Cornejo ya suma 14 leyes contra la inseguridad

Que la seguridad y, en especial, el funcionamiento de la Justicia, son las principales obsesiones de Alfredo Cornejo, bien puede demostrarse en el volumen de proyectos de ley que ha presentado sobre este tema: 14 en total, en menos de 10 meses de gestión.

El último acaba de entrar a la Cámara de Diputados y tiene que ver con la Justicia Correccional. La norma pone el foco en el área que se ocupa de los delitos excarcelables, que son aquellos que tienen penas de menos de tres años de prisión.

Según el Gobierno, el procedimiento correccional está "colapsado", a pesar de que el 65 por ciento de los delitos que se cometen en Mendoza son menores. En la lista entran los hurtos, casos de violencia de género y hasta los homicidios culposos, que es la figura que se aplica, por ejemplo, cuando se mata a una persona sin querer en un choque.

Como en la mayoría de las iniciativas llevadas a la Legislatura, el proyecto en cuestión busca darle "agilidad y oralidad" al procedimiento correccional y dispone que más jueces se ocupen de ellos: en algún momento hubo seis para la primera circunscripción, pero ahora han quedado apenas dos, por lo cual se plantea volver al número original.

Según el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, la consecuencia del colapso de la Justicia Correcional es que la mayoría de los delitos menores termina prescribiendo. "Los delitos hay que castigarlos, desde los más pequeños hasta los más importantes", recalcó el funcionario.

En esto hay una línea que alcanza al nuevo procurador de la Corte, Alejandro Gullé, quien ya ha anunciado la creación de una unidad fiscal de Delitos Correccionales para darle atención a estos casos.

Muchas leyes

La modificación del procedimiento correccional es la segunda ley sobre la Justicia que el Poder Ejecutivo manda esta semana.

La otra que ingresó a la Legislatura hace pocas horas fue la de creación del Ministerio de la Defensa.

Tal como había sido anunciado, los defensores oficiales dejarán de estar bajo la órbita del Procurador y tendrán un jefe propio, que deberá ser aprobado por el Senado. Por ahora no se sabe a quién postulará Cornejo para ese nuevo cargo judicial.

Pero hay más. La Legislatura está obligada a acompañar el ritmo frenético que marca el Poder Ejecutivo. De hecho, se espera que, este miércoles, la Cámara de Diputados le de tratamiento a la modificación de la ley de Ministerio Público, que es la que más se discutió en las últimas semanas.

Esta norma le dará un nuevo marco de acción al Procurador Gullé. Entre otras novedades aparece la autonomía financiera para la Procuración. El funcionario es la cara de Cornejo en tribunales y la autonomía le permitirá recibir fondos en forma directa del Ministerio de Hacienda, al margen de los problemas y reclamos que pueda tener el resto del Poder Judicial.

Espera su turno en la Legialatura, también, el banco de ADN, que busca implementar un moderno registro de las personas. El proyecto se discutirá hoy en comisiones.

La larga secuencia de leyes empezó hace varios meses, con la declaración de emergencia, que le permitió al Gobierno endeudarse para mejorar el equipamiento policial. Luego se reformó la propia ley de Policía y la de la Inspección General de Seguridad.

Además, entre otras iniciativas, se aprobó en la Legislatura la construcción de una nueva cárcel en Cacheuta.

Respecto de la Justicia, en tanto, la que marcó el punto de inflexión fue la de endurecimiento del régimen de prisiones preventivas.

Hubo varias más desde entonces y en el Poder Ejecutivo están conformes, no solo con las leyes, sino con la realización de varias audiencias orales en la Justicia, que era el principal objetivo.

D´Agostino reseñó en este sentido que ya se ha dotado de oralidad "al proceso de prisión preventiva, a la investigación penal preparatoria y a todas las audiencias de apelaciones".

El objetivo final es que todos los delitos tengan castigo, una idea que los funcionarios de Cornejo han tomado del famoso alcalde republicano de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien logró bajar el delito el 65 por ciento. Una meta que, en Mendoza, todavía parece lejana.