Sin la Corte, el Gobierno se reunió con jueces

El Gobierno provincial se contactó en forma directa con los jueces de garantías, responsables principales de la aplicación de la ley que endurece el sistema de prisión preventiva.

Cornejo puso a dos funcionarios cara a cara con ellos: el ministro de Seguridad, Gianni Venier; y el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino. Según el Poder Ejecutivo, los magistrados están "muy predispuestos" para la aplicación de la norma.

La reunión se desarrolló el lunes en la Asociación de Magistrados. Allí fueron convocados los jueces de garantías de la Primera Circunscripción Judicial, los de San Martín y un juez de instrucción de Tunuyán: allí todavía no entra en vigencia el “nuevo” Código Procesal Penal y por ello la responsabilidad de hacer cumplir la ley es él.

Un encuentro similar al del lunes se haría con los jueces del sur próximamente.

El objeto de la reunión fue demostrar que el Gobierno "está a disposición" de lo que requieran los magistrados. Además, se evacuaron dudas técnicas sobre la aplicación de la norma.

La ley de prisiones preventivas representa el corazón del plan de seguridad de Cornejo. La norma que impone plazos y condiciones más rígidas para el otorgamiento de excarcelaciones entró formalmente en vigencia este lunes, día en que se publicó en el Boletín Oficial.

Esa misma jornada, los funcionarios y los jueces de garantías se reunieron en "un lugar neutral" para hablar de la ley.

La Corte no intervino. Este no es un dato menor dado el contexto: en diciembre el alto tribunal fijó un protocolo para restringir las prisiones preventivas, o sea, todo lo contrario de lo que dispuso el Gobierno después.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo asegura que ha mantenido contactos informales en los cuales algunos ministros de la Corte han asegurado la aplicación de la ley de Cornejo.

Trascendió de todos modos que los jueces de garantías pidieron una audiencia a la Corte para hablar de la ley de Cornejo, solicitud que no habría sido respondida por el alto tribunal.

Fue entonces que los magistrados acudieron al Gobierno, que sí atendió rápido el pedido.

Además, en estos días, los funcionarios dicen estar recibiendo inquietudes de los otros actores judiciales importantes para la implementación de la ley: los fiscales de Delitos Complejos.

Los jueces de garantías serán los responsables de hacer cumplir el requisito de resolver las prisiones preventivas en el plazo de 10 días hábiles, prorrogables por 10 días hábiles más, a partir de la solicitud de los fiscales.

En la reunión del lunes, estos jueces consultaron desde cuándo está en vigencia la ley. Se les comunicó que esa misma jornada era el "día uno" para la implementación del sistema, debido a que el viernes fue publicada la ley en el Boletín Oficial.

Por otro lado se evacuó una duda respecto de quién resuelve la prisión preventiva cuando las personas son apresadas cometiendo el delito in fraganti. En ese caso, quien tiene que hacerlo es el juez de flagrancia, no el de garantías, según se explicó.

También hubo consultas sobre el ámbito para la realización de las audiencias en las que podrían participar las víctimas, tal como establece la nueva ley. Algunos de ellos pusieron a disposición sus despachos y otros avisaron que no tienen lugares para hacerlas.

En esos casos, los funcionarios enviaron a los jueces a hablar con la Corte, que es la que ejerce la superintendencia de la Justicia, aunque confirmaron que colaborarán con la adquisición de equipos de audio para ocupar en esas audiencias.

El aspecto edilicio no parece ser un asunto menor y por ello en el encuentro se habló de la necesidad de generar una secretaría que gestione este tipo de audiencias. Aunque esto deberá resolverlo la Corte.

"Los jueces están de acuerdo con la celeridad y oralidad de los procesos, fue una buena charla", sintetizó un funcionario de Cornejo. 

En pocos días se empezarán a conocer los resultados reales de esta ley en la Justicia.