Empujan al Jury a decidir el destino del fiscal Sidoti

El procurador de la Corte, Alejandro Gullé, devolvió rápido la pelota al Jury en el caso del fiscal Fabricio Sidoti. Ese organismo había suspendido el proceso por 60 días hasta que se expidiera el jefe de los fiscales acerca de la conducta de Sidotti. Pero apenas cinco días después, como había anticipado MDZ, Gullé respondió que no le corresponde intervenir y el caso volvió a quedar en manos del organismo colegiado que analiza la conducta de los magistrados. 

De esta manera, el Procurador actuó en consonancia con las críticas del gobernador Alfredo Cornejo, quien había reaccionado con ira ante la decisión del Jury de dilatar la decisión respecto del fiscal que omitió detener al padre de Ayelén Arroyo (19 años), la joven que había denunciado a su progenitor y, a pesar de ello, no pudo evitar convertirse en otra víctima de la violencia de género en Mendoza.

Festejos en el Gobierno

En el Gobierno, naturalmente, festejaron la rapidez con la que actuó Gullé. Ahora, al órgano compuesto por legisladores y miembros de la Corte no le quedaría otra que votar por la continuidad o no del proceso de mal desempeño contra Sidoti.

El Poder Ejecutivo se había hecho cargo de la denuncia contra el fiscal y los legisladores radicales del Jury habían acompañado la decisión con sus votos, pero la suspensión tuvo más votos. Se inclinaron por esa posición los miembros de la Corte y los legisladores peronistas, a pesar de que una parte del PJ apoyaba la denuncia de Cornejo.

Según se resaltó desde el Gobierno, la intervención de Gullé podía representar una pre opinión del procurador en caso de que prosperara el Jury, ya que si se realiza un juicio oral por mal desempeño, le tocaría jugar el rol de fiscal y sostener la acusación.

Eso es lo que ahora tendrá que someter a votación el Jury. Si se lo considera responsable de las acusaciones, será suspendido y sometido a juicio; en caso contrario, la causa se archivará.

Una década de tranquilidad

La polémica por Sidoti recalentó la última reunión del Jury, ya que la suspensión o el rechazo de las denuncias ha marcado al organismo a la hora decidir la suerte de magistrados.

Así ha ocurrido este año en casos como las de los fiscales Daniel Carniello y Juan Manuel Bancalari, entre otros. Otra causa menos conocida, pero que el oficialismo considera emblemática, es la de camarista Ana María Salas, a quien directamente ni se lo corrió vista de la denuncia (primer paso de una investigación), a pesar de que el Jury tenía el respaldo del Colegio de Abogados.

La pésima estadística del Jury indica que desde 2006 no expulsa a un solo funcionario judicial. Se trata del caso del fiscal Alberto Camargo, quien había ordenado allanar la Legislatura bajo la sospecha de que existieron irregularidades en una votación sobre la indexación salarial automática de los magistrados.

Con estos datos en la mano, el Gobierno analiza esta semana la posibilidad de reflotar un proyecto que tiene sanción de la Cámara de Diputados y que impone sanciones intermedias a la remoción para las personas que cometan irregularidades. Sin embargo, la decisión de desarchivar ese proyecto no está tomada, en parte porque en el Ejecutivo creen que debe ser la propia Corte la que asuma esas responsabilidades.

Tras ir y venir en esas consideraciones, por ahora, el camino sigue siendo el mismo: acusar a los funcionarios judiciales cuestionados y confiar en el criterio del Jury.

Así ocurrió hoy con la denuncia que le hizo el mismo Gullé a la fiscal Anabel Orozco, quien viajó de vacaciones a Brasil a pesar de que se encontraba de licencia por problemas de salud.

Gullé acusó a Orozco por desorden de conducta y comisión de delito. Por su parte, el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, tiene preparado su propio pedido de Jury, que sumará al del procurador en el caso de que agregue algún elemento.

La denuncia de Gullé se agrega a un proceso penal, que está en manos de la fiscal María Mercedes Moya. Allí la fiscal Orozco fue imputada por fraude al Estado y utilización de instrumento falso, en alusión al certificado médico que la funcionaria judicial utilizó casi como un ticket para viajar a Florianópolis.