Paritarias y bono, aún sin definición
El gobierno de Alfredo Cornejo no logra definir los dos temas con sus empleados estatales que, según estaba previsto, terminarían anunciándose luego de la sanción de la ley de Presupuesto.
Si bien esta semana la pauta de gastos 2017 será aprobada en el Senado tras el acuerdo que brindó el peronismo, se demorarán hasta comenzado diciembre, al menos, por un lado la convocatoria a discutir en paritarias los aumentos salariales para el año próximo.
Y sobre todo, lo que más esperan los empleados públicos, el bono de fin de año.
Sobre este último tema algo pasó en octubre. La caída de la recaudación provincial hizo frenar el anuncio de un plus salarial para las fiestas que el propio gobernador había definido como "una pequeña ayuda".
El ministerio de Hacienda esperará a cerrar con la ATM los números de los ingresos por impuestos de noviembre para definir qué hacer, bajo dos aspectos que ya están claros.
El primero: con la baja de la recaudación, el bono de fin de año se pagará sobre el aumento del déficit.
Y lo otro. El cuadro se agrava con la ratificación del gobierno de Mauricio Macri de que no asistirá a las provincias para este fin.
El viernes estuvo en Mendoza el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, y Cornejo lo sondeó sobre la posibilidad de algún tipo de ayuda crediticia.
Más allá de la afinidad política actual, el Nación sigue siendo un banco. Y Mendoza uno de sus clientes más pedidores: solo para pagar salarios, en el último año ya le prestó a la provincia $4.400 millones.
El llamado de apertura de paritarias, está más complicado aún. Hay un dato que ya está más o menos claro: la oferta de incremento salarial partirá del 17%, que es el índice de inflación pautado en el Presupuesto, y además se insistirá con la postura de que, si bien este año los salarios estatales perderán la carrera contra la inflación por alrededor de 10 puntos, en los últimos tres acuerdos salariales ganaron.
En 2013, según estimaciones del SUTE, por un 5%, en 2014 por un 11% y en 2015 por un 8%.
Las internas en los dos principales gremios, ATE y el SUTE, hacen que por ahora el Gobierno no tenga un referente claro con quien negociar. Y, sobre todo, con quien terminar cerrando la paritaria en caso de llegar a un acuerdo.
A los problemas que atraviesan Roberto Macho y Raquel Blas en ATE, escándalo que explotó en público, se le agrega la lucha que ya se desató entre Adrián Mateluna y Liliana Chávez en el sindicato docente de cara a la renovación de autoridades del año que viene.
La paritaria con los maestros tiene dos trabas más que no le permiten arrancar. Por un lado existe un componente central que es el Fondo de Incentivo Docente que la Nación no enviará hasta 2017 y las definiciones que se demoraron acerca de la inconstitucionalidad del ítem aula planteado por el SUTE ante la Suprema Corte.
La discusión judicial del ítem aula ronda en torno a resolver si fue constitucional o no que el Gobierno diera el incentivo por decreto. Esta medida se tomó luego de que el Poder Ejecutivo diera por fracasada la negociación paritaria con el gremio docente.
La controversia llegó a tribunales bajo la forma de tres expedientes. La "causa madre" es la que enfrenta al Gobierno y al SUTE, pero también hay un expediente generado por el reclamo de una docente que no recibía el ítem.
La cautelar de esta persona quedó sin efecto, debido a que el segundo decreto de Cornejo, que estableció una ampliación del ítem aula, la abarcó dentro del beneficio. Sólo se debe resolver la cuestión de fondo, en ese caso.
El tercer expediente corresponde al gremio de los docentes privados (SADOP), aunque la resolución del conflicto judicial depende más que nada de la causa principal.
Un dato no menor del caso es que la decisión recaerá en la sala de la Corte sobre cuyo funcionamiento se ha generado toda una polémica en estos días.
Se trata de la sala Penal y Laboral, la cual desde el 1 de diciembre contará entre sus miembros al nuevo ministro, José Valerio.
Junto a Valerio (remplazante de Herman Salvini, quien se jubiló), el fallo recaerá en manos de los ministros Mario Adaro y Omar Palermo.
La sala apuntaba a tener definido este conflicto este mes, pero ante los planteos gremiales por audiencias de presentación de pruebas todo podría pasar para el próximo.
El gobierno insistirá, desde mañana, en acelerar el proceso para que la Corte pueda emitir una sentencia antes de fines de diciembre.