En San Martín se demora el pago de sueldos
San Martín es noticia en estos días por la particular idea de su intendente, Jorge Giménez, de instalar 200 banderas en la avenida principal para festejar el bicentenario del departamento. Sin embargo, más allá de esta polémica, los verdaderos problemas de Giménez pasan por otro lado: no alcanza la plata para pagar los sueldos.
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Las demoras no son nuevas, sino que hace meses que se desdobla o hay tardanzas en la liquidación de salarios. Según admitió anoche el presidente del Concejo Deliberante, Bartolomé Robles, este mes han cobrado sus salarios los empleados permanentes y contratados (más de 1.200), pero no los funcionarios y concejales, es decir, todo el personal fuera de escala, que cobraría recién el viernes.
Los inconvenientes en el departamento del Este generan preocupación en el Poder Ejecutivo. En ese ámbito señalan que Giménez tiene inconvenientes similares a los del Santa Rosa. Son los dos departamentos con problemas de caja más graves y San Martín el más complicado de los cinco que tienen jefes comunales del PJ.
No obstante, no admiten ese nivel de crisis en San Martín. Según Robles, las demoras se deben a retrasos en los giros de la coparticipación. Otra lectura hacen en el Gobierno. Cerca del gobernador Alfredo Cornejo afirman que Giménez está pagando los sueldos con fondos del financiamiento a largo plazo obtenido por la Provincia y que en estos días ha habido solicitud de ayuda financiera para completar el pago de la nómina salarial.
Hay que recordar que, en junio, el Poder Ejecutivo acordó con los intendentes justicialistas la ratificación legislativa del acuerdo con la ANSES por las retenciones que hacía ese organismo desde los años 90.
El acuerdo con ANSES consistió en una devolución gradual de las retenciones y un crédito a largo plazo de la Nación para la Provincia. Todos los fondos (1.800 millones de pesos para este año) fueron coparticipados con los intendentes, lo que aseguró la llegada a las comunas de unos 340 millones de pesos extras en 2016.
La presión de los intendentes justicialistas consiguió que ese dinero fuera de "libre disponibilidad" y que no estuviera sujeto a la realización de inversiones, como inicialmente planteaba Cornejo. O sea, que con ellos se pudiera pagar sueldos, como necesitaban algunas comunas.
Ya se hablaba entonces de un rojo salarial de 7 millones de pesos en San Martín. En el Ejecutivo se dice que, ahora, el intendente Giménez depende de esos créditos a largo plazo para completar los salarios de todos los meses.
En ese ámbito se traza una similitud entre los problemas financieros que dejó Sergio Salgado, el ex intendente imputado por fraude que está preso, y los que padece San Martín.
La comparación ya provocó un problema político entre radicales y peronistas. El concejal radical de San Martín, Sergio Dubé, se quejó a comienzos de setiembre de la falta de transparencia en el municipio y lanzó una frase que lo dejó al borde del juicio político: "Giménez va a terminar como Salgado".
La relación política entre el intendente peronista y el gobierno radical era muy buena, pero quedó herida desde entonces. Es que Giménez ha devuelto la ayuda financiera del Poder Ejecutivo con presión a los legisladores justicialistas para que colaboren con las leyes de Cornejo.
Lo cierto es que, al margen del análisis político y en términos financieros, el Gobierno considera que sólo se percibe una situación económicamente holgada en dos departamentos peronistas: Maipú y San Rafael.
Atribuye esto a la normalización de los pagos de la coparticipación municipal y al mejoramiento del cobro y recaudación del impuesto automotor, en el cual la proporción del reparto es 70 por ciento para las comunas y 30 por ciento para la Provincia.
Y se prepara para que al menos una parte del peronismo resista o cuestione su plan de bajar impuestos en 2017, por la disminución que ocasionaría en la coparticipación que reciben los intendentes más frágiles frente a la crisis.
