Estafas en la justicia laboral: transferían dinero de juicios a cuentas particulares
Hecha la ley, concretada la estafa. Desde hace algunos meses en los tribunales laborales de Mendoza se aplicaba un nuevo sistema de pago para quienes ganaban algún pleito: en vez de que se pague con cheques, se efectuaban transferencias bancarias que debían ser autorizadas por los jueces. Pero el sistema no alcanzo a tomar vuelo y ya hubo robos: se detectaron transferencias de dinero a cuentas particulares que nada tenían que ver con los pleitos.
En un primer momento se sospechó de empleados judiciales, pero no descartan que haya "hackers" que hayan logrado vulnerar el sistema y efectuar esas transferencias. La estafa fue detectada por un juez, quien informó al Banco Nación sobre lo que pasaba. La primera reacción fue bloquear el sistema. Ante la noticia la Suprema Corte hizo la denuncia en la fiscalía especial. La estafa se produjo en la Segunda Cámara Laboral, que está a cargo del juez Julio Gómez, hijo del juez de la Corte. El propio camarista fue quien detectó el problema y lo informó.
Según aseguraron fuentes de la investigación, la estafa fue concretada. Es decir que hubo trasferencias concretadas. Las que fueron detectadas son por montos chicos, menores a 10 mil pesos. Sin embargo, sospechan que hay otras operaciones no detectadas y por ahora no se sabe el monto real del fraude. Por eso ahora chequean uno por uno todas las transferencias.
Empleados corruptos o un "hacker"
Cuando se resuelve un litigio laboral y se acuerda el pago de un monto de dinero entra las partes, interviene la justicia como medio: quien paga le entrega el dinero a la cámara laboral y ésta es quien efectúa el pago a la parte "actora". La Suprema Corte había autorizado que las cámaras laborales realizaran transferencias electrónicas en esas operaciones para evitar el manejo de cheques y hacerlo más ágil. Las transferencias se hacían con una clave que manejaban los jueces y sus secretarios.
El sistema duró un par de meses: en la Segunda Cámara detectaron que había pagos a "beneficiarios apócrifos". El alerta surgió cuando el juez Gómez detectó una transferencia "no aprobada" correctamente. Esa operación se suspendió, pero se hallaron otras dos que sí se habían concretado. Los montos eran menores, pero hicieron tirar abajo la confianza en el sistema. Por eso en paralelo se iniciaron dos caminos. Por un lado se denunció el caso en la justicia penal y, por otro, comenzó una investigación administrativa. Según explicó el juez Gómez, ahora quedó todo en manos de los investigadores. "El juez tiene que aprobar la trasferencia una vez que está armada. Cuando encontré una que no correspondía la rechacé. Inmediatamente le di vista a la Corte y fui al Banco personalmente", dijo Gómez.
El caso lo investiga el fiscal Santiago Garay.
La primera sospecha fue que alguien usó la clave desde el edificio de Tribunales para hacer las transferencias fraudulentas. Las dudas se posaron sobre el propio juez Gómez y sus secretarios y auxiliares. Pero no hay acusados formales aún porque los investigadores tienen otra hipótesis además: que alguien desde "afuera" del Poder Judicial haya vulnerado el sistema de seguridad informático. "No sabemos si fueron los empleados judiciales o un hacker. Se está investigando en esos dos sentidos", explicaron.
Mientras tanto, en el Poder Judicial hay bronca porque volvieron atrás con el mecanismo de pago y cobro de los juicios laborales: los cheques y el papeleo.