esa iniciativa también salió más cara de lo previsto: se iban a gastar 5,3 millones de pesos, pero los costos se terminaron elevando a 8.3 millones, según especificó el gerente de IPJyC, Andrés Lombardi.
El ex gobernador Francisco Pérez inauguró el edificio para el funcionamiento adminitrativo del IPJyC en mayo de 2015, pero las instalaciones recién fueron ocupadas en abril de este año. La nueva gestión aduce que hubo muchos problemas para habitarlo: aunque era nuevo, tenía goteras en la terraza y no se había instalado un grupo electrógeno.
La pelea de fondo
CEOSA fue la constructora preferida durante buena parte del gobierno de Pérez, pero perdió esa condición cuando llegó Cornejo.
El primer golpe lo recibió Porreta al comienzo de la gestión, cuando fue notificada que iban a frenarse las dos obras más importantes que le dio Paco: la Villa Olímpica y una nueva etapa del Metrotranvía.
En el Ministerio de Economía e Infraestructura niegan que esas decisiones tuvieran componentes políticos. El ministro Enrique Vaquié sostiene que los problemas financieros lo obligaron a enfocarse en obras menores, de importancia social o que estuvieran cerca de finalizarse.
Pero CEOSA ya tenía preparada una estrategia legal para enfrentar el cimbronazo. Porreta se valió de un artilugio legal para reclamar las deudas que arrastraba de la última etapa de Pérez. "Hubo cinco fallos judiciales que me hicieron responsable a mí del no pago de obras entre 2010 y 2013", sostuvo Vaquié, sobre quien impactó la estrategia legal de la constructora.
Uno de esos fallos fue por el edificio del Instituto de Juegos y Casinos.
Esta semana, un decreto publicado en el Boletín Oficial demostró que la estrategia de CEOSA comenzó a rendir sus frutos: el Gobierno hizo lugar a reclamos y agregó intereses al monto final por la construcción del Gasoducto Paralelo-Mendoza Sur.
Vaquié se desentendió del caso debido a que fue "un decreto del gobernador". Lo mismo ocurriría con las decisiones que se tomarán en el caso del Instituto de Juegos y Casinos, área en la que se siente particularmente el control absoluto que ejerce Cornejo.